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                Bitácora  "PMM"   Por Pedro Morales Moya

A cuenta de la regulación del mercado laboral, se publican  noticias  varias sobre el alcance de la reforma; casi todas ponen su acento en este punto: el abaratamiento de los despidos. Ya es triste gracia: todos suspirando por crear puestos de trabajo y todos embebidos en cómo mandar a la calle al trabajador que sobra, a bajo precio. Como si lo más importante fuera  darle al futuro parado una ración de “carretera y manta”.

Aumentará el numero parados y por si fuéramos pocos  crecerá esta cifra con la emigración, que no para de llenar calles y plazas de gentes “sin papeles” en demanda de apoyos sociales que  terminan por costar un pico.

Alguien debería advertir a los mandamases de la cosa que el problema a resolver no es el despido,  sino la creación de puestos de trabajo, el pedido de mano de obra. El problema está en saber cómo  dar empleo a más de cinco millones –cifras reales que no estadísticas- de personas; o por lo menos a la mitad de esa cifra para no tener a millones de españoles, y agregados que llegan de fuera, viviendo en la pobreza y limosneando o  dándose a la picaresca y otras artes de mal vivir.

Si uno pregunta por ahí por la causa del paro -más acentuado  en nuestro país respecto a otros del entorno-, le dirán que gran parte de las  empresas españolas no son competitivas, no venden y terminan por cerrar.

La demanda de nuestros productos depende de la lógica relación “calidad – precio”. Ha de reconocerse que, por lo que fuere,  nos dan sopas con honda desde otros países. Como ejemplo reciente, veamos lo que sucede en el sector del espárrago. Los cultivadores navarros de este  producto no podrán colocar gran parte de su cosecha porque los conserveros han reducido la demanda. La competencia de las empresas exportadoras del Perú y de China (algunas en mano de españoles)  está hundiendo a las empresas de acá. Producen y venden más barato, sin duda porque en ambos países los salarios son mucho más bajos. La globalización tiene ventajas e inconvenientes. Los precios, más ventajosos para el consumidor, perjudican al productor español. Puede sucedernos, como ha pasado en otros sectores, que no resulte rentable cosechar espárragos y que se cierren empresas incrementando el paro. A  nada conduce mantener negocios no rentables. Las leyes del mercado, a la larga, suelen ser inexorables. En los años cuarenta del pasado siglo, la profesión de sastre que cortaba a la medida de cada cliente, era un oficio con porvenir para quien lo eligiera; hoy para dar con un maestro sartorial hay que utilizar la lupa.

No olvidemos el hecho principal. Se discute en las altas esferas sobre despidos y esto nos hace sospechar que la manoseada reforma será una parida ratonil poco útil.

Sería más lógico que los “reformistas” examinaran las causas que coartan la iniciativa privada, que estudiaran  las condiciones a establecer para dar rentabilidad a las empresas privadas y que buscaran  emprendedores que pueden hacerlas funcionar con éxito, para ir así  dando trabajo a un buen número  de parados.

Cabe sospechar, por lo que se ve o trasluce, que los encargados de pactar la reforma andan con las anteojeras puestas y así nos va.

Según advierten los expertos, estamos, por lo menos,  ante dos circunstancias adversas:

-          La excesiva liberalidad en el manejo de los fondos públicos por parte de los políticos  de las cinco administraciones que costean los españoles, que a su vez constituyen una excesiva carga para el contribuyente de esta nación.

-           El duro intervencionismo al que se somete por esos mismos políticos al sector empresarial privado que aspira a funcionar  dentro de la ley, no inferior al de tiempos ya superados.

El resultado está a la vista: corruptelas y podredumbre en el sector público y atonía y desinterés en el sector privado, o inclinación a participar y aprovecharse de las obscenidades públicas o a sumergirse en negocios ilícitos que, paradójicamente, están menos controlados que los legales.

Dicen que la prostitución en España mueve unos veinte mil millones de euros; no nos cuenten los que menea la droga y otros negocios fuera de la ley con el apoyo de los paraísos fiscales próximos, de los que ni se habla, vayan a saber por qué.

Las empresas españolas se mueven con demasiadas trabas, excesivas declaraciones, numerosos controles.  Hasta las han convertido en recaudadoras de fondos públicos. Las retenciones de sus trabajadores caen bajo su responsabilidad y esto tiene un precio. Lo recaudado se ha de ingresar puntualmente en las arcas públicas so pena de incurrir en delito. 

Es decir que si no empezamos por ordenar el gasto y controlarlo disciplinadamente en el sector público y por liberalizar al sector privado, esto del paro seguirá siendo un mal crónico al que tendremos que acostumbrarnos

Prosperarán los políticos corruptos y conmilitones anejos, como se ve con frecuencia y pasmo. Cuando los pillan, nadie devuelve lo sisado. Ahí andan, para más inri, solicitados por medios de información poderosos, para que cuenten  sus aventuras  y –piensa más de uno-  haciendo prosélitos.

Nos cuentan que en los EE.UU. no hay dificultades mayores para abrir una empresa. Pues bien, aquí en España prueben y verán: deberán pasar por filtros del municipio, de la provincia, de la comunidad autónoma y del poder central; cada uno por causas diferentes. Eso antes de levantar la persiana.

Imaginemos por un momento que desde una sola oficina oficial le dijeran al emprendedor: usted inicie la actividad con la que sueña hacerse rico; sólo ha de cumplir unos mínimos requisitos básicos para lo cual cuente con nuestra ayuda. En cuanto  a las demás obligaciones, no se preocupe;  ya  las iremos resolviendo con el mínimo coste,  para que el señor empresario  sólo se dedique a que el negocio marche,  gane dinero  y pueda crear empleo. ¡Claro que esto es un sueño de una noche de verano! 

Pero lo que no es un sueño  ¡y la cosa tiene bemoles! es que para activar empresas y darles aire, empiecen por hablar de cómo despedir a los trabajadores que sobran, al menor costo.  O que, como reza el titular de  un conocido diario, “El Gobierno estudie cómo simplificar el trámite para que las condiciones pactadas en la negociación colectiva, no se apliquen a las empresas en dificultades”. Una intervención más, ahora para burlar lo convenido, cuando lo propio es acabar con las negociaciones colectivas e ir a convenir las condiciones de trabajo empresa por empresa, estén o no en dificultades.

Con las anteojeras puestas o con los ojos vendados sólo se puede ir, como los caballos de la pica, a una muerte piadosa e ignorada o a un milagro.

Bien dicen que las recetas socialistas sólo sirven para repartir pobreza entre la muchedumbre, dejando a salvo a unos pocos;  normalmente a los que se encargan del reparto.

Ahora resulta que votar en contra de un decreto ley a todas luces injusto, supone caer en un pecado de lesa patria. Los que se autoproclaman “progresistas” y parlan en tertulias varias, lo repiten hasta la saciedad: “solo un antipatriota como Rajoy, ambicioso de poder, puede hacer algo así. Pospone los intereses patrios preocupado como está por ganar unas elecciones”.

La lógica, unida al sentido común, nos inclina a reconsiderar los hechos. Y parto para este ejercicio de dos realidades que están a la vista de quienquiera abrir los ojos.

1º: La crisis económica tiene en España características propias, debido  a los errores, muy graves, cometidos por el Gobierno que rige los destinos patrios desde hace seis años largos.

2º: Somos una nación donde las ideas separatistas de los nacionalismos catalán y vasco han prosperado de hecho y han generado una respuesta de emulación insolidaria en las demás comunidades autónomas. Esta crisis, aún pendiente de ser cerrada, crea grandes incertidumbres políticas y su coste está por calcular.

Cuando quienes defienden la gestión de Rodríguez  Zapatero  hablan de patriotismo, deberían examinar desapasionadamente, por ejemplo, los  efectos derivados de su ligereza al anunciar, que respetaría el proyecto de Estatut que aprobaran los catalanes. Así, sin más ni más.

Y aunque luego se establecieron algunas correcciones, no puede negarse el lado negativo que para la crisis económica tiene la recientemente aprobada financiación autonómica, consecuencia de aquella ligereza.

Ni  fue un acto precisamente patriótico  la concesión que apoyó el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, cuando abrió la polémica –que no está cerrada- sobre varios puntos delicados, entre ellos el de reconocer como nación a Cataluña en el BOE, con las consecuencias independentistas que de este hecho dimanan.

Los expertos nos vienen avisando que España no puede soportar la estructura autonómica que nos hemos dado, por los costos económicos que supone: Muchos parlamentos, demasiadas consejerías, excesiva burocracia, gasto público incontrolado, embajadas, automóviles, viajes…

El propio Presidente Rodríguez Zapatero, para librarse de responsabilidades, suele anunciarlo a bombo y platillo: “Esta competencia está transferida” dando a entender que el Gobierno de España no tiene capacidad para enderezar entuertos en tal materia. ¡Y se queda tan ancho!

Examínese lo patriota que es un Gobierno que admite de hecho que no puede frenar los excesos autonómicos (véase la postergación del idioma español en la enseñanza, en los usos oficiales y en el comercio en Cataluña); o que sigue como un corderillo los dictados que le llegan de fuera en materia económica, improvisando medidas que al final repercuten en la gran masa de contribuyentes controlados por nómina; o que no sabe defender el uso de las aguas territoriales como sucede en Gibraltar...

Todos los expertos han venido aconsejando, al igual que algunos políticos en el Parlamento y simple sentido común, que  hay que estudiar y formular un plan integral de medidas contra la crisis y no actuar con ideas improvisadas, al margen de un proyecto articulado. Pues no: el Gobierno se margina, hace la suya y luego pide tiempo y agua.

Rajoy ha dado apoyos importantes a este Gobierno a cambio de nada, cosa que nunca hicieron los grupos nacionalistas que siempre cobraron un precio por sus ayudas. Al margen del plan antiterrorista, que el PP  defendió incluso frente a numerosas opiniones en contra, se solidarizó con el Gobierno cuando éste acordó la ruptura de las negociaciones con ETA; actuó con responsabilidad y sin beneficio electoral alguno. Además, el PP apoyó al Gobierno al avalar a las entidades financieras en uno de los momentos más graves de la crisis. Y bien recientemente, sin darle importancia ni publicidad,  volvió a identificarse  con la decisión gubernamental de conceder un préstamo a Grecia que no era moco de pavo. Podrían espigarse otras ayudas, pero para muestra bastan esos tres botones.

Ha hecho muy bien el PP al votar en contra del decreto ley que persigue a funcionarios y pensionistas. Ha sido un acto de justicia.

El problema que tiene España es grave, y el Sr. Rodríguez Zapatero  ha dado muestras sobradas de su incapacidad para resolver nada; es más ha creado, y aún puede crear de nuevo, problemas marginales con los que distraer la atención del pueblo; problemas que no solo retrasan las soluciones de de la crisis, sino que además dividen a los españoles. Otra prueba de su patriotismo.

El PSOE que nos mal gobierna, tiene en sus filas gente sensata, capaz de abordar el  problema de la crisis, dispuesta a asesorarse y a negociar un plan integral de medidas con las demás fuerzas políticas. No hacen falta  elecciones adelantadas. Basta con sustituir a un Presidente y a un Gobierno que no se merecen la confianza que en ellos  depositaron once millones de españoles.

¡Ahí está el que no hace mucho, a la menor ocasión, echaba en cara al PP el “decretazo” por una meditada congelación de salarios y, ahora, no es capaz de dimitir antes de tener que rebajárselos al mismo colectivo con una decisión a todas luces improvisada e inútil!

Una vergüenza para todos.

En 1932, 28 de noviembre, Don Miguel Unamuno y Jugo, que tanto luchó contra la Dictadura de Primo de Rivera y por la implantación de la segunda República, pronunció un polémico discurso en el Ateneo (Madrid) en el que con visión certera, cincuenta años antes de que empezaran a funcionar los regímenes autonómicos, anunció lo que podía suceder:

“El autonomismo cuesta caro y sirve para colocar a los amigos de los caciques regionales. Habrá más funcionarios provinciales, más funcionarios municipales, habrá  un parlamento y un parlamentito. Es decir, existirá una enorme burocracia que contará, además, con el asilo de un Estado federal.”

Lo decía Unamuno cuando estaba naciendo la autonomía catalana de los años treinta: ¿qué podría pensar hoy, si viviera,  al ver el funcionamiento de diecisiete parlamentitos, unidos a medio centenar sobrepasado de Diputaciones y a miles de Ayuntamientos  dispuestos, todos,  a tirar de cartera como si el dinero cayera del cielo, tal que un maná, y no fuera aportado por el sufrido contribuyente?

Según el estudio realizado por la fundación Progreso y Democracia, las comunidades autónomas españolas despilfarran 26.000 millones de euros al año. El volumen de las administraciones autonómicas sigue creciendo y los autores del informe aludido consideran “que es inconcebible que hasta ahora no se haya hecho ningún estudio para analizar el funcionamiento autonómico”. Se deduce que este gasto  ha de ser racionalizado y que hace falta una gran reforma de la administración autonómica.

Pues bien, el Gobierno de España, sin pensar en un sistema organizado y polifacético de ahorro, al que se le impulsa desde distintos sectores, ha preferido aplicar  recetas de austeridad a los funcionarios públicos, a los pensionistas y a gentes de su condición, mientras consiente y tolera  que se despilfarren miles de millares de euros, no sólo por las comunidades autónomas, sino por la propia administración central. Al mismo tiempo nos quieren vender la idea de que su comportamiento errático y contradictorio es bueno e idóneo, sosteniendo esta peregrina enunciación: “No he cambiado yo, (el Presidente) han sido las circunstancias”.

La indigencia intelectual de este  personaje es digna de estudio. Justificar sus desaciertos  cargando las culpas al empedrado y afirmar con voz tonante que la oposición carece de inquietudes sociales, es una prueba de la ignorancia con la que se entrega a resolver los problemas derivados de la crisis.

Porque hablando de “circunstancias”, es previsible que se produzcan incendios y los políticos avisados cuenten con su parque de bomberos  para sofocarlos; o que caiga un pedrisco y para sufragar las pérdidas existan compañías de seguros paliativas de la desgracia. Pues bien, el caso del Sr. Rodríguez Zapatero, que pasará a la historia, servirá de ejemplo para exponer a los estudiosos de temas sociales,  lo que no debe hacerse en casos de crisis  como la que nos ocupa. Lo normal, ante los primeros síntomas del mal, es reconocerlo, analizarlo y estudiar su gravedad para de inmediato adoptar las  medidas cautelares que procedan.

El Sr. Rodríguez Zapatero negó la crisis y presumió de una España financieramente libre de peligros. Nunca quiso adoptar, cuando todos los expertos se lo aconsejaban, las medidas que pudieron haber frenado el impacto del “sunami”. Y así nos va.

Zapatero ha sido un simple remendón… Si aparecía un siete en la piel del zapato, le aplicaba un parche; si era un agujero en la suela, allí iba con su remiendo; si fallaban las costuras, la solución estaba en pegar un petacho. Al final el calzado hacía aguas y se mostraba inservible.

Puede advertirse que ante cualquier dificultad, nunca ha querido el Sr. Rodríguez Zapatero estudiar sinceramente una reforma armónica del sector afectado: por ejemplo del mercado laboral, o de la administración del Estado, incluyendo las autonomías y municipios, o del plan energético, o de las corrientes inmigratorias… Todas sus iniciativas se han dirigido, no a resolver verdaderos problemas nacionales, sino a contentar a grupos que le son afines y le corean sus ocurrencias. Ahí están un cierto número de leyes que ya me dirán: el aborto convertido en derecho, los matrimonios entre heterosexuales como gran logro social, la asignatura pro ciudadanía para fomentar sus ideas y no otra cosa y alguna más por el estilo.

Todo lo demás, en esencia, han sido remiendos. Así, algunos de sus ministros, por huir del disparate, venían anhelando su cese como tabla de salvación; otros hacían el ridículo contradiciéndose o soltando ambigüedades cuando eran entrevistados por cualquier contingencia. El fiel ministro de Fomento ha optado por seguir la vía de un  optimismo injustificado y por  cargar las culpas a la oposición,  como única forma de capear el temporal.

Al final nuestro “ínclito” Presidente se ha encontrado con que hasta los chinos, después de los europeos y del americano, le han dicho:  reparas este desaguisado como es debido o te echamos a las tinieblas.

¿Y qué podemos esperar  del Sr. Rodríguez Zapatero? Otros parches añadidos  que ahora los quiere aplicar en nombre de la Patria y pidiendo a todos heroicos sacrificios (a todos menos a los ricos, porque tiene miedo a que se vayan con sus dineros a patrias más acogedoras).

Parece llegado el momento de que desde su propio partido, le indiquen al Sr. ZP que anda errado; que no solamente esta aplicando la austeridad a los que menos culpa tienen, sino que por ser un remiendo más, va a servir para bien poco. El peligro que corremos es un futuro hipotecado.

Don José Luis puede incluso dejar dividido  a su propio partido. Debe de advertirse que  sus últimas medidas anticrisis desdicen los principios sociales del PSOE. Este ha sido el único gobierno socialista que ha castigado sin necesidad a  mayorías que habían puesto las esperanzas en mejoras prometidas por el mismo que ahora se las ha cargado de un plumazo.

Naturalmente, esto tendrá próxima respuesta. El que la hace la paga porque el daño no se olvida. Y un PSOE castigado electoralmente y flanqueado por otros dos partidos nacionales de izquierdas que van a subir,  quedará para el arrastre. Creo no equivocarme y en algo saldremos ganando: el partido de izquierdas que suba no volverá a cometer los errores de este remendón. Nunca se pudo pensar que un partido de la entidad del PSOE pudiera disparatar como lo ha hecho en los seis últimos años.

¿La gallina o el huev0? ¿La crisis económica de España agravada por una previa crisis política, o, al revés, el desbarajuste político como secuela del desnorte económico propiciado por el gobierno zapateril vigente?

Al fin tanto da: el caso es que los españoles estamos pasando por una crisis política añadida a la económica. Y el caso es, también, que de esta crisis dimana un estado de debilidad que incapacita al Gobierno para la toma acertada de decisiones.

Un Gobierno débil suele inclinarse a jugar de farol sin medir las consecuencias; presume de tener entre manos una buena jugada, no advierte que sus contrincantes le han descubierto el “bluff” y se expone –nos expone- a dar con los hocicos en tierra.

El señor Rodríguez Zapatero, con su hazaña de permanecer sentado al paso de la bandera gringa, nos dio un aviso: era un ser carente de las cualidades mínimas exigibles a un gobernante.

Se confirmó el diagnóstico cuando a bote pronto prometió, a los catalanistas radicalizados de su propia cuerda, apoyar el Estatut que pudiere aprobarse por las instituciones catalanas. Así estamos ahora haciendo el ridículo y perdiendo tiempos y dineros con el documento empantanado en el Tribunal Constitucional.

Vamos a eludir la cita de otros episodios en aras de la brevedad, pero bastaría examinar la conducta del Gobierno de ZP en cada fase previa a la aprobación de los presupuestos del Estado: desde la debilidad, ese Gobierno ha tenido que ir pidiendo árnica a los partidos bisagra nacionalistas insolidarios, a costes que no tenían por qué cargarse sobre los lomos de  una mayoría abrumadora de españoles.

En suma, en vez de haberse puesto de acuerdo con el principal partido de la oposición para en media docena de asuntos fundamentales no depender de terceros egoístas, el Sr. Rodríguez Zapatero optó por aislar al PP, por no contar con la representación de más de diez millones de españoles, para buscar consuelo en fuerzas políticas muy minoritarias pero muy exigentes, una vez conocida la debilidad del interlocutor.

¿Y ahora qué?

Por si fuéramos pocos, desde Marruecos, especializados en olfatear las debilidades españolas (recuérdese la “marcha verde”), han pedido diálogo para que España se desprenda de las “ciudades ocupadas” de Ceuta  y Melilla.

La clase mediática, absorta en la crisis económica, apenas si ha dedicado tiempo y espacio a esta demanda marroquí. Pero se le dé o no importancia, el conflicto está servido y que no piense ZP, reconvertido americanista, que Obama le va a resolver el problema “gratis et amore”; ni que Europa se va a mojar con la que está cayendo. Este es un problema de españoles y para españoles. Por tanto, ya debe entender nuestro Gobierno que esto solo interesa a los votantes del PP y del PSOE y quizás a los que, aun sin votar, se sienten españoles; por supuesto, el suceso producirá alegría entre los separatismos patrios.

El Gobierno marroquí, juega con ventaja y lo sabe de sobra. Si el Gobierno español no cede, ha de medir bien el coste de la resistencia. Y por si éramos pocos la abuela se nos ha puesto a parir cuando subíamos por la escalera.

Es muy sencillo: basta con que los emigrantes que llegan hasta Maruecos sepan (y previamente se habrá hecho correr la voz) que las autoridades marroquíes mirarán para otro lado cuando les de por asaltar las alambradas que impiden el paso a Ceuta o Melilla. Habrá que detenerlos usando de medios violentos o aceptarlos por decenas de millares. En el primer caso, no es difícil imaginar la reacción mundial de los progresistas de izquierdas. En el segundo habrá que soportar esa inmigración masiva a un coste moral y material de difícil cálculo.

Esta previsión procede tenerla en cuenta como mal menor.

Unida a otras actuaciones, en las que puede influir el millón de marroquíes residenciados en España, ¡ya nos dirán! Todo lo expuesto, para un gobierno fuerte es un problema grave. Para un gobierno débil el acabose.

Habrá que apelar a los españoles más prudentes de todos los partidos, para que se pongan a pensar en la que nos ha caído encima y en cómo solucionar este problema.

El vocablo “gracia” tiene varias y singulares acepciones una de las cuales hace referencia a la concesión de un favor o don gratuito. Ejemplo: hágame la gracia de echarme una mano. Otra acepción alude a la manera desenvuelta de hacer algo. Ejemplo: tiene gracia que el adalid de la justicia social (o sea ZP) haya hecho víctimas de sus errores a funcionarios y pensionistas con la despreocupación y la soltura de un mono, sin avergonzarse ni pensar en dimitir.

También tiene gracia el hecho o dicho que divierte o hace reír. Mi abuela materna, de familia carlista, se desternillaba viendo la cara de disgusto de su padre, cuando afirmaba que ella era liberal y a mucha honra. Algo así como el asombro reflejado en el rostro de funcionarios y pensionistas que votaron al PSOE creyendo ver en Zapatero al apóstol redentor de sus penurias.

Para más inri, cuando Rajoy anuncia al Gobierno que nos arruina, que no cuente con el voto del PP si antes no se efectúan supresiones o rebajas de otros gastos que señaló a título indicativo, se le responde por conmilitones o corifeos de Zapatero: nada se resuelve con esa propuesta, ya que esos gastos son el chocolate del loro.

Chocolate o no, lo que revela esa respuesta es la necedad de los que dirigen los negocios públicos de este país, hasta no hace mucho conocido por España y hoy llamado Estado.

Rajoy se refería a gastos y subvenciones generados por gracia de los mandamases, que pueden ser reducidos o suprimidos sin que por ello se altere la buena marcha de los negocios del Estado. No era cosa de cantidad; se trataba de actuar con criterios de equidad, sin la que no hay  justicia posible.

El pensionista ha cumplido antes con las imposiciones dimanadas de la ley, ha pagado sus cuotas y, en contrapartida, ha generado un derecho. Derecho que no  puede alterarse en justicia, sin haber revisado otras partidas otorgadas por gracia, cuando no por capricho de los gobernantes. Ahí está, otro ejemplo,  el caso del Senado y los idiomas patrios: ¿puede alguien pensar que es justo privar de la cantidad que fuere a un pensionista, mientras se discute y está en vías de aprobarse la babel que tratan de montar en el Senado al costo que fuere?

El desaguisado que por los errores del Gobierno  ha llevado al paro a millones de personas en el sector privado, lo quieren ahora extender al sector público. Y bien, si se empieza por mermar un derecho por pequeño que fuere al funcionario, nadie puede asegurar que a la menor ocasión no inicien la práctica del despido.

Lo peor de todo es cómo nos venden esta mercancía averiada. Justifican la merma salarial en trance de ser impuesta a los funcionarios, como compensación del trabajo estable que disfrutan; esto –dicen- les obliga a dar muestras de solidaridad con quienes están sin trabajo. Semejante aberración la venden como un acto de justicia y la califican como acierto  del Presidente Zapatero para reducir el déficit. Se ve que nada les importa el quebrantamiento de un derecho, ganado muchas veces en duras oposiciones, a cambio del cual prestan un trabajo bien hecho,  mientras no se demuestre lo contrario.

¿Por qué confundir gracia y justicia?

Antes de tocar un céntimo de  estos funcionarios, -es lo justo- deberían reducirse los gastos causados por  prestaciones provenientes de esa gracia libérrima de nuestros gobernantes.  Es de justicia revisar:

-El número de asesores que ocupan cargos de confianza.

-Los ministerios y otros organismos que están de más.

-Las subvenciones otorgadas a entidades diversas y organismos privados. 

-Los coches oficiales al servicio de  personajes y personajillos políticos.

-Los viajes de aquí para allá de numerosas comisiones con pretextos no muy justificados.

-Las pseudo embajadas de las comunidades autónomas que pueden integrarse en las propias del Estado.

-Los informes solicitados a expertos ajenos, susceptibles de ser evacuados por los  de la Administración.

-Otras muchas tareas que pueden realizarse por los funcionarios del Estado, de las Comunidades autónomas y de los Municipios, en vez de gastar fuera ese que llaman el chocolate del loro.

¿Chocolate del loro? Si fuera uno solo el loro, todavía. Pero ¿cuantos loros viven amarrados al paraguas protector del Estado? ¿No podrían ser puestos en libertad para que se buscaran el chocolatito en la pura naturaleza de la que no debieron ser separados?

No hace falta ser muy listo para convenir que al conjunto de los órganos de la Administración de España le hace falta una cura de austeridad, tal y como se aplica en muchas familias. Esa cura empezaría por erradicar de esos órganos todos los gastos superfluos, como por ejemplo el proyectado por nuestros ilustres senadores a cuenta de los idiomas patrios. Si se sumaran superfluidades y fueran extirpadas de raíz, acabaríamos con el déficit  en menos de tres años.

En fin: es fácil demostrar que pese a las felicitaciones del  presidente Obama a nuestro señor ZP -al que pacientemente padecemos- por las medidas anunciadas para sacarnos de la crisis, ¡vamos servidos! Ya que las tales medidas,   además de ser injustas nos pueden llevar a otro fracaso, con el que se terminaría  de arruinar a todos los españoles.

Para constancia general, procede advertir que un buen político, si  pretende  resolver el déficit, además de reducir los gastos por la eliminación de lo superfluo, debería  pensar en aumentar los ingresos del Estado.  Y en ese terreno, hay mucho que labrar.

Lo primero y más justo: la busca y captura de los dineros que no se ingresan en el erario por los defraudadores fiscales. ¿Por qué existe tanto dinero negro? Pues muy sencillo: porque la Administración no se ha organizado para perseguir con eficacia a los que nos defraudan, por aquello de que “Hacienda somos todos”. Sabiendo esto, ¿cómo se puede perseguir por el Estado a sus funcionarios, a los que en buena ley debería dárseles organización y medios  para evitar el desafuero del fraude generalizado? Porque, la verdad, se defrauda a mansalva, unos por la cara y  otros mediante la llamada ingeniería fiscal. Y nuestros gobernantes ¡a verlas venir!

Esto aparte, tampoco hacemos cuentas con los dineros que desde España van a los paraísos fiscales. Una Administración que le baila el agua por ejemplo al Reino Unido,  pese al paraíso fiscal que se mantiene montado en Gibraltar, carece de fuerza moral para pedir  nada a sus más fieles contribuyentes. Fieles contribuyentes son los trabajadores  de a pie, a los que ahora se quiere castigar; es decir todos los que cobran por nómina, pagan con la puntualidad de un suizo e incluso adelantan dinero al Estado cuando este les retiene sus aportaciones mensuales. ¿Qué se hace con quienes llevan sus dineros a esos refugios paradisíacos y para más escarnio vienen a jugar al golf y a tocarse los caireles  en la tonta España? ¡Vergüenza debería darles al  Gobierno y sus secuaces esta de tomadura de pelo!

Cristina la vieja, es decir la viuda de Fernando VII cuando iba de regente, a la vista del rentable contrabando  de Gibraltar  montó de tapadillo un  chiringuito en la costa andaluza para traficar con el tabaco. Los negocios de la colonia se resintieron. Aquello no podía resistir el imperio de la ley, pero lo gibraltareños por si acaso, le dieron una fuerte indemnización a Doña Cristina para que desmontara la barraca. ¿Por qué el Gobierno no autoriza (o mira para otro lado mientras lo controla) el montaje de un paraíso fiscal en la isla Cabrera por ejemplo.

¡Qué sandez! Podrá decir más de uno. Sin embargo, a la vista está: lo que es ilegal para los españoles, es perfectamente legal para los británicos. ¿Qué gobernantes tenemos?

Esa abuela mía liberal, a estas alturas, ya habría dicho: Zapatero como político es un fracaso; lo mejor que puede hacer es irse a  casa: no vale para sacarnos de la tempestad en que estamos metidos.

Ayer (12-o5-10) el Presidente del Gobierno no tuvo reparo alguno en mantener “diego” donde antes afirmaba con voz potente “digo”. Con un par, como si los españoles fueran tontos; y si no lo fueren, teniéndolos por tales: Esa es la lección que  dio a todos aquellos  que ven a este político como un ser puesto al servicio de los contribuyentes.

Nunca jamás -nos tenía dicho el ínclito Don José Luis- daría un paso atrás, nunca consentiría que se mermara ni uno de los avances sociales logrados en favor del pueblo llano trabajador.

¡Ahí lo tienen! Sin perder la sonrisa -ciscándose en toda su teoría, pasándose por la entrepierna el programa que prometió cumplir a sus electores- ha puesto la solución de todos los problemas, fruto de su inepcia, en rascar el bolsillo a  tres millones de funcionarios  públicos y a  seis millones de pensionistas.

Cuando, tras la guerra, estábamos a pan y agua y el régimen totalitario nos pedía el sacrificio de vivir miserablemente para con el esfuerzo de todos salir adelante, millones de españoles sufrimos lo indecible para aprender dos cosas: una, que mejorar de condición exige muchos años de esfuerzo; otra, que puestos a tirar de cartera, todo se va al carajo en un par de años. El par de años que ha necesitado el Sr. Rodríguez Zapatero para llevarnos a la ruina.

Y aprendimos también que el derroche bélico pudo haberse evitado, si no fuera por los sectarios de uno y otro bando  que nos condujeron a partirnos la crisma. Por cierto, algunos estamos esperando a ver si los de la “memoria histórica”, movilizada por los nuevos redentores capitaneados por ZP, se acuerdan de pedir cuentas a los causantes de aquella barbaridad de su propio bando, -como lo hacen con sus contrarios-  y de paso dedican algún recuerdo a los cientos de miles de muertos caídos  como consecuencia del hambre, de las miserias y de las enfermedades que padecimos como secuela de la contienda.

Esa hipocresía bobalicona de la que nos quieren hacer partícipes los próximos al Gobierno y algunos de sus corifeos ante el giro que se ha visto obligado a dar, (ZP ha tenido el valor de rectificar, ha hecho lo que debía hacer, le ha dejado a la oposición sin argumentos, etc.) hay que dejarla al descubierto. Si no lo hacemos, corremos el peligro de encenegarnos y no salir del pozo de las letrinas en otros cuarenta años.

Lo primero que tenía que haber hecho el Sr. Rodríguez Zapatero y sus conmilitones, ante su clamoroso fracaso, era dimitir. Pero la dignidad no es el plato fuerte de la inmensa mayoría de nuestros políticos. Digan lo que quieran tienen asumidos los principios del franquismo: “caminito del Pardo/hay una ermita/con un letrero que dice/bujarròn el que dimita”.

La segunda tarea es reconocer que nuestros gobernantes no merecen tal nombre.  Lo primero que hace este Gobierno es sacudirse las obligaciones como si fueran ladillas. Ahí está, en fase creciente, la economía sumergida. ¿Por qué crece? Por la sencilla razón de que nuestra Administración  no sabe,  no quiere, o no puede erradicarla. O las tres cosas.

Se estima por los expertos que la economía sumergida equivale al 23,3%  del PIB. En suma, unos 245.000 millones de euros. Si de esa inexistente facturación se rescatara sólo el 10% de IVA, podría contar el Estado con 24.500 millones de euros

De los tres millones de funcionarios, bien podría ese Gobierno hacer una selección de un buen número de ellos, aprovechar la ocasión puesto que sobran, darles unos cursos para ir tras los defraudadores y echarlos a la calle a levantar el dinero que hoy se le birla al erario. Sin perjuicio de idear normas declarativas aplicables a los gremios que más defraudan para conseguir que paguen, bien por declaración individual, bien por estimación de ingresos pactada entre esos gremios  que alojan al mayor número de defraudadores.

Por cierto, también, dicho sea de paso, entre estos gremios está el que  con la mayor impunidad se dedica a la antes llamada  “trata de blancas”  y que podíamos mejor motejarlo como “negocio de la prostitución”. Uno no comprende como  estas mentes delicadas y tan partidarias de la dignidad de la mujer, como para crear un Ministerio de la Igualdad, hacen caso omiso  de ese amplio sector de mujeres maltratadas y no dan un solo paso para sacarlas del pozo de la indignidad en el que están hundidas. Se estima que este negocio factura unos 18.000 millones de euros en España. Algo podría hacerse digo yo -ya que no se puede eliminar el mal-  para dignificar las condiciones de vida de estas buenas mujeres y al propio tiempo para  aflorar este volumen de impuestos impagados: no menos de 2.000 millones de euros.

Luego están los del chocolate del loro. No reducimos el número de asesores, porque eso es el chocolate del loro. No suprimimos Ministerios, por la misma razón. No rebajamos el número de automóviles oficiales,  por idem de idem… Y así podríamos contar hasta mil chocolates que sumados, como si fueran granos, veríamos que cada uno no hace un granero, pero ayuda al compañero.

Pero esos granos les han salido en el culo a funcionarios y pensionistas. Porque verán: lo que van a  quitar ahora a cada uno de ellos, es también el chocolate del loro. ¿Por qué no les aplican el  mismo criterio, la misma doctrina, y los dejan en paz?  Santa Rita, Rita, Rita lo que se da no se quita y con menos razón cuando hay tanto campo donde meter la segadora.

Por tanto es un disparate sostener que las medidas que quiere adoptar el Gobierno son las adecuadas. El criterio lo marcaron hace siglos las amas de casa prudentes: en situaciones críticas,  primero suprimían lo superfluo,  luego lo conveniente y nunca lo necesario. Y de paso ocupaban el tiempo de los miembros de la familia en cosas útiles, porque una peseta que ganaban y otra que no gastaban eran dos pesetas; hoy podían ser euros.

Frente a la política de las subvenciones por caridad, la de las ocupaciones por razones de equidad y justicia. Lo primero induce a aumentar la bolsa de vagos; lo segundo, a crear riqueza.

Pero estos socialistas que capitanea el Sr. Rodríguez Zapatero, no es que no puedan o no sepan, que también: es que además no quieren. Y así nos va. Lo mejor sería que los socialistas decentes, que los hay, los echaran de una vez a la puñetera rua. Y luego, aparte sectarismos, les quedaría ponerse de acuerdo con el principal partido de la oposición para ver de remediar este entuerto.

Estas líneas se han redactado antes de conocer el resultado de la anunciada reunión del Presidente del Gobierno con el líder de la oposición mayoritaria. Con esto quiero indicar que cualquiera que fuere el resultado de la misma, no habrá franca solución para los males que nos afectan.

Ha pasado el tiempo de los economistas, y esto no lo quieren ver los que presumen de tales y tratan de que se pongan en práctica no se cuántas medidas, que equivalen a tratar un cáncer con parches de Sor Virginia.

Sencillamente la crisis ha desbordado los límites de la economía y ha contagiado el campo de la política. Algunos la califican de crisis institucional sin darse cuenta de que el mal esta extendido y afecta en el plano político a toda la sociedad.

El Presidente y su cuadrilla no quieren adoptar medidas que pueden ser impopulares. A ellos, que llegaron al poder movilizando a las masas a cuenta del atentado de Atocha contra el Gobierno  de Aznar, les horroriza tomar de la misma medicina. Esto explica la tendencia de Zapatero y su cuadrilla a mantener subvencionados a ciertos grupos o sectores que pueden movilizar las masas en su contra. De ahí sus buenas relaciones, que nuestros dineros nos cuestan, con los más influyentes medios de opinión.

El Gobierno ha sido capaz y ha encontrado votos para hacer y deshacer en cuestiones políticas que sabía de sobra iban a irritar a una mayoría de la población, constituida por quienes votaron al PP y por bastantes de los que votaron al PSOE. Este es el caso del Estatut catalán; y el caso de la Ley del  Aborto y otras del mismo corte que no venían a resolver problemas graves, ni mucho menos urgentes.

Ese Gobierno que fue capaz de sumarse al Pacto del Tinell para aislar al PP, o peor aún, para proscribirlo y anularlo, es el que ahora,  a la hora  de tomar medidas impopulares,  lo llama para compartir los sinsabores.

Todos los corifeos del Gobierno del PSOE han saltado unánimes a demandar, al principal líder de la oposición, su apoyo para aunar esfuerzos y poder así salir de la crisis que nos arrolla.

Hasta hace poco –y todavía hay quien lo dice- el PP  no tenia alternativa contra la crisis económica y si malo era el Gobierno peor era esa oposición. El PP sí tenía alternativa, coincidente en su mayor parte con la opinión de los  expertos en economía. Alternativa que se cansó de exponer en el Congreso y en sus muy diversas intervenciones. Era como llamar a Cachano con dos tejas, porque no hay mejor sordo que el que no quiere oír.

Al Gobierno que tiene mayoría suficiente para gobernar, sólo le falta decidirse. Si tiene que rectificar, puede hacerlo. Ya conoce la receta porque se la han soplado desde todos los puntos de observación constituidos por expertos en la materia.

Pero a cualquiera que tenga sentido común se le alcanza que el problema de España tiene una gravedad añadida: es que la crisis, como decía al principio, es tanto económica como política. El propio Gobierno del PSOE reconoce que la implantación de un plan de austeridad, necesita del consenso de las Comunidades Autónomas. En ese reconocimiento va implícito que el poder central, ese que llaman poder del Estado, es incapaz –si busca el consenso- de imponer sus criterios (he dicho imponer) en casos de emergencia como el que nos ocupa.

Y dado que el susodicho Gobierno tampoco es capaz de superar el designio de los dos Sindicatos todopoderosos, mantenedores de sus tesis a pesar de que el paro creciente pone de manifiesto la inutilidad de su existencia; y como no cabe pensar que domeñe al poder financiero;  y visto que cada día pinta menos en lo que atañe a mantener el respeto que se merece las instituciones judiciales garantes del cumplimiento de las leyes, alguien podrá preguntar: ¿cómo se quiere remediar la economía de este país si la política está en el taller del desguace?

De  no convocar elecciones para que tome el poder un partido que quiera y sepa gobernar –y el PP demostró que sabe  afrontar las dificultades con decisión-, la única salida posible es la de que sea el propio PSOE el que mande a casa al actual Gobierno por incapaz e inservible, y designe otro Presidente que pueda, primero, encontrar en sus filas los más capaces de enderezar ese entuerto y, segundo, garantizar un plan de gobierno serio y resolutivo que las circunstancias demandan.

Se vería entonces si el momento de entenderse de las dos principales fuerzas políticas, era conveniente. Y si lo fuere y el nuevo Gobierno socialista diera garantías de cumplir su palabra, sería el momento de entenderse. Eso se ha hecho en otras naciones de nuestro entorno y es una salida democrática que no puede ignorarse.

Pero entenderse con un Presidente que ha demostrado un comportamiento errático, poco de fiar e insolvente, no sólo es difícil, sino arriesgado. Por eso, no cabe esperar que de la reunión, que ya se estará celebrando entre los señores Rodríguez Zapatero y Rajoy cuando termino de escribir estas líneas, salga nada bueno para España y los españoles.

Entre escritores, sociólogos y comentaristas, atentos a la crisis española, se da una curiosa coincidencia: nuestra democracia no es lo auténtica que debiera ser; está interferida por espurias actividades y condicionada por intereses particulares que afectan al bien común. No sólo padecemos una crisis económica, sino que a ella se une otra crisis política aún más grave.

No es nuestra democracia la propia de una republica bananera, pero tampoco puede equipararse a la de los más prósperos países de nuestro entorno.

Ahora bien bien, como no hay un sistema de medidas que permita comprobar la autenticidad de las democracias europeas, no podemos con certeza descalificar del todo a la española.

Sin embargo, son muchos  los que ponen en tela de juicio –por citar un caso- la realidad de una institución  judicial, compuesta por jueces y magistrados “independientes,  inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” según dispone nuestra Constitución (Art. 117-1). Ahí está, en prueba de este aserto, la demora del Tribunal Constitucional para fallar sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Tardanza que sólo se explica por las presiones ejercidas desde sectores poderosos sobre los miembros de ese Tribunal; sus vinculaciones con el poder legislativo y en parte con el ejecutivo, favorecen esta deducción.

Por éste y otros casos son muchos los que inciden en afirmar que el poder judicial no goza de auténtica independencia. Y si esta premisa es cierta, la conclusión es diáfana: carecemos de una democracia auténtica.

Nuestra concepción democrática se edifica sobre la legislación franquista. En sus últimos años –por el 1969-  Franco hizo sonar la corneta, puso en posición de firmes al personal responsable, incluido el Príncipe futuro Rey, y dejó todo atado y bien atado. Todos juraron ante los santos evangelios cumplir y hacer cumplir, hasta el fin de sus días, las inmutables y permanentes leyes fundamentales del Movimiento.

Y miren por dónde, personajes comprometidos a cumplir su juramento dieron con la fórmula que les permitía hacer todo lo contrario, como si eso no tuviera importancia alguna.

El nombramiento de Adolfo Suárez para regir los destinos de la nación, vino precedido de aquella frase que se atribuye a SM.: “Adolfo te quiero pedir un favor: acepta la Presidencia del Gobierno”. ¿Por qué? ¿Para qué?

La Ley de la Reforma Política, auténtica obra de ingeniería jurídica dirigida para sostener el tinglado democrático que se iba armando, se sometió a la aprobación de las Cortes franquistas.  Henos aquí ante un resultado paradójico: muchos  votaron contra sus convicciones. Por eso la votación favorable al proyecto, fue conocida como “el harakiri de los procuradores franquistas” (18-noviembre-1976).

La Ley se sometió luego a referéndum, y un destacado político como Herrero de Miñón llegó a manifestarse así: “no es, sin duda, un referéndum democrático, puesto que no existen las libertades propias de la democracia, pero es un referéndum para establecer la democracia y las libertades que le son propias”. Era una frase mágica según la cual el no a lo conocido era un sí imperfecto al futuro a implantar y por tanto inauténtico.

Aquella “reforma política” sirvió para que los mismos que habían proclamado como duraderas y permanentes las Leyes Fundamentales del Movimiento, las anularan sin mayor inconveniente. Todo se redujo a poner digo donde decía diego, para lo cual se contó con el apoyo de algún que otro leguleyo bien dispuesto para el caso y con la colaboración de la mass media; pasamos todos de las musas al teatro en horas veinticuatro.

Así vino la democracia española hoy vigente. Para el mundo, una forma ejemplar de cambio; para otros, más avisados, una chapuza para dar el cambiazo.

En rigor, pudo abrirse un periodo constituyente pactado entre las fuerzas sociológicas significadas del  momento histórico: las afectas al régimen que se iba a modificar y las no afectas u opositoras del franquismo. Vendría a continuación la obligación de someter a referéndum entre todos los españoles, las bases importantes de la reforma. Posiblemente, uno de los puntos a refrendar podría haber sido si los españoles queríamos vivir en república o en monarquía. Ahí radicaba el quid de la cuestión. Pero esa pregunta no convenía. Todo fue modificado, menos la institución monárquica y algunos símbolos a ella ligados.

Esto explica que, en ocasiones, cuando peta y conviene a sectores influyentes, lleguen a elaborarse algunas leyes fuera de la ortodoxia y rigor que demandan las auténticas democracias.

Así se comprende, por citar otro caso, que de buenas a primeras, sin que se anunciara en el programa electoral del partido en el poder, se decidiera éste por aprobar una nueva regulación para el aborto. De tener una ley que lo despenalizaba en ciertos supuestos, hemos pasado a convertir el tal aborto en un derecho. No sólo hay corrupción cuando un desaprensivo se lleva por las buenas los dineros del contribuyente… El concepto viene a resultar mucho más amplio y complejo. Para librarse de la corrupción hay que comprometerse a llevar una conducta honesta y a no apartarse de unos principios éticos que están en la mente de todos. El político ha de ser ejemplar hasta cuando cruza un paso de peatones. Y de esos, en España, quedan pocos y si me apuran les diré que la mayoría o no están en la política o dentro de ella tienen poca influencia. La disciplina de voto seguida por muchos Diputados no conformes con esa ley del aborto, viene a demostrar la existencia de una supeditación pastueña de los valores éticos, a los intereses de partido.

¿Cuál es el caso? ¿Qué nos pasa?

Desde el principio, desde la reforma política, nada  es auténtico. Todo suena a falso, como aquellos históricos duros sevillanos. La tal moneda, igual en su aspecto externo a la auténtica, sólo llevaba de plata el valor equivalente a dos pesetas, mientras la auténtica tenía cinco. Al final hubo que sacarla de la circulación.

Vamos a tomar el testimonio vivo de otro ejemplo: el comportamiento inauténtico frente a  ETA. El principio ético asumido por toda democracia que se estime y sea respetuosa con las víctimas del terror, está bien definido: con los asesinos no cabe trato alguno hasta no contar con pruebas fehacientes de que han entregado las armas, se han arrepentido y han hecho promesa seria y bien avalada de actuar pacíficamente. Si tal momento no llega, nada hay de qué hablar y menos aún qué negociar.

Quiere decirse que no cabe siquiera tomar el pulso, o iniciar conversaciones exploratorias, o mantener simples tomas de contacto con dicha organización y gentes de su entorno. No quieran ustedes los políticos pasar por buenos los duros sevillanos.

ETA ha sido decisiva (aunque abunden los que sostienen lo contrario) en el rumbo político seguido por España desde los tiempos de Franco. ¿O cree alguien que el hecho de atentar contra Carrero Blanco no tuvo influencia en el derribo y liquidación del régimen entonces vigente?

ETA fue decisiva y lo sigue siendo y sus actuaciones, acompañadas de las presiones pacifistas de muchos que se tienen por demócratas, han conseguido debilitar el principio unitario constitucional. La debilidad del poder central del Estado es manifiesta, frente a las exigencias de los poderes autonómicos regidos por nacionalistas.

Me dirán que no conviene sobredimensionar la importancia de ETA. Pero la verdad, es la verdad. La verdadera sobredimensión se la prestan los que tratan, los que dialogan, los que negocian y compadrean con ETA. Y los que en ese clima de tensión, sostienen que el único camino para acabar con esta plaga, tiene que llegar negociando, claro está, un proceso de autodeterminación.

¿Acaso las buenas gentes piensan que si ETA hiciera ahora el paripé de una próxima conversión, acompañada de una oferta de tregua indefinida previa al abandono de las armas, no saldrían defensores de nuevas conversaciones, incluso de una nueva ronda negociadora? Y si tal promesa se formulara, ¿acaso desaprovecharía la ocasión el actual presidente del Gobierno de España? Siendo así, ¿quién sobredimensiona, quién le da el pedestal a ETA para salirse con la suya, quién se aprovecha al fin de esta debilidad del Estado?

En medio de una crisis en la que los gobiernos socialistas  han encallado, han hecho promesas de difícil cumplimiento, han perdido credibilidad  y se ponen y nos ponen a todos en vías ruinosas, una promesa de paz de ETA, precedida de una supuesta conversión a la no violencia aunque  luego no  se cumpliera, sería como ofrecer una tabla de salvación para ZP. ¿Alguien piensa que nunca más negociará con ETA si la ocasión le resulta propicia?

Hemos ido de mentira en mentira y ya es tarde para cambiar. Esta España nuestra va rodando por un derrumbadero y, por ese camino, nadie puede augurarnos un buen final.

Tal vez haya que buscar buenos principios; haya que volver a un periodo de auténticas reformas, incluso de la Constitución, y decidirse a preguntar al pueblo español si quiere un Estado unitario o desmembrado, una Justicia independiente o sumisa, una enseñanza eficiente o incontrolada, una Administración eficaz o maleada y nepotista, unos sindicatos batalladores o domesticados, unas elecciones con listas cerradas u otras de listas abiertas a los políticos de valía, etc., etc.

Convengamos, de cualquier forma, que no es fácil el camino a seguir si de verdad se quiere regenerar la política española. Y sin esa regeneración, muy difícil también salir de la crisis económica que nos ahoga.

El Diputado General de Vizcaya, Don José Luis Bilbao, ha mantenido una larga conversación con varios periodistas del “Foro de El Mundo” (Domingo 21-03-10); foro hondamente ilustrativo sobre la capacidad intelectual  del entrevistado.

En un determinado momento, el Sr. Bilbao sostiene que las iniciativas del PNV, partido al que esta afiliado, son de “largo recorrido”. Parece ser consciente de que el “soberanismo” en Euskadi (es decir, la independencia vasca) no es tarea sencilla ni cosa de un día.

En ese foro interviene Montse Ramírez con una pregunta que tiende a aclarar los conceptos del Diputado General: “¿Diría (se refiere al Sr. Bilbao) que es independentista de principios y estatutista de convicción pragmática?”

El Sr. Bilbao no contesta o, para ser más exactos, se va por los cerros de Úbeda. Se limita a decir: “Yo soy nacionalista”.

La pregunta, uno se la habría formulado con más claridad: “¿Acaso Sr. Bilbao es usted uno de los tantos nacionalistas que acepta el Estatuto como punto de partida y por los buenos rendimientos que da, pero lo que de verdad quiere es la independencia vasca? ¿Sí o no?”

De todas formas, Montse Ramírez, bien intencionada, insiste para saber que tipo de nacionalismo practica:   “¿Pero independentista?”

Al Sr. Bilbao parece retenerle un cierto pudor y sale esta vez por peteneras: “Yo soy vasco, sólo vasco. Punto. No me siento español; podéis titular <no me siento español, soy nacionalista vasco>”.

En suma, en vez de arreglar la cosa, la lía más y nos pone a los lectores ante un interrogante:

Si este caballero no se siente español y de rebote niega su nacionalidad española, ¿qué pinta en la Diputación Foral de Vizcaya acogida en tiempos remotos a la protección de la corona de Castilla  y, desde 1978, a la Constitución que se dio España entera, incluido el País Vasco? ¿Qué hace en una institución con régimen foral  pactado en la dicha Constitución aprobada en referéndum por una mayoría de votantes, incluidos los vascos por su condición de españoles?

El fundador del PNV, Sabino Arana Goiri, también se manifestó por escrito: “Conste que el adjetivo “español” lo empleamos en el sentido etnográfico, no en el político actual. Políticamente, todos sabemos que hoy y de hecho la mayor parte de los euskarianos (los vascos) somos españoles para gran desgracia nuestra”.

Dicho de otra forma, conforme al lema impuesto por el abertzalismo  radical,  los señores Arana y Bilbao aceptan la españolidad por “imperativo legal”. Aunque la verdad, ¡vaya papelón tener que aceptar cargos fingiendo algo que no se siente!

Se podría pedir al Sr. Bilbao que examinara el tamaño de su inconsecuencia, en la que naufraga con todo su bagaje intelectual. Pero no haría caso. París bien vale una misa.

En realidad, tanto al Sr. Arana como al Sr. Bilbao y a un buen número de nacionalistas, lo de obrar en consecuencia les trae al pairo.

Ser consecuente, dicho de una persona, equivale a guardar una correspondencia lógica entre los principios que profesa y su conducta. Ejemplo: si uno no es español, para ser consecuente no debe aceptar un cargo que le obligue a retorcer sus principios hasta verse impelido a serlo, aunque sea por “imperativo legal”;

Y como el cargo de Diputado General de Vizcaya es, en nuestros días, español por naturaleza, puesto que nace y funciona al amparo de la Constitución española, lo consecuente sería que el Sr. Bilbao presentara la dimisión y no ejerciera esas funciones reservadas a españoles, hasta que Euskadi alcanzara la independencia y su Diputación fuera netamente vasca.

Pero expuesto cuanto antecede, lo asombroso no es que aseveraciones como la sustentada por el Sr. Bilbao sean dadas a la publicidad con todo relieve, sino que resulten del todo naturales y, además, funcionen como si tuvieran encaje legal; no se concibe que no concluyan en algo tan lógico y de sentido común como la de imposibilitar el ejercicio de cargos en organismos políticos españoles, a quienes proclamen que no son españoles. ¿Cómo es posible que entre la maraña de leyes españolas no haya una que impida tal desafuero?

Sería paradigmático saber si, en las democracias más progresistas del mundo civilizado como en los Estados Unidos, un vasco etnográfico nacionalizado americano, tal vez en  Idaho, sería capaz de decir algo así: “Soy vasco y sólo vasco, no soy americano” al propio tiempo que ejercía el cargo de gobernador de dicho Estado. ¿Cuánto duraría en ese cargo?

Sabino Arana manifestó de forma expresa su desprecio por lo español. Se creía él, e hizo creer a muchos vascos, que eran de raza superior. Estos excesos xenófobos, los fue corrigiendo su partido en el transcurso del tiempo. No en vano han pasado más de cien años desde la fundación del PNV. Pero al Sr. Bilbao no se le nota. Porque está implícito en su orgullosa exposición, que ser español es propio de seres inferiores. ¡Qué se le va a hacer!

De momento tendremos que aprender a soportarnos los unos a los otros, ya que lo de amarnos viene a resultar imposible.

Y todo estaría muy bien si no fuera porque unos vienen obligados a soportar más que otros, ya que mientras el Sr. Bilbao reniega de su condición de español y no pasa nada, a muchos españoles en Vizcaya se les impide el ejercicio de la libertad individual para poder educar a sus hijos en su lengua materna, o, en el mejor de los casos, se les da una vía que de hecho viene convirtiendo la enseñanza en un “apartheid”.

Al fin la selección del pura sangre se impone con artería, por el sencillo método de primar con el idioma la sumisión  de los españoles al poder de los que proclaman a los cuatro vientos que no lo son.

Como decía el viejo hidalgo, algo así como el mearse con la capa puesta sin mojar los bajos del pantalón.

Desde los tiempos de la Reconquista los pueblos romanizados del norte de la Península participaron en la defensa de sus territorios y de sus costumbres, ante la avasalladora invasión de los árabes. También Vasconia soportó la presencia de Roma en sus zonas más urbanas y luchó, ante la llegada de los árabes a parte de sus territorios, de la misma forma  que sus vecinos, sin que por ello se perdiera el arraigo de los buenos usos y costumbres heredados de sus ancestros.

Entre estas herencias estaba la institución del  mayorazgo, que permitía mantener indiviso el patrimonio familiar dejándoselo a un solo heredero, el primogénito. Los restantes hermanos podían permanecer en la casa sin otro derecho que el de manutención y cobijo a cambio de prestar los servicios que demandara el heredero.

Se comprende que bajo ese régimen familiar, los hermanos menores se buscaran la vida en otros lares. Esto explica las numerosas vocaciones religiosas que, desde tiempos remotos, se dieron en Vascongadas. Y de ahí nace, también, que muchos vascos nutrieran puestos de cierto rango en la marina, el ejército y  en la administración del Reino, cuyo acceso se facilitaba por aquello de la hidalguía reconocida a gran número de familias de oriundez vascongada.

Estas cosas no se recogen en las  asignaturas de historia que cursan en la actualidad los escolares vascos. Flaco servicio el que se les presta, total para nada.

Estos honrosos destinos aceptados por los segundones, facilitaban el entendimiento entre las gentes vascongadas con las del resto de España y, a lo largo de los tiempos, contribuyeron a la presencia en el país de un selecto grupo de expertos, que sabían administrar sus instituciones y compaginar esta autonomía con los servicios, que daban en unos casos y recibían en otros, a la Corona.

Era gente lista, hay que reconocerlo así, como no lo son ahora bastantes de sus sucesores; no parecen herederos de aquellos avispados vascos que, siglos atrás,  prosperaron mediante sutilezas finísimas, buscando en las entretelas legales, aquello que más les convenía sin faltar a la lealtad prometida a la Corona; conjugaban a las mil maravillas esa lealtad, con sus propósitos de sacarle el máximo provecho.

A diferencia de aquella tenaz defensa de los fueros, los vascos que hoy se sienten iluminados por el patriotismo nacionalista, no son leales al sistema. Han aceptado unas normas, dicen que las acatan, pero en cuanto pueden se valen del poder que les otorga ese sistema que denigran, para promover su derribo desde dentro.

Viene esto a cuento de la proposición no de ley presentada en el Parlamento Vasco por el PP para expulsar al partido ANV, declarado ilegal por sus connotaciones etarras, de los Ayuntamientos donde gobierna en el País Vasco.

Los argumentos que para oponerse a esta proposición esgrime el PSOE, son inconsistentes  y demuestran sus temores a ser tildado de “frentista” por todos los nacionalismos vascos. Digan lo que digan, desde el PSOE, pese a la alianza concertada con el PP para gobernar en el País Vasco, siempre mantuvieron un inexplicable temor a ese sentir patrio nacionalista. Ahora se sacuden cualquier responsabilidad pasando la patata caliente a los jueces.

Los nacionalistas “buenos” argumentan de otra forma: no podemos dejar sin representación electoral a un amplio sector de vascos; no es democrático.

Como puede advertirse, este nacionalismo “bueno” que se considera un paladín de la democracia, no tiene temor alguno a valerse de un sofisma para defender la presencia electoral de un sector que no duda, no ya en estar contra, sino en proclamarse enemigo del sistema democrático, incluso por medio de la violencia.

Se podrá decir que el régimen vigente en España no es democrático, en cuanto no admite la autodeterminación del País Vasco, de Cataluña, etc., pero la propia Constitución tiene abiertos los cauces para su reforma. Y eso, es democrático. Al menos ha de reconocerse que como tal se les propuso a los electores y que como tal fue aceptado por una mayoría cualificada de votantes que hicieron posible esta ley de leyes.

Pero es que además, esta legalidad democrática se acepta incluso por los que no la votaron, desde el momento en que como partidos legales están dispuestos a participar en las elecciones que les dan paso a las distintas instituciones del sistema, tal como los Ayuntamientos, las Diputaciones Forales, el  Gobierno Vasco…

¿Quién excluye a los partidos filoetarras de esta participación? ¿Quién les impide tener acceso a las concejalías y demás cargos?

Sencillamente se auto excluyen por no estar dispuestos a cumplir las leyes.

Esto no lo quieren ver los nacionalistas que argumentan: no hay derecho a dejar fuera de juego a un amplio sector del pueblo vasco.

No es una cuestión menor. A estos nacionalistas les falta un mínimo de sinceridad, un poco de vergüenza. Si no quieren ser leales al sistema, tomen entre manos el libreto y vean la forma de cambiarlo. Lo quiso hacer Ibarretxe y no salió bien parado en el intento. Lo desean los catalanes del tripartito y ahí está el Tribunal Constitucional: Veremos lo que decide.

Son dos modelos de abordar el afán de una mayor autonomía, casi independencia. Cómo puede advertirse no estamos ante un imposible democrático.

Puede a uno no gustarle lo que pasa, incluso renegar de una Constitución que para unos se queda corta y para otros está desmembrando España. Lo que no puede decirse es que hay electores que no están representados políticamente, cuando ellos mismos se colocan fuera de la ley.

¿Y esos miedos del PSOE? Ese es otro cantar que además produce vergüenza.