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                Bitácora  "PMM"   Por Pedro Morales Moya

En España ―en los debates parlamentarios, en los discursos políticos, hasta en los medios de difusión― se ha impuesto la diatriba, que es el discurso violento y hasta injurioso contra alguien o contra algo, creyendo que así se presta un gran servicio a la causa que cada cual defiende.

No es cosa de citar nombres, porque el mal está generalizado, pero conviene advertir que algunos tertulianos de derechas, no conformes con la  oposición que hace el PP  por  considerarla blandengue  y meliflua, le piden que dé más caña cuando trata de combatir los errores del Gobierno de España.

Ante la situación creada por el propio Gobierno, al invitar a todos los partidos políticos del arco parlamentario para firmar unos acuerdos conjuntos con los que enfrentarse a la crisis que nos devora, las respuestas han sido variadas por su tono y su contenido. Reconozcamos que dicha situación llega al disparate al presentar dicho Gobierno, en vez de unas propuestas serias y meditadas, un simple guión o índice de materias que frustraron por completo los propósitos de la convocatoria.

Las respuestas a esta tomadura de pelo, insistamos, fueron diversas, pero la más exaltada, hasta convertirse en una severa reprensión, corrió a cargo del representante del PP que, cual mosca cojonera, se encaramó hasta la entrepierna de la bestia de carga  y, aguijonazo por aquí, picotazo por allá, quiso cargarse el invento sin llegar a conseguirlo. ¡Cuánto mejor hubiera sido practicar la política del humor despectivo sin torcer el gesto! ¡Cuándo se convencerán algunos políticos de cuanto más fuerte es el viento de contra, más sube la cometa que pretenden derribar!

El PP no acaba de darse cuenta de que a quien ha de convencer no es al adversario, ni a los tertulianos que le piden más caña, sino a los votantes en potencia que andan dispersos por la piel de toro; y éstos quieren soluciones, no el reparto de leña a discreción.

A mi modesto entender, a las declaraciones del político pepero les sobraba altisonancia y les faltaba una dosis de didactismo cautivador.

Por ejemplo: esta crisis, por más que se empeñen los que la consideran como un calco de la que padecen otros países, tiene en España características propias. No es una crisis meramente económica: es una crisis de valores que contagia a la economía, a la política y a la respuesta social dada por los españoles de toda condición a la ineficiencia del ejecutivo.

Estamos ante un Gobierno sin norte y ante una falta de autenticidad responsable de los que ostentan el poder. Lógicamente, los más preparados, buscan su propia salvación: unos se marchan de España (dislocación de empresas) o capitalizan sus conocimientos de inglés para prestar servicios en el extranjero; otros se ocultan en la economía sumergida (miles de empresas trabajan eludiendo la emisión de facturas y miles de trabajadores aceptan la realización de tareas sin contrato); y bastantes, los más osados y sinvergüenzas, trajinan al margen de la ley penal y especulan con lo que fuere con tal de vivir en la opulencia que, en el peor de los casos, les puede causar unos años de cárcel sin que nadie les obligue a devolver lo estafado.

Como ha ocurrido siempre, pagan la cuenta aquellos que confían en las promesas de esos políticos desnortados: los asalariados en riesgo de perder su puesto de trabajo y los que ya lo perdieron. Al grito de “no cederemos, no daremos un paso atrás que suponga la pérdida de las conquistas sociales de los trabajadores”, están llenando los comedores de caridad de la denostada Iglesia que nos asiste en esta prevista desgracia.

Para decir esto y mucho más, no hace falta  emular a la mosca cojonera del cuento, ni siquiera mostrar la yugular inflamada como quien se coloca al borde de la ira. Basta un poco de flema y un cierto grado de mordacidad. Y, claro está, una oferta de soluciones claramente expuestas.

La particular crisis española tiene unos componentes políticos que no podemos olvidar los votantes de los dos partidos mayoritarios del espectro electoral español.

Ante la ausencia de respuestas positivas por parte del PSOE que inspira al Gobierno de España, el PP bien podría convocar unas jornadas de emergencia para el más atento examen de la crisis que padece el país y de sus causas. Convocatoria a la que estarían invitados economistas, sociólogos, empresarios, trabajadores, catedráticos, etc., etc., y que tendría por objeto proponer soluciones.

¿Ven? Frente a la oposición de la diatriba, una posición didáctica y cautivadora; una oposición que ayude a los que desean remedios auténticos; a los que quieren la España solidaria que preconiza la Constitución, o reclaman una Justicia de verdad independiente, o piden un sistema fiscal equitativo y estimulador de la empresa creativa, o ansían un autentica libertad de enseñanza, o se afanan por la unidad de mercado, etc., etc.

Ahora, los nacionalistas vascos, en especial  los del PNV, vuelven a la lucha dispuestos a plantear la concesión de un nuevo Estatuto que les reconozca un “Concierto Político”. Ni más ni menos que un pacto bilateral gracias al cual la Comunidad Autonómica de Euskadi se nos convertiría en un Estado emergente, sin necesidad de usar el término de “nación”.

Por menos de nada, en el toma y daca al que es tan dado el Gobierno de ZP,  los del PNV ponen este proyecto sobre el tapete y lo convierten en moneda de cambio. El ascenso de ZP se convirtió en realidad gracias a votos nacionalistas catalanes. ¿No puede suceder que para evitar el descenso recurra ahora a votos nacionalistas vascos?

Pero, ¿a qué espera el PP para ofrecer un recambio a esa política disgregadora y enervante?

Muchas veces se ha hablado de una segunda descentralización. Es un tema serio ver si conviene, o no, reducir el centralismo autonómico arrollador actual a unas deseables proporciones. A la vista está que resulta difícil contraponer el centralismo napoleónico de superadas Constituciones, al poder  logrado en España por las Comunidades autónomas. ¿No habría que reestructurar las jurisdicciones municipales, reforzar a sus Ayuntamientos, y dotarles de competencias que hoy son autonómicas? ¿No convendría forjar unos renovados y fortalecidos municipios y exigir con unos Tribunales de Cuentas auténticos el juego limpio de estas corporaciones municipales puestas al servicio del pueblo?

En fin, algo que nos libere de una vez de  ese insolidario nacionalismo independentista que terminará llevándonos, si no se inventa algo, bien a la ruina, bien a una lucha despiadada por despedazar el territorio español entre todos ellos.

Estas aspiraciones insolidarias, constituyen una dificultad más de las que agravan la peculiar crisis padecida por todos los españoles.

En mi último comentario señalé que  la  propuesta de ZP para concitar la participación de los partidos en un proyecto común anticrisis, ponía al PP en una situación difícil: si concurría a la cita, malo; y si no participaba, peor.

Por observaciones constatadas durante años, puede afirmarse que la derecha española (y como tal el PP) está mejor preparada que la izquierda para gobernar. Y al revés, la izquierda maneja los hilos de la oposición (en este caso el PSOE) con una malicia y acierto nunca superados por la derecha.

Tan cierto es esto que en su manía de rizar el rizo, el PSOE está consiguiendo, después de un sexenio de mal gobierno, hacer la oposición a la oposición desde el poder, con un desparpajo nunca mejor reflejado que en la sonrisa cínica del primer valedor de este partido: y me refiero al rostro melifluo, blandengue y bobalicón del que se mete en los charcos como si con él no fuera la cosa, tal que el señor Rodríguez Zapatero.

¡Y el PP, muy señores míos, más despistado que un calamar en un garaje, reuniéndose a deliberar para ver de que pan hacemos migas!

La primera medida, la más importante, la más justa, equitativa y saludable cuando se anda justo de dinero, nos llegó a la familia por escrito en una carta de mi abuela con un dicho de propina: “no hay mejor lotería que una buena economía”. En suma, vino a decir, que cuando hay poco dinero es llegada la hora de apretarse el cinturón, que de gastos inútiles y superfluos ni uno y de los convenientes, ya se vería; nos vimos limitados a atender lo necesario.

Por ejemplo, hablar de subir impuestos como están haciendo estos quinquis de la política que nos gobiernan, sin haber pegado un corte a rajatabla al río de dinero que la administración pública dedica a colosales chorradas, es un disparate que da inmensas posibilidades a la oposición (en este caso al PP) para machacar el prestigio de estos que se tienen por los artífices de la justicia social, pese a que solo saben repartir pobreza.

Pues bien, las pocas veces que el PP pone el argumento de la austeridad en juego, es el propio ZP –que acaba de aprobar un plan de financiación autonómica de los de toma pan y moja- el que responde: ¿cómo me ponen ustedes, los de la oposición, esta tarea, si saben que el ochenta por ciento del gasto público no está ya en manos de la Administración central?

Bien, hagamos historia y vayamos al caso y si a bien viniere, tomemos el texto constitucional para comprobar como ustedes, los gobernantes, lo está convirtiendo en papel mojado.

El artículo 156-1  es taxativo y contiene dos mandatos: “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

Primer mandato: las CC.AA. gozarán de autonomía financiera. Segundo mandato: con arreglo a dos principios: el de coordinación con la Hacienda estatal  y el de solidaridad entre todos los españoles.

Quienquiera que asistiere a ese paripé convocado para un fin tan noble como el de aunar esfuerzos para hacer frente a la crisis, lo primero que debiera hacer es poner a los reunidos ante esa verdad: seamos conscientes de que ha llegado la hora de la austeridad y habrá que llamar a capítulo a las CC.AA y a los Ayuntamientos, para que se sumen al empeño común. Y si no damos este paso, todo lo demás sobra porque de nada sirve que una familia trabaje, se esfuerce y ahorre, si uno solo de sus hijos se lleva la tajada del león y se da la vida padre, mientras los demás sudan para no morirse de hambre.

¿Por qué tener miedo a esta convocatoria ideada por el Gobierno del PSOE para hacerle la oposición a la oposición, poniendo a la derecha contra la pared mientras ellos no dan pie con bolo en el ejercicio del poder?

Es muy sencillo. Basta con responderles: no se escurran ustedes, señores socialistas. Pongan en orden la casa y cuenten con mi ayuda. Pero bien entendido que si usted arrima la sardina a las ascuas nacionalistas, malo. No olvide que en sus tenidas casi conventuales han aprendido siete lecciones; cinco para pedir y dos para no dar.

Insistan: si el país entero no se organiza disciplinadamente para no malgastar esfuerzos y dineros, todo lo demás se irá por la rejilla del desagüe. Esto lo entienden a las mil maravillas los veintiún millones de españoles que votaron unos a PP y otros al PSOE, frente a los dos millones escasos que lo hicieron a favor de los nacionalismos periféricos. No se olvide.

Tuve la santa paciencia de seguir el desarrollo de la sesión parlamentaria del pasado miércoles (17-02-10), en la que el Presidente del Gobierno pidió la colaboración de todos los partidos para sacar a España de la crisis.

Quienes sienten afición por la narrativa suelen adelantarse al desarrollo de la acción siguiendo la evolución de los personajes; se desprende de su comportamiento una cierta lógica y los resultados suelen ser inevitables y casi puedes apostar: “el personaje, se casa o la mata”.

Quédese el lector con esa idea y anoten esta segunda: todo político que se precie, ha de aprender a fingir, ha de actuar; es decir tiene que tener dotes de actor.

Particularmente no me gustan los políticos actores, pero ha de reconocerse que se llevan al público de calle. Rodríguez Zapatero es un gran actor. Los que hayan visto la escena final de la representación del miércoles, no negarán que ZP estuvo sublime cuando inclinado ante Rajoy le decía: “se lo suplico, estoy dispuesto a aceptar algunas de sus ideas y si usted quiere que a eso le llamemos mi rectificación, no me importa, estoy dispuesto a rectificar; y le invito al diálogo, está en su mano, venga, acuda…”. Si van, malo; si dicen que no, peor.

Y si después de lo expuesto queremos llegar a una conclusión veraz, hemos de tener en cuenta estas dos cosas: el desarrollo de la acción, en este caso de la crisis española con su principal protagonista, y las dotes de actor del presidente del Gobierno de España.

La crisis es grave, no porque lo diga el PP y su presidente Rajoy, sino porque así lo han reconocido prestigiosos organismos, instituciones y autoridades de la economía. Es grave y nos consta que se agudiza por momentos ante un Gobierno incapaz de dictar medidas serias para afrontarla.

Cuando esta crisis ha llegado a los bolsillos de españoles necesitados (el dolor de cartera despierta hasta a los más conformistas) toda la palabrería anterior del actor Sr. Rodríguez Zapatero ha caído por los suelos. El susodicho lo ha notado en las encuestas, con las que se desayuna a diario; le dicen que si en estos dos años no hace algo, se acabó el cuento: pierde el poder.

El Sr. Rodríguez Zapatero, ante este momento crucial, tiene dos salidas: la seria, la que le obligaría a adoptar compromisos difíciles y a romper con hábitos y maneras concesivos, o la facilona y blandengue que le induce a seguir como hasta ahora, anunciando cambios “sostenibles” hasta ver si alguna economía extraña tira de la nuestra y salimos del paso.

Para seguir por estos caminos no necesita de nadie, ni mucho menos de pactos, pues de sobra sabe el Presidente ZP que el PP ―como sucedió cuando mudó el signo de la política antiterrorista― para las decisiones serias no le iba a negar su apoyo.  Pero esto no le daría votos y claro está a ZP  le puede más el poder que el futuro de España y de los españoles.

Así que no le queda otra solución que la de sacar a relucir sus dotes de actor. Y las preguntas que se hace son éstas: “¿Por qué no aprovechar la buena disposición de los partidos nacionalistas ―tal que el PNV vasco y el CIU catalán―, que tienen un precio, ciertamente, pero que con tal de cobrarlo sé que me sacan del atolladero?”  “¿Y por qué no invitar en tono dialogante y afectuoso a participar en ese pacto al mismísimo PP (sabiendo como sé que no le gusta), al mismo tiempo que lo maltrato de palabra y obra para que no acuda a la cita y si lo hace sea de mala gana y refunfuñando?”.

Hemos llegado a este momento. El PP anuncia que acudirá a la cita, pero lo hace ―lo está haciendo― de mala gana, publicando a diestro y siniestro que estamos ante una añagaza. Y la respuesta no se ha hecho esperar: “el PP tiene la culpa de la crisis; o gula de poder; o carencia total de deseos de diálogo; o nulo sentido de sus deberes patrióticos”.

Y esto, desgraciadamente, hace mella en los votantes que mientras atienden al reclamo contra el PP, se olvidan del desaguisado que nos ha traído ZP.

El paripé esta servido. Al actor le prepararon el escenario y moduló su discurso para pasar de la optimista profecía de que “a finales del 2010 estaremos creando puestos de empleo netos” (en su primera intervención) a la de los negros horizontes de “aquí o jugamos todos o se rompe la baraja” (de la última).

Para aseverar la necesidad de ir unidos ante la borrasca, salió aquello: ¿Cómo se puede pedir austeridad y reducción del gasto público al Gobierno central, si el ochenta por ciento del mismo está en poder de las autonomías y los municipios?

¿Así estamos? ¿Es decir que el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, no tiene poder para controlar el gasto de las instituciones de rango inferior ni siquiera en casos de necesidad? ¿Sabe el Sr. Presidente la gravedad de lo que está afirmando? Por que en ese caso, el poder soberano tendría que cambiar las leyes y modificar, si preciso fuera, hasta la propia Constitución. ¿O es que usted Sr. Presidente piensa que el Gobierno de España puede estar capitidisminuido por el poder otorgado de mala manera a las Comunidades autónomas?

El caso es que el PP tiene ahora en sus manos la respuesta a esa suplicante oferta de diálogo dentro del paripé que ha montado el Sr. Rodríguez Zapatero. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Debe de acudir a la cita el PP para  desmontar amablemente y pieza a pieza, con publicidad y alevosía, las piezas del entramado que se nos quiere servir a los votantes como si fuera gloria bendita?

Veremos si estos del PP saben hacerlo con un poco sentido del humor que, si está finamente concebido, sirve de alivio hasta en los entierros.

A mí esto que sucede en España ¿qué les puedo decir?, cada vez lo veo más cerca de un entierro.

Por una vez voy a dejar a un lado el tema vasco, para introducirme en otro de rabiosa actualidad: la reforma del mercado de trabajo.

He sido testigo ―fortuna que brinda la edad― de varias crisis económicas y he visto cómo los errores o desafueros de los políticos los pagaban a la postre las clases asalariadas,  cualquiera que fuere su rango o categoría; ahora, también los jubilados.

La primera de estas crisis que viví en mis carnes, sobrevino como consecuencia de la guerra civil del treinta y seis. Eran los tiempos de la sarna, del piojo verde, de la tuberculosis desbocada y, para colmo, del escarabajo de la patata que mermó las cosechas del producto más socorrido para matar el hambre.

Una inflación incontrolable hizo que se acuñara aquella frase: “mientras los precios suben por el ascensor los salarios van por la escalera”. Aparecieron los “haigas”, coches de lujo en manos de estraperlistas incultos, capaces de anunciar en sus clandestinos puestos de venta: “esta semana puede que “haiga” melones”.

Vivimos unos veinte años de autarquía y pese a todas las leyes, ordenanzas y preceptos, y a comisarías e inspectores, la gente funcionó por libre en un país empobrecido. Pudimos  subsistir bajo una constante: unos iban de estraperlistas y los más de “estraperlados”, por no decir estrujados, haciendo caso omiso de las leyes restrictivas. Hasta que empezaron los disturbios sociales.

Entonces, en 1959, se anunció un cambio, precedido de lo que se llamó “plan de estabilización” lleno de sacrificios para los de siempre, bajo promesa de días venturosos y de un futuro desarrollo.

¿Qué hicieron los llamados tecnócratas encargados de dirigir el nuevo futuro? Intentar que fuéramos de acuerdo con la realidad de los tiempos, tal y como sucedía en los países de nuestro entorno. ¿Y cómo? Haciendo que la peseta se cambiara en los mercados al precio real, dando pie a que vinieran a España inversionistas extranjeros a los que se dieron facilidades de todo tipo y liberando los mercados por esas fechas excesivamente intervenidos. Claro está, se congelaron los salarios.

Fueron los años de la emigración de españoles a países europeos, los del fomento del turismo incluida la divulgación del bikini (con Fraga hasta la braga), y de la modernización dentro de un orden; la era de los electrodomésticos, y del seiscientos…

Se inició  un claro avance porque los inversores extranjeros se encontraron, en una España disciplinada y sumisa, con salarios bajos y personal cualificado deseoso de aprender y de ganar un poco más, aunque fuera metiendo horas. Mejoró notablemente la productividad y España empezó a prosperar.

En el fondo la liberación económica estaba dando sus frutos, pero como tampoco se contuvo la inflación y la demanda de mejores salarios estaba bajo frenos políticos, la calle empezó a desmadrarse. Los nuevos conflictos sociales tenían carga política, cuyo estallido se anunciaba como peligroso.

En España se fue perdiendo el miedo de la posguerra que había evitado desmanes, y Franco no era el que fue; estaba atrapado por la devastación parkinsoniana. Esto unido a que pocos advirtieron que la liberación económica actuaba de fermento estimulante de la liberación política, colocó al país ante unos desequilibrios que podían terminar en un descalabro.

Así llegamos a la crisis del petróleo que en el mundo produjo sus efectos en 1973 y en España, algo más tarde, en 1975,  y que vino a coincidir con la muerte de Franco. Durante años el español de a pie, con las correas tensas de tanto aguantar, acabó por descifrar la incógnita: ¿Y después de Franco, qué? Pues ya lo vimos: una democracia. Llegó tras muchas inquietudes, pero por aquello de contentar a muchos, en vez del “café para todos” propio del principio de igualdad preconizado por las modernas democracias, se generó un clima de desigualdades. Para hacer de quitamiedos se inventó  la solidaridad interregional. Lo cierto es que los españoles, a partir de esas fechas, nunca fueron más insolidarios. En cada taifa se desarrolló el mito de la felicidad, previa proclamación de su independencia. La excesiva burocracia y la falta de control del gasto en cada una de estas taifas, suponen hoy un lastre considerable que de hecho impide o retrasa la superación de la actual crisis.

De cualquier forma, la crisis del petróleo generó la desaparición de miles de empresas que dejaron de ser rentables. Cuando se les quiso imponer la obligación de cumplir con las demandas de sus asalariados, no salían las cuentas y se cerraron miles de chiringuitos. De entonces data la respuesta de los pequeños empresarios: “jamás contrataré personal fijo que, con las indemnizaciones vigentes, al tener que despedirlos, me llevarían a la ruina”. La mayor parte del personal que se contrató a partir de esa crisis, fue bajo el régimen de trabajo temporal; un régimen que permite el  despido sin indemnización a nada que el negocio de señales de peligro.

No en vano, los empresarios al abrir su pequeño negocio se juegan no unas acciones, sino todo su patrimonio. Y están escarmentados. No han de valer para animarlos, unas pequeñas reformas; la cosa es grave y los apaños cosméticos no reanimarán la inversión.

De esa época, gracias también a un régimen tributario y a una administración premiosa y liante que carga la mano sobre las pequeñas unidades empresariales, data el crecimiento desaforado de la economía sumergida. Es más rentable la clandestinidad empresarial (total o parcial) que superar todas las trabas y correr con todas las cargas que la legislación impone al empresario autónomo, quien, según se ha dicho, sustenta en España el ochenta por ciento de la mano de obra contratada.

La crisis profunda, como la que ahora padecemos, unida a un Gobierno poco resolutivo, habrá que pagarla, claro está. A nadie se le regala el placer de oír una música optimista, como la que destilan nuestros gobernantes, mientras el “Titanic” se nos va a pique, se hunde; habrá que pagarla y, como siempre, no lo olviden, el peso de la deuda lo soportarán los asalariados.

Al empresario, por lo general, sólo le estimula la ganancia. Algo por otro lado lógico. Son las leyes  del mercado. Si no hay beneficio ¿para qué emprender nada? Eso queda para los misioneros o los altruistas. Pero los tales están fuera del mercado.

En suma, los Gobiernos en una crisis como la que padecemos, necesitan cuidar a los autónomos y colocarlos en situación de ganar dinero para que abran nuevas empresas y puedan crear puestos de trabajo. No siendo así, los aludidos dejarán pasar el tiempo o se irán a correr los riesgos que fueren en la economía sumergida.

El Gobierno y la oposición deberían pensar que no se le pueden poner puertas al campo y que una reforma del mercado laboral debería atender primeramente a los emprendedores. Puede parecer paradójico que para ayudar al trabajador haya que fomentar la existencia del empresario, pero es así.

“Yo cerré ―decía uno de estos empresarios― porque estaba presionado por tantas dificultades ajenas a la esencia del negocio, que para los cortos beneficios que lograba no merecía la pena”.

Era verdad: en lugar de las trabas y trámites engorrosos que hoy se ponen a todo el que quiera fundar o mantener una empresa, debería procederse de forma contraria.

Lo primero, y más fácil de entender, es crear estímulos a favor de esos empresarios, principalmente por la vía fiscal. Hay que reducir la presión tributaria,

Pero además, se deben suprimir barreras que terminan por ser disuasorias. Habría que liberar al emprendedor de tanto trámite y papeleo. ¿Cómo? No sería tan difícil que las administraciones coordinaran sus exigencias y ayudaran a simplificar gestiones. Por ejemplo, habría que liberar a los autónomos, de la obligación que pesa sobre ellos de retener, bajo su responsabilidad, las cantidades que han de recaudarse por cuenta del Estado, tanto del impuesto sobre la renta como de las cuotas de la seguridad social de sus empleados. No se puede hacer que estos pequeños empresarios hagan también de recaudadores de la Administración.

Y habría que facilitar la recaudación del IVA. En la mayor parte de los casos lo recaudado por este impuesto no sufre grandes variaciones en los pequeños negocios en el transcurso de un año. Se evitaría papeleo y trabajos, concertando con ellos el pago de una cuota fija trimestral (o mensual) a reserva de corregir a final de año las diferencias que pudiera deducirse en una sola declaración.

Y también ¿por qué no?, habría que dar con una fórmula que limitara el riesgo de estos pequeños empresarios.  Ahora se dan casos de embargo de viviendas familiares, afectadas por fracasos empresariales. Esto produce efectos disuasorios en muchos pequeños empresarios.

No hablemos, dicho sea de paso, sobre la concesión de créditos blandos avalados por la Administración, para invitar a esos emprendedores a moverse y actuar.

Habría, en fin, que reformar el Estatuto de los empresarios autónomos que ha quedado obsoleto o desde su nacimiento fue poco ambicioso.

La verdad no se le ve al Gobierno (ni a la oposición) moverse para activar, por la vía de los hechos, la confianza y el ánimo de los emprendedores autónomos, que sin duda los hay. Y si la reforma que se nos anuncia aspira a que los nuevos empleos dejen de ser eventuales y pasen a permanentes con retoques de pacotilla todo seguirá igual: crecerá la economía sumergida o, poco a poco, irán surgiendo los que trabajen no por horas o días, sino por objetivos cumplidos. Una forma de eludir los contratos laborales y cambiarlos por contratos mercantiles. Transformación algo lenta ―socialmente hablando― pero que ya está en marcha pese a la crisis.

La España oficial siempre por detrás de la España vital.

El pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y el PP en el País Vasco, incluía el cumplimiento de una de las aspiraciones planteadas desde la “Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística”: que los escolares pudieran estudiar en castellano. Las normas vigentes en las comunidades autónomas de Cataluña,  Galicia, Baleares y País Vasco, limitan el derecho a la libertad de usar el idioma oficial de España en sus estudios.

A esto le llaman discriminación positiva en favor de los idiomas autóctonos, anteponiendo su defensa a los principios de libertad personal enaltecidos y aprobados en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución española.

En suma, son los derechos individuales los que se reducen o suprimen, a favor de una cuestión tan aleatoria y sometida a mil contingencias, como es la difusión de uno u otro idioma. Cada cual debe de ser libre de elegir el que más le convenga.

En el País Vasco, no acaba de satisfacerse la demanda de los asociados a la “Plataforma” aludida. Se publican sus quejas y proyectan protestas que nadie sabe si serán de alguna utilidad. No es fácil luchar, cuando durante treinta años se han divulgado y puesto en práctica eficaces discriminaciones, éstas negativas, para los que no se plegaban a las imposiciones nacionalistas.

Mientras en España los dos partidos mayoritarios -con  más de veintiún millones de votos frente a los dos millones que puedan sumar todos los nacionalismos periféricos- no lleguen a un acuerdo en este asunto,  no habrá solución  que incluya la restitución duradera de los derechos individuales, por encima de cualquier otro supuesto derecho colectivo de las comunidades autónomas que quieren diferenciarse por el idioma.

La enseñanza ha sido utilizada con fines políticos, en España, por todos los gobiernos que se han sucedido a lo largo de siglo y medio, desde que se publicó la reforma de Claudio Moyano en 1857. Y seguimos en la misma idea, pese a esa proclamación de progresismo que está en boca de todos los políticos, venga o no a cuento.

Nada más cierto –como en su día testimonió Don José  Ortega y Gasset- que la España oficial va por un lado y la España vital por otro. La España oficial aprueba leyes de apariencia óptima, que luego o fracasan o no se cumplen. “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”; (artículo tercero de la Constitución). ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el  Estado cuando se incumple esta disposición por haberse dictado otras de inferior rango en algunas Comunidades Autónomas?

Si alguien quiere rotular la oferta comercial de su empresa en castellano, lo discriminan, lo denuncian y sancionan por ejercer el derecho a usarlo; (pasa en Cataluña). Si algún padre intenta  cumplir  el deber de conocer el castellano y  ejercer su derecho a usarlo, y en esa idea pretende que sus hijos estudien en el idioma oficial del Estado, no puede o se lo ponen muy difícil en virtud de normas que se aplican haciendo caso omiso del mandato constitucional; (pasa en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en el País Vasco).

Lo fundamental de toda enseñanza es que resulte eficaz y alcance un nivel que en España –según los organismos competentes- está muy lejos de lograrse. ¿Por qué? ¿No se avergüenzan de este retraso del PP y el PSOE como responsables de las irregularidades que se vienen consintiendo por los Gobiernos de España de turno?

Todo Gobierno  debe avalar los derechos que por ley corresponden a sus ciudadanos. Es muy sencillo: si una autoridad de rango inferior  merma a cualquier español los derechos que le confiere la Constitución, debería el Gobierno de España reponerlos de forma inmediata y el costo de esa reposición cargárselo a la autoridad o institución causante del mal a esos ciudadanos.

Si un español quisiera educar a sus hijos en castellano y las autoridades comunitarias lo impidieran, sería el Gobierno de España el llamado a intervenir y, mediante becas o cualquier otro sistema, a reponer a  ese ciudadano en su derecho. El costo de esta operación debe ir a cargo de la institución que privó de su derecho a un español. Una ley acordada entre ambos mayoritarios partidos de España, resolvería el problema  en dos sesiones parlamentarias.

¿Reformas en la enseñanza? Empiecen por la primera y principal: garantizar la libertad de elección. Esto no impide que quien quiera seguir sus estudios en euskera, en catalán, en gallego u otro idioma lo haga con plena libertad. Aunque se limiten a conocer el castellano a vista de pájaro. ¡Allá cada cual!

Por otra parte, los padres afectados tienen que pensar –ahora que la comunicación por internet se utiliza en la enseñanza con éxito- en la posibilidad de organizarse y de pedir que se instituya la impartida a distancia por ese medio en todos los grados. El sistema (la educación a distancia) viene utilizándose con éxito para que los presos de ETA consigan licenciarse en carreras de postín mientras están en la cárcel. ¿Cómo no idear algo parecido para que los alumnos de distintos grados, inmersos en autonomías gobernadas por separatistas, puedan seguir los cursos en castellano  y, además, con la garantía de que no iban a ser adoctrinados con ciertas teorías?

Esa es la cuestión: separar la enseñanza de la política.

En el momento en que se suscitó la conveniencia de conceder estatutos de autonomía a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, todas las demás regiones y algunas provincias plantearon que, por razones de justicia,  el fuero tenía que extenderse a toda España. Así se hizo, aunque se dio  prioridad a las tres primeras demandantes  de sendos Estatutos, porque ya en tiempos de la II República se había dado luz verde a su aspiración autonómica.

Sin emitir juicio sobre el proceso seguido, el resultado está a la vista: por huir de un centralismo dirigido desde Madrid, hemos caído por lo menos en doce centralismos manejados desde las respectivas capitalidades autonómicas. Y de esos doce, por lo menos dos, se consideran con derecho a constituirse en nación independiente.

Entre tanto, una mayoría de Ayuntamientos que por su cercanía con los administrados debieron ser los primeros en asumir competencias autonómicas, con su correspondiente dotación financiera para ejercerlas con eficacia, andan a estas alturas medio arruinados, cargando con obligaciones que desbordan sus facultades  y sin medios económicos para darles frente.

Dado que la España oficial  -según apuntó Don José Ortega y Gasset- va siempre por detrás de la España vital, deberemos armarnos de paciencia y esperar que alguien se decida a poner en práctica la que algunos han llamado “segunda descentralización”, que únicamente podrá ser efectiva si las Comunidades Autónomas ceden competencias a las instituciones municipales de su demarcación y los dineros correspondientes para ejercerlas dignamente. Y sobre ese último extremo la experiencia nos indica que las uvas están  verdes y que los que más anhelan competencias autonómicas regionales, son los menos dispuestos a ceder nada a sus propios municipios.

La Constitución española dedica tres artículos a la Administración Local: uno a los municipios y el segundo a las provincias. El tercero alude a las haciendas locales para sostener que “deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley  atribuye a las Corporaciones respectivas  y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Esto, dicho en confianza, es como llamar a Cachano con dos tejas.

Desaparecido a causa de la crisis el principal ingreso de muchos municipios ligado a las prácticas urbanísticas, están que no les llega ni para pagar la nómina de sus funcionarios y de los cargos y asesores políticos,  nombrados estos últimos a dedo, bajo el supuesto de que son gente de confianza, con una liberalidad que asusta al sufrido contribuyente.

Los Ayuntamientos tienen que cargar con incontables ayudas sociales, acrecentadas por la crisis, en un país muy dado a otorgar generosos derechos humanitarios y  practicar  la solidaridad más decidida, siempre y cuando no le obliguen a uno a rascarse el bolsillo. Aquí nadie se muestra xenófobo, hasta que le ponen de vecino un prójimo de baja condición social y además extraño al país.

Volviendo a la descentralización, en el País Vasco, con aspiraciones nacionalistas para constituirse en Estado asociado con España (previa  declaración de independencia), los Ayuntamientos dependen en gran parte de las cantidades que les asigna el Gobierno Vasco para poder cumplir con sus obligaciones.

La fórmula que preconiza la Constitución es la de hacerles partícipes de los impuestos a recaudar por el Estado o la Comunidad Autónoma. ¡De eso nada! Se les da una subvención a sabiendas de que en la cifra final influye el color político de alcalde y concejales que gobiernan cada municipio; es decir según sea o no de los nuestros tales ediles.

No hay duda de que uno de los factores influyentes en la crisis que sufrimos, y sufriremos aún más, es el desbarajuste económico financiero de la organización autonómica que ha ido surgiendo en parte por acicates legales en pro del sistema, y en parte por la dejación de funciones inspectoras del poder central que no sabe, ni entiende, ni quiere asumir las responsabilidades que le corresponden en el Gobierno de España.

El resultado es que unos por no gobernar y otros por no protestar, en España se ha montado  una casa de taifas que es lo más parecido a lo que ustedes suponen y yo me callo.

La descentralización autonómica debió de empezar desde abajo sometiendo a los administradores de nuestros dineros,  a una rendición de cuentas clara y rigurosa. ¡Ya se vería si muchas de las subvenciones que ahora se dan tan a la ligera, se concederían si el dinero disponible estuviera debidamente controlado también por las representaciones más cercanas de los contribuyentes!

El caso es que esto tiene muy difícil remedio.

El centro derecha vasco no acaba de entregar sus votos con sinceridad al PP. Son muchos los que se abstienen, bastantes quienes prestan su voto al PNV hasta ver qué pasa y algunos los que no dudan en mostrar sus fervores por doña Rosa Díez, creyendo que nadie como ella tiene un concepto cabal de la unidad de España.

Antonio Basagoiti es consciente de que al PP del País Vasco hay que darle marcha, ponerlo al día, y aprovechar la crisis para convertirlo ―como dice un diario nacional― en el “partido de la eficacia”. Indudablemente es la forma de conectar con un gran sector del pueblo afectado por la incertidumbre económica, pensando que el común de las gentes considera que “eficacia” es un término equivalente a “prosperidad”. Un partido eficaz lo primero que debe de hacer es crear puestos de trabajo. Esto es lo que entiende una mayoría de votantes que, visto lo visto, cada vez desconfía más de los políticos.

 En circunstancias parecidas, los partidos nacionalistas suelen manejar un argumento que puede no ser cierto, pero viene a demostrar que ellos son los amos de la eficacia. ¿En quién confiar para resolver nuestros problemas? ¿En los partidos autóctonos o en los que se someten a las consignas que les llegan de Madrid? ¿Acaso no tenemos ejemplos de cómo, desde los partidos de ámbito estatal, dejan a sus correligionarios locales colgados de la brocha?

Está todavía presente el mal llamado “blindaje” del Concierto Económico. Podría asegurarse que si al común de los votantes se les preguntara en que consiste este “blindaje”, no sabrían responder con acierto. Sin embargo, estos votantes perciben que es algo bueno para los vascos y que si se consiguió fue gracias al PNV, contra la voluntad inicial del Gobierno del PSOE (su debilidad lo ha llevado a ceder) y contra la opinión del PP nacional. Luego el PNV es más útil para los vascos, que el PSOE y el PP juntos. La “eficacia” tanto del PSOE como del PP es discutible en casos como el citado, más frecuentes de lo que pueda parecer.

Esto pasa en todas las Comunidades Autónomas y otro ejemplo no tan reciente pero muy expresivo, lo tuvimos en el caso del trasvase del Ebro: fueron el nacionalismo catalán y la conveniencia del Gobierno del PSOE, para oponerse al plan del PP, los que posibilitaron que se abandonara un proyecto pensado para promover el bienestar general.

Estos planteamientos conducen a que los partidos de ámbito nacional tiendan a debilitarse en las Comunidades con partidos nacionalistas fuertemente arraigados. El ejemplo de Cataluña es claro: el PSC (versión catalana del PSOE) aspira a mantener su pujanza, compitiendo en radicalismo catalanista con los que quieren la independencia de Cataluña.  En Cataluña, el PP no toca pelota porque parece haberse quedado en tierra de nadie.

Todo esto viene a cuento de esa “eficacia” avistada por Basagoiti ante la que me muestro escéptico porque la eficacia en sí es sólo un instrumento. ¿Eficacia para qué? Si es para competir con los nacionalistas al modo en que se entiende por la generalidad de los votantes, apaga y vámonos.

Cuando un partido nacionalista no consigue alcanzar una de sus metas, no admite que se le acuse de ineficaz. Siempre tiene alguien a quien echar la culpa de sus torpezas. Montilla, socialista “nacionalistoide” acusa al PP de ser el causante ―por haber recurrido el “Estatut”― de la posible sentencia limitativa que pudiera dictar el Tribunal Constitucional. Podría decir lo mismo del Defensor del Pueblo que también presentó otro recurso ante el mismo Tribunal. No; a él le interesa por razones electorales, atacar al PP y reafirmar su catalanismo.

De donde se deduce que la eficacia ha de estar al servicio de los principios. Ha hecho muy bien el PP en recurrir ese “Estatut” que va contra el principio unitario que proclama la Constitución, en lo que coincide con el Defensor del Pueblo y con muchos socialistas.

Volvamos al centro derecha vasco que se enfrenta a la indecisión de muchos votantes que no son nacionalistas. La única forma de captar ese voto ―en riesgo de inclinarse hacia el PSOE o hacia el partido de Rosa Díez―, es mostrar su eficacia a la hora de razonar sobre las ventajas que dimanan de la aplicación de sus principios, frente a los inconvenientes que acarrea el nacionalismo.

En lo que atañe al modelo de nación, tenemos enfrentados al nacionalismo excluyente vasco, catalán o gallego, y tal vez algún otro, con la solidaridad nacional española (que incluso podría llegar a ser la solidaridad nacional ibérica) que defiende el PP.

La pregunta es: ¿Por qué no nos paramos a pensar, anotamos en un papel y proclamamos a los cuatro vientos, sin miedo alguno, las diferencias que existen entre ambas concepciones y las ventajas de esa solidaridad peninsular dentro de Europa, frente a esos nacionalismos regionalistas que en principio quedarían fuera de Europa?

El centro derecha vasco está necesitado de una proclamación de principios, tras su correspondiente debate, y de una explicitación clara, renovadora, abierta y asimilable si no queremos diluirnos en una amorfo ideario incapaz de movilizar el voto. Y esto exige actuar con eficacia, claro que sí.

Un alto porcentaje de sacerdotes de la Diócesis de San Sebastián ha repudiado por escrito al recién designado Obispo, Monseñor Munilla. Y lo ha repudiado antes siquiera de que haya empezado a ejercer su función episcopal.

Repudiar es, según el DRAE, rechazar algo, no aceptarlo.

Estamos ante un fenómeno curioso, a la par que insólito, en el mundo católico. Un fenómeno expresivo de la pérdida de valores que han regido actitudes y conductas entre los que, con más o menos fervor, nos sentimos identificados con la fe católica.

Estos curas ―que según algunos comentaristas se las dan de modernos, progresistas y puestos al  día― no dejan de mostrar su inconsecuencia respecto a la doctrina que predican. Se dice de una persona que es inconsecuente, cuando su conducta no guarda correspondencia lógica con los principios que profesa.

Ellos dirán que no, que por encima de obispos y jerarcas curialescos está Dios, y que si alguien cultiva y sigue la verdadera doctrina de la Iglesia es el grupo de curas vascos que han firmado el repudio; como es sabido, tienen hilo directo con el Supremo Hacedor y son los más fieles intérpretes de lo convenido en el Concilio Vaticano II.

¿Qué sabe Monseñor Munilla de todas estas cuestiones? ¿Y cómo ha de saber si resulta además ser el ojito derecho del Arzobispo Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal, que del Concilio Vaticano II sólo aprovecha el humo de las velas?

Quiero no dar lugar a dudas y cual si fuera un cura de pueblo, de aquellos que lo mismo barrían la iglesia, que socorrían a un vecino pobre o enseñaban el catecismo sin darse importancia, al ver este panorama me pregunto: ¿Y éstos son los llamados a enseñar la doctrina del amor? ¿Si no aman a los suyos, que pueden reservar para sus adversarios?

Desde el plano civil, toda esta clerigalla que trata de revestir sus actos con la dignidad solemne del dolor, sólo nos da muestras de la más expresiva, pura y neta intolerancia.

La tolerancia es una virtud que no llega al tobillo del amor al prójimo predicado por Cristo y sus seguidores. Pues por no llegar, ni a ser tolerantes alcanzan ese centenar y pico de sacerdotes dispuestos a negar el pan y la sal a uno de los suyos.

Dicen los comentaristas, y puede que tengan razón, que la intransigencia de tan amplio sector del clero guipuzcoano, tiene su origen en su afición a la política. Otros van más lejos: en su afición a la política nacionalista vasca en todos sus grados.

Yo no me lo creo. ¿Cómo van a ser nacionalistas vascos los firmantes del repudio? ¿Cómo van a ser partidarios del aborto, como el PNV? ¿Cómo considerar tal aborto un derecho de la mujer frente al derecho a la vida del nasciturus?  ¿O han perdido el oremus?

Uno no sabe si tanto progresismo como les atribuyen a esta camada de curas ―dicho sea con todos los respetos― les da carta blanca para no tener en cuenta la obediencia sacerdotal. Hasta no hace mucho, tal obediencia era la que los sacerdotes debían a los respectivos ordinarios, en primer lugar a su Obispo.

El progreso tiene eso de bueno; da derecho a matar seres vivos en el vientre de la madre, a instituir matrimonios entre personas del mismo sexo o a pasarse por la entrepierna la obediencia debida a un obispo por sus subordinados.

Claro que, mientras la Iglesia no cambie, para los católicos de verdad todas esas novedades no tienen vigencia pese a las leyes humanas. Los católicos de verdad están donde están por propia voluntad y por más que les invitan a cambiar ―para ser progresistas que es lo que se lleva― ellos prefieren seguir su doctrina aunque resulte un camino duro. Y ahí está su grandeza.

Los curas tantas veces aludidos tienen una solución a mano: si no quieren obedecer a su superior jerárquico, pueden colgar la sotana (dicho en sentido figurado porque ya nadie la lleva) y, ya libres, dedicarse a lo que les pide el cuerpo. Pero querer pasar por virtuosos seguidores de Cristo con repudios preventivos dedicados a su jerarquía, no cuela ni entre catecúmenos. A no ser que también sean nacionalistas vascos.