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                Bitácora  "PMM"   Por Pedro Morales Moya

Joseba Egibar, presidente del PNV de Guipúzcoa, considera “ultra conservador” al nuevo obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y anuncia que este nombramiento responde a una estrategia para “despersonalizar” y “desarraigar” la Iglesia vasca.

Al cabo de los años uno echa en falta los sencillos conceptos que manejaban los educadores para decirnos que la Iglesia, la mayoritaria en España, era una, santa, católica y apostólica.

Esencialmente “una”. Es decir única. Si esta idea es cierta, no se pueden imponer versiones particulares que con pretextos  étnico culturales rompan esa unidad. No hay iglesia vasca esencialmente distinta de la iglesia española o francesa o de cualquier otra nacionalidad.

Para Egibar, en tanto en cuanto el obispo sea proclive a las ideas nacionalistas vascas, su nacionalismo  servirá de garantía para no  “despersonalizar” ni “desarraigar” la iglesia vasca. Iglesia que -conforme a su personalidad y arraigo- tiene poco que ver -a su juicio- con la iglesia española. De no ser así, sucederá todo lo contrario.

Dado que la mayoría de los curas en el País Vasco son de sentir nacionalista, aunque no estén afiliados a partido alguno, se da por supuesto que el nuevo obispo,  por no proclamarse partidario de las tesis sabinianas, va chocar con la curia vasca y a renglón seguido con los feligreses, puesto que lleva consigo el propósito  de promover la despersonalización y el desarraigo de los católicos vascos, que son los que forman con los del resto del mundo, la Iglesia Católica por esencia universal.

De donde se deduce que Joseba Egibar, como la mayoría de los jerifaltes nacionalistas, se siente partidario  de la aplicación práctica de un totalitarismo político vasco, puesto que anhela y aspira a tutelar el comportamiento uniforme  de todo ser humano dentro de Euskadi, cumpliendo con los valores y principios proclamados como válidos por el credo nacionalista en materias referidas a la fe religiosa, al idioma, a la enseñanza, al trabajo,  deporte,  turismo,  sanidad,  seguridad social, etc., etc. En suma, “todo” sometido a su dictado.

Y a esto, además, lo llaman progreso. Porque nadie lo dude: los nacionalistas de todo cuño -da igual uno que otros- se sienten progresistas hasta el punto de tildar sin sonrojo de ultra conservador, a un obispo cualquiera por el hecho de no ser de su cuerda y no ser partidario, por ejemplo, de la ley del aborto. (Como si  eso de quitarse un ser vivo de encima, estuviera implícito en la personalidad vasca).

Naturalmente, si al nuevo obispo de San Sebastián se le achaca que no es nacionalista, corremos el peligro de que a tales jerifaltes se les escape el control  de la iglesia vasca. A lo mejor hasta al tal Sr. Obispo  se le ocurre  prodigar las misas en castellano que, como todo el mundo sabe, resulta ser un idioma inútil para relacionar al género humano con la Divina Providencia, cuando se ora desde el País Vasco.

Uno de estos jerifaltes, Pedro Urízar, secretario general de EA, ha pedido al recién nombrado obispo que tenga consciencia de la realidad social de Euskadi y actúe en consecuencia, porque de no ser así puede crecer el distanciamiento entre la iglesia y el pueblo.

¿Y Pedro Urízar alude a un distanciamiento entre la Iglesia católica y el pueblo? ¿No es esto, si examinaos la realidad que nos rodea,  como hablarle a Noé de un chaparrón?

Falta por medir cuando estuvieron tan desasistidos como en nuestros días, los actos religiosos católicos a lo largo de la historia en el País Vasco.

¿Qué parte de culpa cabe a los curas vascos en este distanciamiento? ¿Y qué tanto de responsabilidad corresponde a los obispos de esta bendita tierra que se sucedieron en los últimos años?

Qué alguien conteste a estas preguntas.

El Gobierno de Patxi López, en el País Vasco, se ha puesto a reformar algunas disposiciones dictadas por ejecutivos de cuño nacionalista.

Entre estas disposiciones están las que se refieren a la enseñanza. Para cumplir con los pactos cerrados con el PP, se pretende poner en pie de igualdad al castellano y al euskera y que sean los alumnos, por medio de sus padres o tutores, quienes ejerzan el derecho a la libertad de elegir en cuál de ellos quieren encauzar la educación de sus hijos o protegidos.

Se están superando en parte  los  criterios seguidos por los gobiernos del PNV, tendentes a favorecer la imposición del idioma autóctono en detrimento del español, mayoritario en el País Vasco.

Este cambio de criterios ha originado las primeras protestas de los nacionalistas y de sus seguidores. Lo dicen abiertamente: el idioma vehicular en la enseñanza en Euskadi, ha de ser el suyo, el euskera. La libertad de elección del idioma en la enseñanza les tiene sin cuidado.

Se advierte sin tapujos cómo,  entre los dirigentes nacionalistas, prospera la idea de politizar la educación en las escuelas vascas. De esta forma, los idiomas, en lugar de ser un medio para entendernos en la convivencia diaria, pasan a ser el  instrumento de ataque de un sector de la sociedad contra el otro, según el que utilicen.

Esta divergencia, que en parte pasa desapercibida, se agravará a medida que las exigencias nacionalistas aumenten. Y la paz no se romperá mientras se callen y sufran en silencio los que padecen las imposiciones idiomáticas. Pero esto no se puede garantizar que suceda siempre, a no ser que los territorios se independicen, que es lo que buscan los nacionalistas con su política excluyente.

Además de los muchos problemas que tienen los españoles, por la incompetencia de nuestros políticos en el Gobierno -porque el pueblo llano lo único que hace es pagar y padecerlos-, el de la educación con idiomas impuestos lleva camino de agravarse.  Por esta vía podemos acabar con enfrenamientos agresivos.

De nada sirve que entre los derechos constitucionales, el de la libertad de enseñanza quede disminuido u orillado si, por medio del idioma, se le fuerza a uno a seguir una idea de pensamiento impuesta por los poderes políticos.

De nada sirve, igualmente, promover, apoyar,  subvencionar un modelo de enseñanza como si fuera óptimo, si éste viene contaminado por la ideología idiomática.

Los padres y tutores tienen derecho a elegir y el Estado a garantizar esa elección. Han de crearse para ello los cauces necesarios y los modelos de enseñanza precisos, para que cada uno decida a plena satisfacción el que desea para sus hijos o tutelados.

En el País Vasco los nacionalistas quieren la enseñanza en euskera, y muchos que no lo son la quieren en castellano. Cada uno sabe el porqué. El actual Gobierno del PSOE trata de abrir vías a favor de los últimos, pero encuentra la oposición cerrada de los primeros. Esto significa que tan pronto como recuperen el poder los nacionalistas, volverán  a la política de exclusión del castellano.

Parece mentira que desde el Gobierno de España, desde el poder central, no se encuentre en estos tiempos, en que las vías de la electrónica han multiplicado las posibilidades de la enseñanza a distancia, el modo de defender la libertad de los que quieren estudiar en castellano.

E igualmente resulta paradójico, que los padres que defienden esa libertad y que luchan denodadamente por ella, confíen en que sean los poderes autonómicos de las circunscripciones con poder nacionalista hipertrofiado, los que vayan a resolver sus anhelos. Estarán sujetos siempre al vaivén de los votos y estos dependen muy mucho, en esas autonomías, de favores, premios, promesas y ayudas orquestadas por los nacionalistas a favor de sus votantes.

La libertad hay que ganársela todos los días y sólo se alcanza cuando uno rompe dependencias y trabas por la vía de los hechos, por supuesto dentro de la legalidad.

Ese es el problema que tienen los vascos que no reniegan de España. Han de empezar a pensar  en ingeniárselas para depender menos de los políticos y esto exige un fuerte asociacionismo, consciente de que también hay soluciones fuera de los estamentos oficiales.

Es mejor que los políticos dependan de las asociaciones, a que los no asociados dependan de los políticos.

Habló Urkullu, Presidente del partido Nacionalista Vasco. Lo hizo en Guernica el sábado último (día 24), fecha anterior a la convocatoria del Presidente del Gobierno Vasco para conmemorar, con los notables del País, el trigésimo aniversario del Estatuto Vasco. Nadie, entre los del PNV representativo, asistió a este acto en Ajuria Enea.

Habló Urkullu para reiterar sus afanes y para exponer que no se cumple el Estatuto. Pero no puso interés en señalar qué partes de este Estatuto están pendientes de cumplirse; no. No se cumple, a juicio de Urkullu, porque no se han desarrollado todas sus “potencialidades” ya que el Estatuto incluye el reconocimiento de la capacidad de decisión del Pueblo Vasco mediante un pacto político. Es decir que incluye el derecho a decidir si los vascos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya quieren separarse de España. Solamente esos vascos, porque los de otras latitudes no se rigen por ese Estatuto.

Llega más lejos en sus apreciaciones: “No se cumple porque <asusta> a quienes lo redactaron, impulsaron y aprobaron”.

¿A qué se refiere Urkullu?

Ni más ni menos que a la cláusula adicional del Estatuto que reza: “La aceptación del régimen de autonomía, que se establece en el presente  Estatuto, no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran correspondido en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que se establezca en el ordenamiento jurídico”.

Debemos hacer el esfuerzo de interpretar esta cláusula desde la perspectiva nacionalista.

Supongamos que ha llegado la hora de concretar la “no renuncia”, es decir la recuperación de todos los derechos  que al Pueblo Vasco le hubieran correspondido en virtud de su historia.

Acogiéndonos a los tópicos más divulgados por los nacionalistas y que se proclaman como históricos, “Los vascos jamás fueron conquistados por otros pueblos o tribus. Mantuvieron su independencia y si acaso, por guardar  la paz o por otras conveniencias, pactaron de igual a igual con reyes o jerarcas vecinos un régimen de convivencia. siempre que se comprometieran a respetar los buenos usos y costumbres, las viejas leyes de este pueblo elegido”.

Y siguen: “Como no hemos renunciado a tales derechos, que por historia hubieran correspondido al Pueblo Vasco, nos asiste el de pactar con plena libertad, en pie de igualdad, las condiciones de un nuevo pacto político en la seguridad de que aquí reinará la paz por siglos”.

A partir de este aserto, la gran familia nacionalista vasca, no tiene dudas: el vigente Estatuto está superado.

Para sustituirlo ya tienen un proyecto, un Estatuto de repuesto aprobado por el Parlamento Vasco, acorde con esos derechos que señala Urkullu, que ni más ni menos es el llamado “Plan Ibarretxe”.

Esa sencilla interpretación de la historia, no deja de ser un disparate, pero al repetirlo hasta la saciedad ha calado en las masas; y ha calado de tal forma que si usted se pone a explicar la verdad histórica sobre los orígenes y el desarrollo de Vasconia y sobre la evolución de los pueblos que se asentaron en esas tierras a lo largo de los siglos, corre el riesgo de ser tomado por un orate y de terminar en un manicomio, o quien sabe si en un sitio peor, por defender lo auténtico frente a lo falso.

Lo admirable del caso es que las empresas mediáticas repiten los errores históricos que propalan los nacionalismos, sin una sola advertencia que oriente al lector. Es como si alguien dijera que el descubrimiento de América  se debe a la audacia e intuición de Don Miguel de Cervantes y el medio informativo  dejase pasar uno y otro día esta falacia. Al cabo del tiempo cientos de miles de personas creerían que en efecto fue el manco de Lepanto el que llegó a La Española con las tres carabelas. Algo de eso debió de pasar, cuando el continente lleva el nombre que lleva, por Américo Vespucio, navegante italiano, con olvido de Cristóbal Colón.

Por otra parte, lo malo de este asunto no es, como dice Urkullu, que el Estatuto “asuste” a los que lo redactaron, impulsaron y aprobaron.

Si bien se mira, esa disposición rectamente interpretada ―y sobre eso hay jurisprudencia― significa que el Estatuto puede ser reformado y hasta sustituido por otro de nuevo cuño. Pero las reformas han de hacerse “de acuerdo con lo que se establezca en el ordenamiento jurídico”; y puesto que no hay otro “ordenamiento” que el mismo que  posibilitó el Estatuto, es decir, el regulado en la Constitución, tendrán que ajustarse a lo prescrito en la Carta Magna. Y como no figura el derecho a decidir de los vascos, sin contar con el resto de los españoles, lo que dice Urkullu no deja de ser un disparate.

Ahora bien: Los que de verdad “asustan” y producen miedo son algunos políticos españoles. No sea que Erkoreka, el año que viene vaya de visita a la Moncloa y convenza al Sr. Rodríguez  Zapatero de lo bueno que sería reconocer ese derecho a decidir de los vascos. Zapatero sería capaz de concedérselo a cambio de los votos del PNV para aprobar el Presupuesto del 2011.

Así funcionan estas cosas en España. Claro que es para asustarse y echar a correr.

Era la pregunta de los españoles á finales de los sesenta: “Después de Franco ¿qué?”.

Si la incertidumbre era inquietante en toda España, aquí, en el País Vasco, con una ETA desatada, resultaba temible el porvenir presagiado. Y así nos fue.

La falta de sensibilidad, unida a la falta de reflejos de un poder desarbolado, suele ser muy peligrosa para los que caminan por la senda de las víctimas. Siempre hay alguien que paga los platos rotos.

ETA estaba creciendo a ojos vistas. La izquierda de todos los países influyentes justificaba sus acciones. Una gran parte de la derecha crítica condenaba sus asesinatos, pero se resignaba. Sólo unos pocos se enfrentaban a lo que significaba tanta concesión.

Existe una teoría, ratificada por los hechos, según la cual los regímenes considerados fuertes y con cuajo, caen antes por las insidias y asechanzas generadas desde dentro, que por los ataques de sus más fervorosos enemigos.

Al franquismo se lo cargaron los franquistas. El cambio de un régimen totalitario por otro democrático en cosa de un año, solo podía tener éxito con el asentimiento de muchos que prometieron la más inquebrantable adhesión a Franco.

Al repartirse los despojos del fenecido régimen, cobraba sentido como nunca la pregunta: “Después de Franco, ¿qué?”.

Entre los que avizoraban el reparto estaban los nacionalistas históricos, toda la gama izquierdosa, una gran parte de la derecha avergonzada de serlo, el mundo financiero, los intelectuales de toda laya, hasta un amplio sector del clero.

Así hemos llegado al mandato del Sr. Rodríguez Zapatero. Nos dejará una España dividida, invertebrada, menos democrática y más pobre que la por él recibida. Cuanto más tarde en irse, será peor. Y vuelve a tener sentido la pregunta:

Después de Zapatero, ¿qué?

El principal partido de la derecha anda, hace años, a la deriva. Está falto de reflejos. Lo despedazan desde dentro. Y terminarán por aburrir a sus votantes.

Así, el PP no puede llegar al poder. Así, terminará por espantar una clientela fiel y firme en sus convicciones. Así, no se ganan las elecciones.

Después de seis años pagando la mordida, ¿qué nos espera? ¿Más Zapatero todavía?

Desde su debilidad, Zapatero, para aprobar sus descabalados presupuestos, acude a los nacionalismos periféricos y gestiona sus votos. ¿A como andan en el mercado prenavideño? Pacta y paga lo que sea. ¿A quién perjudica? A una mayoría de españoles, en beneficio de unos pocos que no se sienten como tales.

El PP no puede impedir esas onerosas alianzas si no mueve ficha; de hecho no puede impedir que se paguen unos peajes vergonzosos por parte del Gobierno, para que el Presupuesto salga a flote.

Si el PP moviera ficha, si le diera carrete al PSOE, si antes de que se cierren esos pactos indecentes con quienes todos sabemos pudiera evitar la presencia en el Congreso, el día de la votación presupuestaria, de treinta de sus parlamentarios, el PSOE no necesitaría apoyos aunque el PP votara en contra. Sería casi lo mismo, pero en beneficio de una mayoría de españoles al no tener que pagar chantajes a los de siempre. Es más, el PP podría sacar algo, tal vez alguna alianza en materia lingüística, alguna concesión en favor de los creadores de empleo… quizás el uso de vaselina para suavizar el encabronamiento en que andan metidos los partidos mayoritarios, en beneficio de ya se sabe quién.

Esta política no es ponerse a favor del  adversario. Es un posicionamiento realista, ante unos hechos desgraciados. Es algo  explicable y asumible. En esa línea está el pacto del PP y el PSOE en el País Vasco. ¿Creen que perdería votos el PP, por eso?

Como se pierden votos es dejando que los partidos pequeños se lleven la tajada del león.

Pero la pregunta sigue ahí. Y después de Zapatero ¿qué?

Como de aquí a la Navidad el PP no acierte a solucionar sus problemas, y no aprenda a innovar su estilo  opositor, tendremos Zapatero para rato.

Sábado, 3 de octubre de 2009

Me atrevo a sostener que la derecha española es, entre los partidos políticos de ámbito nacional, la que peor ha entendido la forma de abordar el prolongado conflicto vasco. Podría decirse que lo hizo siempre tan mal, que terminó por anular y por dejar en la cuneta a los líderes vascos de la derecha que, prudentemente, defendieron unas mínimas concesiones, para al final, cuando la cosas se complicaban, terminar otorgando a los nacionalistas mucho más de lo que tercamente habían negado a los de su idea.

Vamos a la historia: en el siglo XIX los liberales fueristas vascos fueron ninguneados por los políticos de su cuerda cuando pedían lo que hoy  podríamos llamar unas migajas forales. Se comprende que los Gobiernos centralistas trataran de uniformar los  derechos y deberes de todos los españoles. Eso era lo racional, lo que pide un anhelo de justicia: un trato equitativo para todos.

Desgraciadamente, la realidad política y la evolución de los pueblos, no es tan lógica y cartesiana como las concepciones de los  teóricos legisladores.

Aquellos gobiernos centralistas no consiguieron que la España del XIX saliera de la pobreza, ni evitaron las corrupciones, los caciquismos, las injusticias. De todo eso, había menos en las Vascongadas que en el resto de España.

Aun con todo, un estadista como Canovas del Castillo percibió que la pérdida de los fueros tras la última guerra carlista, daría pie a reacciones virulentas. Entonces idearon la aplicación de un régimen tributario (el Concierto Económico) que con el paso del tiempo sirvió para frenar la expansión nacionalista.

En 1937, el régimen de Franco privó del Concierto Económico a Vizcaya y Guipúzcoa a las que llamó provincias traidoras. Otro error. Se podían haber suprimido los conciertos económicos por las razones que fueren, pero en su totalidad, sin exclusiones. En este caso se conservaron los de Álava y Navarra, como si en estas provincias  no existieran detractores del franquismo. Vizcaya y Guipúzcoa dieron un contingente notable de voluntarios requetés que, pasando la línea divisoria del frente, constituyeron unidades de combate que fueron decisivas para Franco, en la guerra y luego en la paz. Franco desoyó las súplicas que se le hicieron por notables ex combatientes de estas provincias para que se les devolviera el régimen de Concierto.

Ni en Álava ni en Navarra el nacionalismo vasco tuvo el desarrollo ni la virulencia que alcanzó en Guipúzcoa y en Vizcaya.

El  Concierto Económico, era propio de cada Diputación. Suponía un reconocimiento de la foralidad provincial. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, concertaban con el Gobierno Central el cupo a pagar por los tributos concertados. Entre las tres Diputaciones discutían y llegaban a un acuerdo sobre la cantidad que cada territorio aportaría a las arcas del Estado. El remanente, la cantidad que restaba entre lo recaudado y lo abonado al erario, iba a cada Diputación y éstas lo administraban con total libertad y autonomía. Esto hoy no sucede.

La derecha nunca ha entendido que la autonomía de los vascos no era centralista, como luego se consagraría en el Estatuto. Era una autonomía propia de cada provincia. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, se entendían como hermanas, pero cada una tenía su territorio autónomo respecto de las otras.

Si no se ve la diferencia que hay entre un País Vasco centralizado, al que se la han dado atribuciones que nunca soñaron los viejos fueristas, y un País Vasco foral, donde cada Diputación es la que asume las competencias principales, nunca se entenderá cual es la forma más eficaz de combatir al separatismo vasco.

Ahora ―que me perdonen los populares centralistas― vuelven a caer en el mismo error ante eso que han dado en llamar el blindaje del Concierto Económico.

Lo que se discute es algo que se puede conseguir fácilmente a costa de mermar aún más las competencias de las Diputaciones. Veamos: todos los decretos que se dictan en las distintas Comunidades Autónomas de España, sólo tienen una vía de recurso: la del Tribunal Constitucional.

Pero las normas que se dictan por las Juntas Generales de cada provincia en el País Vasco, por ser de otro rango, pueden recurrirse en la vía Contencioso Administrativa.

Los socialistas proponen que las disposiciones referidas a temas fiscales, pasen por el Parlamento Vasco y una vez sancionadas por éste, solo cabe el recurso Constitucional.

La posición del PP liderado por Basagoiti es que se mantenga la competencia de las Diputaciones y que se den a estas disposiciones el rango que se merecen y se equiparen a los decretos de las Comunidades autónomas.

A Basagoiti, como a los liberales fueristas del XIX, o a los franquistas guipuzcoanos y vizcaínos de la posguerra, quieren hacerle la jugada de siempre. Y lo dejan, muy señores míos del  PP, con el culo al aire. Lo dejan con un argumento que esgrimen ya los nacionalistas: ¿Qué puede esperarse de unos políticos que presumen de defender la autonomía vasca y al primer envite se tienen que callar y obedecer ciegamente lo que se les ordena desde Madrid?

Señores de Madrid: hay que formarse un criterio sobre el modelo de autonomía que ustedes quieren defender en el País Vasco. No lo tienen. No lo han tenido nunca ni lo tienen ahora. Pasó con la UCD, pasó con AP y pasa con el PP.

Como nunca tuvieron formado ese criterio, lo que pudo ser una autonomía con preponderancia de las Diputaciones sobre un Gobierno centralista vasco, no cuajó. Y de esto se habló mucho, con resultado nulo, cuando se fraguaba la Constitución. ¿Qué hizo la UCD? Puentear a algunos de los suyos a los que mandaron al ostracismo y dar a los nacionalistas, con el apoyo socialista, la posibilidad de sentirse dueños para imponer sus tesis; la posibilidad de tener al alcance de su mano un Estado emergente.

En el fondo de todo afán separatista subyace un complejo de superioridad.

Muchos vascos y  catalanes  genuinos, de  raza, -no todos- se consideran superiores a los originarios de otras zonas de España. Convencidos de esta superioridad, los calificativos aplicados por los nativos de Vasconia y Cataluña a los oriundos de otras tierras -apodados “maketos” o “charnegos”- encierran un genérico sentido despectivo.

En el fondo, este sentimiento no es sino una muestra más de la conducta que la casta mejor dotada económicamente, sigue respecto a la más pobre, cuando ambas se ven obligadas a convivir en espacios comunes.

Lo curioso del caso es que la segunda y tercera generación del “maketo” o “charnego” inmigrante, educada en el ambiente vasco o catalán, no echa la vista atrás para reconocer sus orígenes; son mayoría los que reniegan de su oriundez y sintiéndose tan vascos o tan catalanes como el que más, se inclinan a integrarse bajo la bandera de los que alimentan ese complejo de superioridad. Por eso tienen tantos votos los partidos nacionalistas, prestados por los hijos y los nietos de “maketos” o “charnegos”, que sufrieron humillaciones inmerecidas al llegar a esas tierras para ganarse el pan de cada día.

Antes que el idioma o que la raza, puede asegurarse que el factor económico social es el de más importancia entre los que animan a vascos y catalanes a separarse del resto de España. Los nacionalistas catalanes y vascos están convencidos de que los demás españoles son un lastre para su desarrollo.

Establecer comparaciones con lo que pasa en otras latitudes en casos similares, suele conducir a planteamientos erróneos y a soluciones imposibles. La diferencia entre castas en los EE.UU., se manifiesta de manera distinta. Se prohibía a los negros el uso de los mismos autobuses, o les vedaban el acceso a escuelas y universidades de mayoría blanca, o los arrinconaban en barrios marginales. Pero  los socialmente maltratados, no renegaban de su ascendencia ni pugnaban por una nación separada; si alcanzaban la condición de seres respetables, era haciendo meritos con el estudio y el trabajo, en lucha franca contra los que se mostraban superiores, sin traicionar a los suyos.

Aquí, no; aquí los hijos de la España pobre, se mimetizan con los  poseídos del complejo de superioridad. “Me quedo aquí; yo soy <vazca>”, decía con acento andaluz una chiclanera cuando le preguntaban si pensaba volver a su tierra.

El separatismo pierde fuerza cuando el nivel de vida y el cultural se igualan entre las distintas regiones. Es la única forma de que los complejos de superioridad pierdan la razón de ser.

En el plano político, no se puede negar que los mandamases de las regiones más pobres de España -no sus gentes-, también se sienten emulados por los políticos vascos y catalanes. Sus autonomías responden a los mismos cánones impuestos desde Vasconia y Cataluña. Piden para su Galicia, su Andalucía, su Extremadura o la región que fuere, lo mismo que catalanes y vascos; siguen la estela que éstos les marcan. Defienden lo suyo de forma mimética, por no ser menos que lo otros. Basta ver su comportamiento en el proceso seguido para llevarse la mejor tajada en esa debatida financiación autonómica. Y sin embargo, no protestan porque Cataluña y el País Vasco, han ido por delante, han tratado bilateralmente sus bases de financiación, han conseguido imponer sus condiciones y han marcado un precedente.

Pero fuera cual fuere el método, al final las regiones ricas lo siguen siéndolo y las pobres no salen de la pobreza por mucha que sea la autonomía conseguida.

Para sacar a una colectividad de la pobreza -no lo olvidemos- hay que contar con el mérito y el esfuerzo de las personas que la forman. El secreto está en las ganas de aprender y de trabajar de cada cual; en suma en su afán de no rehuir el esfuerzo y en primar el mérito. A los políticos les corresponde estimular esas virtudes. Mientras propicien el paro y se olviden de ayudar al ingenio y tesón, no hay solución posible.

Por tanto, el rearme contra el separatismo, en el plano económico y social, está en manos de los políticos. Esto no deja de ser una desgracia, cuando los que pueden hacer algo no se entienden.

Cualquiera que siga la evolución de los movimientos separatistas, habrán podido detectar que no paran de pedir; todo momento es bueno para alcanzar sus objetivos económicos.

La ley electoral les ha venido como anillo al dedo. Sin escrúpulo alguno, cada vez que el Gobierno de España ha necesitado los votos de los partidos nacionalistas (que además atacan al sistema con las armas que les proporciona el sistema) ha tenido que pasar por taquilla.

Vista la debilidad del poder central y el creciente poderío de los nacionalismos, ¿alguien  piensa que los residentes en estas circunscripciones autonómicas, son ajenos al goteo de votos hacia los separatistas?

No se dejen engañar por el hecho de que el PSOE gobierne en el País Vasco. Puede ser pan de un día. La fuerza estará donde está, mientras no cambien de mentalidad los líderes que dirigen los dos grandes partidos españoles. Mientras no vayan aliados para defender el modelo de Estado aprobado en la Constitución de 1978. 

El separatismo es polifacético y se vale de mil recursos para llevar adelante su idea independentista. Voy a ceñirme una de sus acciones básicas: la imposición del idioma autóctono.

El escritor Federico Krutwig, en su libro “Vasconia” es uno de los pocos que, desde el bando nacionalista, se mostró crítico con la tesis de Sabino Arana. Se trata de un autor un tanto errático al que no dieron la importancia -o por lo menos no reflejaron el eco que tuvo en la formación de algunos jóvenes que luego fueron a militar en ETA- los nacionalistas del PNV.

En tanto Sabino Arana colocó a la raza como un factor fundamental constituyente del sentimiento nacional vasco, Federico Krutwig concede ese privilegio al idioma.

Arana, con su forma de pensar, vino a coincidir con el “ario” Adolfo Hitler. Tras la derrota de la Alemania nazi, este factor étnico, el de la raza superior, fue mal visto entre los vencedores de la II Guerra Mundial. Sobre el racismo cayó el desprestigio en todo el mundo civilizado y pretender reflotar la superioridad étnica de los vascos habría sido un grave error.

Los fanáticos de la raza superior, de la raza elegida, giraron en la exposición de sus ideas y dejando la etnia a un lado, idealizaron el concepto de pueblo; un pueblo diferente, distinto, con su idioma propio, sus derechos históricos, su propia mentalidad y cultura: el pueblo vasco; un pueblo elegido que tiene y defiende sus derechos. De ahí a descubrir y patrocinar los “derechos colectivos” solo hay un paso.

Da qué pensar, pese al cambio de las ideas motoras del independentismo, (la raza en su momento, el idioma luego) que los fanáticos permanezcan, perduren, se mantengan firmes, ahora con otro pretexto, otra bandera o símbolo al que seguir ciegamente.

Federico Krutwig, fue uno de los que situó a la lengua, al idioma autóctono, en el número uno entre los factores que contribuyen a forjar la independencia de un pueblo. El idioma es el primer signo de identidad, el más importante, “tanto que se ha llegado a decir que allí donde se habla una lengua diferente, existe una nacionalidad diferente”. Y aunque esta afirmación no sea cierta, insiste en que tiene mucho de verdad.

La conclusión a la que llegan los políticos nacionalistas, incluso los más ecuánimes, coinciden con este teórico, con F. Krutwig,  que sostiene: “Se puede decir que un pueblo que deja de hablar su lengua nacional, pierde su nacionalidad y que, quien no enseña su lengua nacional a sus hijos es un enemigo de la patria que desnacionaliza a su pueblo al desnacionalizar a su familia. Es más, cuando se descuida el idioma nacional y no se emplea en la conversación cotidiana y para todos los menesteres de la vida, se ha penetrado ampliamente ya, en la vía de la desnacionalización”.

Conviene llamar la atención sobre este disparate, pues tenemos el caso de pueblos con hondo sentido nacional,  cada uno hablando el mismo idioma (es el caso de las repúblicas iberoamericanas que tienen como propio el idioma español) y otros que aun hablando distintos idiomas forman una nación muy unida (es el caso de Suiza).

El hecho es que en España han gozado de gran predicamento los doctrinarios que sostienen el principio que les induce a imponer el idioma autóctono, a juzgar por cómo los nacionalistas lo han aplicado, para la cual no han dudado en pisotear uno de los derechos fundamentales de la persona, la libertad de enseñanza, que por supuesto incluye la libertad de los padres para elegir el idioma en el que desean instruir y educar a sus hijos.

Cuando en el ejercicio del poder, los gobernantes son capaces de sobrepasar unos límites, en este caso los marcados por un derecho individual, estamos ante una muestra de fanatismo: el del idioma impuesto.

Se alza la bandera del idioma, se divulgan sus virtudes, su historia, se le hace jugar el papel de víctima y a partir de este hecho, empieza la recluta de partidarios del idioma considerado como el signo de identidad de su pueblo, y no sólo merece el culto de los convencidos, sino que consiguen que deba exigirse como único y válido dentro de las fronteras de la nueva nación emergente. Se obliga a que el derecho colectivo prime sobre el derecho individual.

Por supuesto, la religión, la enseñanza, el comercio, las actividades profesionales, hasta el uso cotidiano, han de supeditarse al imperio del idioma y ¡ay de aquel que no se amolde a estas exigencias!

Conducida la política por estas vías, crea adhesiones y genera rechazos y, naturalmente, los más fanáticos llevan las de ganar al politizar el problema, si no hay una respuesta igualmente política para frenar sus ansias.

En la actualidad, en las comunidades autónomas que aspiran a constituirse primero en nación y luego en Estado independiente, están sirviéndose de estas minorías fanatizadas para desplazar el idioma español (incluso posponiéndolo al inglés), convencidos de que prestan un servicio al independentismo,  con ello al progreso y, como meta final, al logro de la felicidad de los hombres que hablen su lengua.

Ahora, ni siquiera los partidos de ámbito español -que han consentido el desafuero- tienen una respuesta para este problema.

Los fanatismos, todos, son de muy difícil desarraigo. Pero como primera medida, hay que denunciarlos, como lo que son, en todas las instancias. Denunciarlos con la razón por delante, poniendo sobre la mesa los ejemplos personales, la situación de los perjudicados, la pérdida de la libertad pese a las leyes que nos gobiernan; es la única forma que las gentes de a pie tienen para contribuir a que una mayoría despierte.

Esa mayoría despierta, llegado un momento, será capaz de arbitrar las soluciones y sabrá luchar por sus derechos. Y obligará a que los partidos que defienden la libertad, actúen en consecuencia. No veo otro camino.

No es fácil eludir esta ola de fanatismo que nos invade, pero es algo aconsejable y posible.

La Constitución de 1978, refleja el afán de los políticos encuadrados en la derecha en esa ocasión, por desligarse, a marchas forzadas, de todo aquello que significara alguna vinculación con el régimen franquista.

Se manejaba la teoría de la reconciliación y esto obligó al PC, por citar un caso, a tener que aceptar la bandera bicolor y la institución monárquica. En la otra banda, la derecha (aun no queriendo reconocerlo), arropándose los del partido más influyente ―la UCD― con la capa de un centrismo reformista, se comprometieron a desmontar en cosa de meses, todas las instituciones franquistas.

Pero así como las izquierdas venían curtidas desde la oposición en el ejercicio ideológico y estaban entrenadas en el acoso y derribo del adversario, empezando por su acervo doctrinal, las derechas moderadas, que habían sesteado durante el largo período franquista, estaban desentrenadas y avergonzadas incluso de su derechismo. En resumen, se mostraron doctrinalmente indecisas e inermes ante la ofensiva de las izquierdas.

Era difícil acertar. La ultra derecha no captaba el fervor popular y su destino estaba marcado: tenderían a ser pocos y mal avenidos. A la  derecha democrática y mejor estructurada ideológicamente, la AP de Fraga, le sucedía algo parecido: no gozaba del apoyo de las masas de votantes por suponerlos continuadores de un franquismo pasado de moda. Nos quedaba la UCD, un amasijo ideológico, donde se alistaron los llamados liberales de distintas familias, algunos democristianos, otros cuantos socialdemócratas y muchos personajes procedentes del Movimiento Nacional, capitaneados por Adolfo Suárez, dispuestos a tragar todo lo que los demás diesen por bueno.

La UCD logró la mayoría en las primeras elecciones democráticas, pero pronto advirtieron sus componentes que lo de la “Unión” era un tente mientras cobro, lo de “Centro” un calificativo sin sustancia y el vocablo “Democrático” la careta que todos se pusieron para que no se les viera el color de la vergüenza. Aquel partido nunca practicó la democracia interna y, fuera de cuatro lugares comunes, su doctrina carecía de nervio. Y terminó donde suelen terminar los edificios mal armados: convertidos en material de derribo.

Sobre base tan endeble de las derechas, casi tendríamos que estar agradecidos a que las izquierdas actuaran moderadamente cuando formularon las demandas sociales. Pero, la verdad, en cuanto a configurar el modelo de Estado, no se sintieron estas izquierdas obligadas a defender, con nervio, la soberanía del pueblo español frente a las excesivas apetencias nacionalistas de la periferia; no fueron capaces de resistir las presiones del fanatismo radical separatista. Así salió como salió la Constitución de 1978.

Ahora, una vez comprobado que para la generación del  PSOE que nos gobierna,  lo importante y lo rentable en el plano político ―y hasta en el personal―no es la defensa de la Constitución, sino mantenerse en el poder, nada les importa ceder para ―tal  y como decía en frase coloquial el hoy Presidente del Senado― estar siempre subidos en el tiovivo.

¿Y la derecha que vota, no la que lidera (como también la izquierda en gran parte), qué proyecto tiene?

Hay que pensar que no tiene otra respuesta que la de contestar al fanatismo nacionalista periférico, con otro fanatismo nacionalista central.

Los fanáticos nacionalistas de Cataluña o del País Vasco, odian a los españoles sin distinción, y los fanáticos nacionalistas de España, odian a los catalanes y vascos, igualmente sin distinción.

Si titulo este comentario “Rearme contra…”, de forma negativa, que no me va, es porque los no fanáticos han sido incapaces hasta ahora de entrenarse en la defensa de un nacionalismo racional y no excluyente.

Pero incluso para la defensa hay que rearmarse; porque hoy, estamos inermes, pasamos por una fase de debilidad y esto lo saben todos esos fanáticos que aspiran a constituir naciones independientes en los territorios donde imponen sus condiciones, a nada que tocan poder.

Estamos inermes, y así se ha llegado a quitar importancia y dejar que se organicen plácidamente actividades de todo tipo, donde la unidad de España queda por lo suelos, es nefanda, y donde los fanáticos de turno tienen derecho a organizarse por su cuenta y razón para hacer lo que quieren: desde quemar la bandera símbolo de la soberanía de España, hasta organizar refrendos secesionistas o prohibir la rotulación de los comercios en castellano idioma oficial de la nación española.

Hay que empezar por desmotar esta falsa idea de que el fanatismo separatista tiene más fuerza y poder que la moderación aun no organizada; que el separatismo lleva al progreso y la tolerancia al retroceso; que la felicidad llega con la exclusión y no con la cooperación.

Confieso que no es tarea fácil llegar a las gentes con un cuerpo de doctrina conciso, claro, asequible, capaz de ganar adeptos entre los sectores que van de acuerdo con la moderación y la tolerancia; pero también creo que no estamos ante un imposible.

Pasa, sin embargo, que los partidos políticos que cuentan con los votos de estos moderados, pacíficos y tolerantes en su mayor parte, no han sabido valorar la fuerza que tienen para organizar la defensa de un Estado unido por la cooperación de sus pueblos.

Así está la cosa. Confiemos, no obstante, en que alguien ha de surgir para movilizar a esas gentes. Es posible que ese alguien pille a los instalados e insensibles a la demanda de unidad, discutiendo si los que vienen son galgos o podencos…

No sería la primera vez.