Bitácoras de Rebelión digital

Bitácora "PMM" Por Pedro Morales Moya

Consulta soberanista

Por Pedro Morales Moya

Martes, 15 de septiembre de 2008

Acabo de oír a través de una emisora de radio, la opinión de un tertuliano ―que no tuvo respuesta, sino que fue admitida como buena por los demás contertulios― según la cual, una entidad privada puede organizar consultas sobre un tema tan grave como es la promoción del separatismo, que hoy lo llaman “soberanismo”, en este caso referido a Cataluña a través de Arenys de Munt.

Al ser debatida esta cuestión, cuando en su día fue propuesta por el Lehendakari Ibarretxe para organizar a Euskadi como Estado asociado con el de España, fue rechazada de plano por carecer de competencias para montar una consulta de este carácter por vía de referéndum, porque así estaba dispuesto en el ordenamiento jurídico español.

Entonces cabe pensar: ¿cómo es posible que a una Comunidad Autónoma le nieguen esta vía para consultar al pueblo, y pueda servirse de ella cualquier mindundi a nada que cuente con medios para ello?

Aquí, algo no cuadra. Esto lo dice el sentido común, al que por lo visto se le da de lado, no ingenuamente, sino pensando que las personas, en general, tienden a dar por bueno lo que dicen los cuatro comentaristas de turno al empezar el día.

La Ley orgánica 2 de 1980, que regula esta materia, viene a desarrollar el Artículo 92 constitucional, que si bien admite que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrían ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, también indica que éste “será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados”.

Claro que alguno dirá, al igual que el tertuliano de la mañana: eso es válido para los refrendos organizados por la vía oficial, pero no rige ante iniciativas promovidas por personas o entidades privadas que, además, tan solo formulan una consulta restringida en una determinada jurisdicción municipal.

Uno recuerda el aforismo latino, muy manejado por los juristas que reza así: UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS”. (Donde la ley no distingue nosotros no debemos distinguir).

Dado que nuestra Constitución se fundamenta “en la indisoluble unidad de la Nación española” es justo y legítimo que, en ese mismo documento o en leyes concordantes, se tomen precauciones para que este principio básico, este pilar, se mantenga firme y seguro.

El sentido común indica que si algo está vedado a las instituciones oficiales para no menoscabar tal basamento, con mucha más razón ha de estarlo a la iniciativa particular. De otra forma, dicho coloquialmente, se descuajaringaría el invento, que es lo que se busca por los ideólogos y fanáticos seguidores de todo separatismo.

Pero hombre, dirá más de uno: esto de Arenys de Munt no ha sido un referéndum; ha sido una simple consulta a la que no debe darse importancia. Pues no; tiene su calado por mucho que se quiera distraer al oyente o al lector de buena voluntad.

La ley Orgánica 2/1980 regula las distintas modalidades de referéndum y para eliminar toda duda se dispone en su artículo 2º - 1: “La autorización para la convocatoria de CONSULTAS POPULARES por vía de REFERENDUM, en cualquiera de sus modalidades, es competencia EXCLUSIVA del Estado”.

Si esto rige para la esfera oficial, ¿por qué no ha de tener la misma aplicación para las iniciativas particulares?

Lo de Arenys de Munt, ha sido una consulta popular y se ha ejercido por la vía de referéndum. Luego le afecta la legislación vigente y es ilegal.

Todas las libertades y derechos tienen sus limitaciones que los mismos textos legales que las amparan, se encargan de explicitar para defensa de valores que atañen a todo el cuerpo social.

¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el Gobierno y los mecanismos de defensa del Estado unitario no se han puesto en marcha?

Por la sencilla razón de que al partido socialista en el poder ―incluidos los señores Zapatero y Montilla― no le conviene ejercer de español (PSOE) a pleno rendimiento. Se juegan bazas políticas, alianzas útiles a sus intereses partidistas, entre ellos los de carácter electoral. Eso es todo. Algo esperado porque nunca dieron la talla de estadistas.

Les va a salir el tiro por la culata ya que, según se anuncia, en otros quince distritos municipales, encariñados con la idea, se estudia la convocatoria de sendos refrendos como el de Arenys de Munt.Y sólo acabamos de empezar.

La teoría de quitar importancia a estas convocatorias, para no irritar a las masas separatistas, puede tener consecuencias irreparables. Ante esta realidad no queda otro camino que el de denunciar, razonadamente, en todas las instancias la ilegalidad de esta ocurrencia.

Se ha seguir el tema de cerca y promover, además y complementando las denuncias, la reacción de los españoles por vías didácticas, sobre todo haciendo ver que en la unidad está el progreso y el bienestar de todos los españoles.

Por lo menos es lo que sugiere el sentido común.

Racionalizar las autonomías

Por Pedro Morales Moya

Miércoles, 9 de septiembre de 2009

Sería absurdo que un simple aficionado a la política –como es mi caso- pretendiera dar lecciones a tanto experto como existe en temas legislativos. Trato de guiarme por el sentido común y por media docena de conocimientos genéricos con los cuales consigo que, al menos, no me engañen.

Y el sentido común me dice que el desarrollo autonómico de España no va por buen camino. Cada porción autonómica tira para casa y una de las bases sobre las que se montó el tinglado, el principio de solidaridad, está en vías de irse al traste.

En esta misma línea de conducta, desconectadas las autonomías del deber de atención y defensa de los intereses comunes a todos los españoles, alcanzada la meta de la división como quieren algunos ―que aun siendo minoría imponen sus criterios― los problemas se multiplican y resulta muy difícil poder vencerlos.

¿Qué influencia tiene, en la crisis que nos acucia, la debilidad del Gobierno central, impuesta por una alucinante ley electoral que le obliga a someterse en asuntos trascendentales al voto de los nacionalistas? ¿Acaso no sería muy distinto el curso económico y social de España, si los dos partidos mayoritarios alcanzaran un acuerdo, por ejemplo, en materia presupuestaria, sin necesidad de entregarse atados de pies y manos a esas minorías que no se cansan de pregonar sus objetivos independentistas y además reciben competencias y medios económicos para poder alcanzarlos?

Para rematar este argumento basta mirar el resultado de la financiación autonómica donde el Gobierno ha tenido que darse por vencido, ante las presiones de una sola comunidad autónoma: Cataluña. Los catalanes nacionalistas no han tenido reparos en proclamar que esta victoria constituye un paso más hacia el triunfo definitivo del separatismo.

Es tan aberrante todo esto que está sucediendo, que causa pasmo pensar cómo en el planeta Tierra, hay un país, que pasa por democrático, donde una décima parte de los votantes imponen su voluntad a las nueve restantes. Único caso digno de figurar en textos históricos: pasan de veintiún millones los votantes del PSOE y el PP, que sienten a España como una nación, y no llegan a dos millones los votantes nacionalistas de todas las tendencias; y sin embargo, estos últimos, imponen sus condiciones a los mayoritarios.

Vuelvo al sentido común para deducir que solamente si el PSOE y el PP se unen en un punto esencial como es éste, podrán luego acordar la fijación de unas bases firmes para vencer la crisis. Y si no se unen, por esa desunión se irán (se nos van ya) no sólo los dineros a raudales, sino, lo que es peor, una miríada de energías imposible de valorar pero fundamental para que los españoles podamos seguir adelante con éxito.

Como parece, ni el PSOE ni el PP están por la labor; ellos verán. La historia les juzgará y su calificativo está cantado: políticos incapaces de ejercer como estadistas.

Es muy triste, pero quienquiera que reflexione poniendo sobre la mesa el sentido común, no puede llegar a otras conclusiones.

Pero esto aparte, por las noticias que llegan sobre el derroche de algunas comunidades autónomas, hay base para pensar que no se cumple con el celo debido la disposición 4) del Artículo 133 constitucional, según el cual “las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes”. Si así no fuera, habría que revisar esas leyes para evitar, otro ejemplo, el montaje de oficinas en el exterior, realizadas al menos por dos comunidades autónomas, con el propósito de funcionar como legaciones propias y al margen de la diplomacia española.

Aquí, a fuerza de practicar el ejercicio de mirar para otro lado, nadie toma estos hechos por anomalías impropias de un Estado serio.

Y verán, sólo tendremos un Estado serio y respetable, cuando las leyes que existen se desarrollen y se apliquen en beneficio de la idea principal, en este caso el Estado unitario español, creado bajo este argumento: es el que votaron democráticamente la inmensa mayoría de los españoles.

Si hay que cambiarlo, se cambia por las buenas y se vota la reforma de la Constitución. Pero no es de recibo que el cambio nos llegue a todos, por la venalidad de unos pocos y, para más coña, por debajo de la puerta y haciendo trampas.

Apaga y vámonos

Por Pedro Morales Moya

Viernes, 28 de agosto de 2009

En 1978 se constituyó el Consejo Preautonómico del País Vasco. Fue una concesión del Gobierno de Suárez, de una parte para contentar a los nacionalistas y demostrarles su propósito de activar la autonomía vasca y, de otra, para conseguir que se disolviera el Gobierno Vasco en el exilio, como se había hecho con la Generalitat de Cataluña. Esta iniciativa disolvente, tuvo una respuesta negativa por parte del PNV y así se llegó al momento de elegir al Presidente de este Consejo.

Los socialistas insistieron: si el PNV disolvía el Gobierno Vasco, votarían al candidato nacionalista, Ajuriaguerrra. Por el contrario, si persistían en la idea de no disolverlo, el PSOE presentaría su candidatura personificada en Ramón Rubial.

En ese momento buscaron el apoyo de los tres consejeros que la UCD tenía en el Consejo Preautonómico. La elección fue accidentada pero al fin triunfó la candidatura de Ramón Rubial.

El argumento que los dos votantes de la UCD (de los tres que tenía) dieron para justificar su apoyo a Rubial, no podía resultar más nítido: el modelo de Estado defendido por el PSOE y la UCD, era autonómico y al mismo tiempo unitario; el del PNV no. La UCD no votó al PSOE, sino a un principio: el de la unidad de España.

Pues bien, a lo largo del tiempo se ha repetido por personalidades diversas, por analistas políticos, por periodistas, por historiadores, incluso por alguno de los gobernantes de la época, que aquella elección fue el error más grande que se pudo cometer para que el País Vasco surgiera como comunidad autónoma equilibrada y firme.

En esta España de pasteleos políticos, donde no hay conciencia de qué nos jugamos de cara al futuro, mantener un principio, defenderlo, votarlo, viene a ser un error. El santo, el reverencial miedo a los nacionalismos separatistas, excluyentes y partidarios de minar el sistema que posibilitó las autonomías, está dominando al Gobierno de España y a los capitostes políticos, ahora como entonces, en la creencia de que así se puede amansar a la fiera.

Y digo esto consciente de que hay una excepción: la del País Vasco, donde el PP –como sucedió en el 78- ha sido capaz de votar, no a favor del PSOE, sino a un principio: el de un Estado unitario apoyado en una estructura autonómica.

Una sola excepción porque, en el resto de España, ni el PSOE ni secundariamente el PP han sabido defender con inteligencia suficiente y unidos, ese principio. No se trata de repartir culpas, ni de buscar responsabilidades. Pero algo están haciendo mal los dos partidos, para no haber sabido encontrar el punto de entendimiento que hiciera posible mantener intangible el Estado unitario, por el que votaron en mayoría abrumadora los españoles al aprobar la Constitución.

Ahora asistimos expectantes, en vísperas de la resolución tardía y no menos esperada del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, al desenlace que puede anular algunos artículos del mismo.

Pues bien, ya se han pronunciado unos y otros, los nacionalistas y los que no lo son, pero rendidos por ese miedo reverencial a los postulados separatistas. ¿Y cuál es su propuesta ante esta contingencia? Muy sencilla: ver la forma de burlar la resolución del Constitucional, acudiendo a mil recursos todos ellos orientados a minar el Estado unitario que se votó, insisto, por la inmensa mayoría de los españoles.

Si el PP no es capaz de reaccionar y -después de un buen barrido dentro de casa- no se atreve a salir a la calle a gritar la traición que se viene consumando en perjuicio de los españoles, si no sabe demostrar que, como nunca, ahora, en estas circunstancias de crisis y de irrefrenable globalización, es cuando más conviene estar unidos, mal asunto.

Como le decía el cura al monaguillo, si no salimos con bien de este trance, apaga y vámonos.

A degüello

Por Pedro Morales Moya

Miércoles, 12 de agosto de 2009

Uno de los hechos más sangrantes que padecemos los españoles, viene dado por la lucha a degüello que sostienen los dos principales partidos de ámbito estatal.

Entre el PSOE y el PP suman más de veintiún millones de votos y por causa de estas luchas partidistas llevadas con ferocidad, son dos agrupaciones políticas debilitadas para sacar adelante asuntos de verdadero interés para el país; tienen al fin que recurrir al voto de partidos nacionalistas que, por necesidad convertida en hábito, desempeñan en estas circunstancias el papel de las sanguijuelas: coloquialmente, parásito que poco a poco va sacando del erario público, competencias fiscales, exenciones, ayudas, y otros dineros y alhajas…

No es verdad que dos no riñen si uno no quiere; es más cierto que sucede lo contrario, cuando uno de los dos pretende armar la bronca. Esto en España, sucedió en un principio, sucedió a lo largo del tiempo y sucede ahora.

A los congresistas que aprobaron la Constitución de Cádiz en 1812, empezó a darles caña a su regreso, en 1814, SM. Don Fernando VII porque le habían mermado poder y privilegios, y ahí empezó la última era en la que se constata el auge del reñidero nacional. Varios golpes de Estado, sublevaciones y asonadas, algún intento revolucionario y cuatro guerras civiles, trajeron como secuela las más despreciables y vengativas respuestas, a ejemplo de lo que hacía Don Fernando con los que no le caían en gracia.

Estas cosas las empiezan siempre unos pocos que normalmente viven o aspiran a vivir del dinero de todos, mientras las gentes españolas en su mayoría -sin distingos de colores- trabajan, venden, compran, se divierten, aman y penan, sin mirar si el uno es socialista y el otro pepero o de otras filiaciones.

Debemos negarnos a seguir el juego de esos pocos, en general malos gobernantes seguidos de una corte de aprovechados acólitos, que trasladan al país sus diferencias en términos belicosos. Estos ruidos se sabe como empiezan, pero nunca cómo acaban.

Muy al contrario de lo que vienen haciendo, conscientes de que España tiene unos graves problemas sobre el tapete, los políticos deben aunar esfuerzos para combatirlos con eficacia.

Uno de estos problemas es el terrorismo, al que favorecemos con estas luchas en perjuicio de esa mayoría que desea erradicarlo. Que algunos en su prédica diaria se atrevan a decirnos que vivimos en democracia, cuando miles de personas viven con escolta por temor a los terroristas, no deja de ser además de mentira, una broma muy pesada.

Otros problemas vienen generados por la crisis económica. Pretender que ésta se arregle sin el acuerdo de los dos principales partidos, no deja de ser otro castigo que lleva visos de prolongarse en el tiempo, si persisten estas luchas estúpidas llevadas al límite.

La corrupción en España empieza a ser endémica y otro gran problema; no se salva de esta corrupción ningún partido político a nada que toque poder. Lo propio, lo certero en estos casos es que, puestas de acuerdo las personalidades honestas que también existen en estas formaciones, acierten a crear las estructuras internas que lleven a descubrir los brotes de corrupción tan pronto surjan y los cercenen sin dar tiempo a que cobren cuerpo.

Lo peor que nos puede suceder –y hay indicios de que ya está pasando- es que el pueblo empiece por admitir que la corrupción es algo inevitable y termine por acostumbrarse a votar tapándose la nariz, según decía el italiano aquel cuando pedía el voto para la Democracia Cristiana.

Sólo nos faltaba esto: además de cainitas, mantener ladrones.

El obispo y el diálogo

Por Pedro Morales Moya

Lunes, 3 de agosto de 2009

En contra de las afirmaciones de muchos politólogos y de una gran parte de periodistas participantes en tertulias y grupos de opinión, me atrevo a afirmar que ETA no está en las últimas y que no será tan fácil desarraigarla y acabar con el que se considera ―sin razón― colectivo residual de esta banda terrorista.

El hecho cierto es que tales opinantes toman a ETA como causa del terror que padecemos, cuando en realidad es el efecto de una doctrina; un puro instrumento al servicio de los doctrinarios nacionalistas.

Perseguir a ETA y no combatir la doctrina de la que se alimenta, es igual que poner emplastos sobre una herida, sin atacar a los gérmenes que impiden que ésta se cierre.

Al llegar a este punto hay que decir que muchos ―políticos, jueces, sacerdotes, periodistas, profesionales diversos, etc.― que dicen buscar y desear la que llaman “paz social”, protegen, al propio tiempo, la libertad y el amparo de los sectarios nacionalistas más fanáticos, e incluso no dudan en poner a su alcance los medios materiales que proporciona el sistema democrático, para desde dentro atacarlo a mansalva y con saña.

¿Cómo se puede erradicar a ETA si todos estos personajes justifican de forma implícita, con su actitud, su existencia? ¿Acaso se piensa que el apoyo social, respaldo eficaz a ETA, nace por generación espontánea? ¿Y quién se siente capaz de acabar con ETA, sin que previamente haya desaparecido ese apoyo social?

Leo, y transcribo el entrecomillado, atribuido por la prensa a Su Majestad el Rey, a propósito del último atentado y refiriéndose a ETA: “Seguiremos dándoles en la cabeza, hay que combatirlos hasta acabar con ellos”. Como puede advertirse, estamos ante una simpleza parecida a otras que hemos escuchado a lo largo de cuarenta años. Recuerdo a un Ministro del Interior que por aquellas calendas dijo: “Los perseguiremos hasta el centro de la tierra” y ahí están vivos y coleando los etarras de la tercera o cuarta generación.

Frente a estas simplezas, el Obispo de San Sebastián, Monseñor Uriarte, nos da ejemplo de cómo se ayuda a crear el apoyo social que justifica la existencia de ETA. Después de los atentados de Burgos y de Calviá, nos dice con “candor” evangélico que hay que abogar por un diálogo político social que está “varado por desconfianzas recíprocas e intereses encontrados”.

Un diálogo, claro está, donde en pie de igualdad han de participar de un lado los demócratas, y del otro los miembros de ETA, confiando en que todos han de ser “respetuosos con los derechos humanos”.

Equiparar a los defensores de la ley y de la vida democrática que la sustenta, con asesinos fanatizados que la conculcan sin miramientos, sería decepcionante, si no fuera porque hay un punto de maldad en pretender que las víctimas se sometan a las tesis y a los dictados de los verdugos.

Pero para cientos de miles de vascos, esto que digo, no es así. Al manifestarse el Obispo partidario del diálogo, sabe que su deseo llega al pueblo como una muestra de buena voluntad, de afán de justicia, de reparación equitativa. Al fin y a la postre, les viene a decir: ¿Por qué lucha ETA? Lucha (no se dice mata, asesina, masacra...) por algo justo. Lucha porque el Pueblo Vasco se autodetermine y alcance por esa vía la independencia. Y ¿qué mejor que el diálogo para solucionar el problema? Sólo las desconfianzas recíprocas, los intereses encontrados impiden ese diálogo que ahorraría sinsabores, penalidades y muertes.

Pero pocos se dan cuenta de que al pedir el Obispo diálogo, está justificando la existencia de ETA y de paso, el apoyo social de cientos de miles de vascos.

Lo que no dice el Obispo citado es que las doctrinas nacionalistas llevadas a sus últimos extremos, son como las guerras de religión. El fanatismo sectario no razona, aun cuando se actúe en nombre de Dios o de la Patria. Hoy Dios, no está de moda, pero sí lo está la Patria para grupos emergentes que quieren constituirse en nación. Y de entre esos grupos, surge el radicalismo sectario, fanático, irremisible, que si quiere el dialogo es para utilizarlo como medio de imponerse y alzarse con el poder a cualquier precio. No olvidemos que ETA nació hace cincuenta años, de una escisión del PNV.

Después de haber padecido dos tremendas guerras mundiales causadas por fanáticos nacionalistas de potencias europeas; después de contar cientos de millones de muertos por causa de esas dos guerras; después de comprobar que es imposible todo diálogo con fanáticos de cualquier clase, y menos con fanáticos nacionalistas; después de que en Europa se hiciera examen de conciencia y se tratara y acordara ―con éxito parcial, por cierto― ir borrando fronteras y conseguir la unión de las naciones por encima de factores excluyentes y de estrecheces nacionalistas; después de todo esto y más, repito, es cuando nos sale un Obispo vasco a descubrir mediterráneos; algo para echarse a temblar.

Los obispos no son tontos, pero muchos tienen mala memoria. Por esto precisamente hay que decirles a la cara que, al preconizar el diálogo con ETA, no están favoreciendo la paz, sino contribuyendo con eficacia a crear ese clima social que sostiene a ETA y con ETA el terror.

Y a todos estos simplistas que creen que dándole en la cabeza a ETA terminará por desaparecer, hay que decirles que nones. Hay que decirles que el mal no está en ETA, sino en las iglesias, en las escuelas, en las emisiones de radio y televisión, en los grupos propagandistas, en la puñetera calle… Y que para darle alguna solución a este problema, que no es fácil, se ha de empezar porque los dos partidos principales de España ―el PP y el PSOE o el PSOE y el PP― lleguen a entenderse en media docena de puntos básicos, para después de entenderse, obrar con sentido común. Es decir que, sin salirse de la ley, han de orientar la gestión de la cosa pública de forma que terminen por desaparecer los gérmenes que producen la enfermedad, y acaben por dejar de usar los parches de Sor Virginia, teniendo en cuenta que éstos se venden, como si fueran gloria bendita, por algunos obispos vascos.

¡Pero no caerá esa breva!

Descabellada estructura autonómica

Por Pedro Morales Moya

Lunes, 27 de julio de 2009

Descabellada: es decir que está fuera de orden, concierto o razón. Puestos los padres de la Patria a repartir competencias con el mejor ánimo, queriendo acercar la administración al administrado, terminaron por hacer un pan como unas tortas.

Y es que la casa no se puede empezar por el tejado, que es lo que al final se hizo al aprobar el Título VIII de la Constitución; una parida de mucho cuidado de cuyos resultados finales aún no se ha formado idea “el personal”, tomando por tal, permítasenos la licencia, a todos los españoles.

En su origen, en tiempos remotos, cuando los habitantes de un territorio se organizaban para vivir en comunidad en aldeas, pueblos o villas, corrían ellos solidariamente con todos los servicios: abrían caminos, afloraban fuentes, dictaban normas para regular el uso de pastos el aprovechamiento del arbolado, nombraban sus jefes o líderes, etc., etc. De todo ello quedan restos históricos en muchas zonas de España, y los concejos y ayuntamientos que hoy subsisten, no son cosas de anteayer; vienen de siglos atrás y con ellos se valieron nuestros antepasados para legarnos una forma de vivir y estar en este mundo. Se sabe que no todos se organizaron democráticamente, pero esta es otra cuestión, que ahora no viene al caso.

Cuando por la complejidad de la vida, por el crecimiento de los pueblos, por su vitalidad y desarrollo fueron apareciendo nuevas instituciones, no hicieron sino asumir competencias que antes venían ejerciendo las de inferior rango. Así empezó el centralismo.

¿Fue perjudicial para los administrados esa asunción de responsabilidades por parte de organismos superiores a los puramente locales? En algunos aspectos sí lo fue; en otros no.

Al revisar el libro de actas de un concejo, que como mucho agrupaba a unos trescientos habitantes, correspondiente al año de 1814 (concejo de un pueblo arrasado por la invasión napoleónica), me sorprendió que redactaran una ordenanza, es decir un conjunto de normas para organizar su vida y salir del marasmo. Sus competencias eran muy amplias: regularon la forma de disponer de los bienes comunales, la reconstrucción de edificios, la ejecución de obras públicas, el nombramiento de cargos (entre ellos el de maestro de primeras letras) para satisfacer sus necesidades, algo hoy imposible porque casi todas esas competencias están en poder de instituciones superiores. Esto suponía para todos un gran sacrificio y naturalmente lo aprobaron sin pestañear (en democracia directa) porque sabían que si ellos no se esforzaban, nadie les iba a sacar del apuro.

No era una solución perfecta y durante gran parte del siglo XIX y del XX, surgieron instituciones centrales que con más o menos acierto fueron consiguiendo acabar, aunque no del todo, con buen número de desigualdades regionales. Por mucho que se hubiera querido y deseado, las entidades locales nunca habrían podido abordar la solución de los grandes problemas nacionales, por ejemplo todos los derivados del analfabetismo que en el XIX afectaba a más del 8o% de la población, según zonas. No era cosa de que cada pequeño pueblo eligiera un maestro, sino de organizar la enseñanza en todo el país.

Vencieron las corrientes centralistas y en el lento caminar de casi dos siglos, acabaron con las competencias de instituciones de rango medio: las correspondientes a los ayuntamientos de villas y ciudades y las de organismos regionales, necesitados todos de una evolución que nunca se llevó a cabo de forma racional. Y cuando no se las cargaron, no se les dieron medios financieros para cumplir su función.

Cuando en 1978, los legisladores advierten que el centralismo llevado hasta las últimas consecuencias es paralizante y negativo para la nación, acuerdan la creación de unos entes autonómicos sin pensar que en su afán de dotarlos de competencias, terminarían por convertirse en otros tantos departamentos o entes generadores de un nuevo centralismo de ámbito regional.

Centralismo autonómico tan fuerte, que les llevó, y lleva cada día más, a algunos de sus líderes a pensar que la independencia del tronco nacional resulta ser tangible y está muy cercana. Se llega a consentir por las instituciones del más alto rango nacional que, desde algunas de estas comunidades autónomas, valiéndose de las leyes y medios que les proporciona el sistema, se esté minando la solidez del Estado.

El disparate ha ido tomando cuerpo con el lento desarrollo del Título VIII constitucional y se ha culminado con el último “diktat” del Presidente Rodríguez Zapatero, referido a la financiación autonómica: ¡estas son lentejas…! Lema aplicable a todas las comunidades autónomas salvo a Cataluña y Andalucía, sin olvidarnos del País Vasco y Navarra que podría decirse funcionan por libre.

A renglón seguido, a los municipios que en la práctica no pueden eludir las obligaciones dimanantes de su proximidad con los administrados (mucho menos en tiempos de crisis), por el mismo sistema basado en “el que manda, manda”, se les deja con el culo al aire y ¡ahí se las den todas!; algo grave cuando, como no se lo esperaban, les están creciendo los enanos. El artículo 140, según el cual “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios” está de hecho invalidado para la mayor parte de ellos, por carecer de la financiación que debería estar resuelta hace muchos años.

España estaba y está necesitada de una descentralización racional donde las competencias se repartan con lógica y no por presiones políticas. Repartir con lógica, supone orillar muchos de los vicios que hoy dominan las instancias políticas.

El principio de subsidiariedad ―aquello que pueda realizarse por la entidad más pequeña, no debe encomendarse a la superior y esta última entrará en juego subsidiariamente― tiene que funcionar por encima de otros intereses. Si se hubiera procedido de esta manera, no estaría de “facto” la enseñanza o la sanidad en todos sus estadios, en manos de las comunidades autónomas; ni hubiera recaído en los ayuntamientos esa capacidad casi omnímoda para actuar por libre en materias de urbanismo que, además hoy, les sirve para bien poco. Y tampoco estarían estas entidades desprovistas de medios para atender las necesidades más perentorias, que a juzgar por sus deudas con los dueños de pequeños negocios, ha contribuido al cierre de muchas empresas.

El problema es serio y por mucho que pretenda el Presidente del Gobierno otra cosa, no se arregla a costa de aumentar el déficit. El desaguisado está servido y cuanto más tarden los españoles, “el personal”, en darse cuenta, más nos lo ha de enredar nuestro Sr. Rodríguez Zapatero que, a no dudarlo, será estudiado por futuras generaciones como un ejemplo de lo que no ha de hacerse para gobernar a un pueblo.

A cualquier precio

Por Pedro Morales Moya

Viernes, 17 de julio de 2009

Acaba de cerrarse el reparto pactado entre los catalanes en el poder y el Gobierno de España, bajo un denominador falso: acuerdo para la financiación autonómica.

Es decir, el pacto ha sido bilateral ―como al parecer está previsto en el Estatuto catalán― y se nos vende como si fuera un acuerdo general forjado y firmado entre todos los poderes autonómicos de España y el Gobierno de la nación. Se ha jugado con trampa, y es el momento en que todavía se ocultan las cifras que corresponden a cada Comunidad autónoma. ¡Por algo será!

Al final, el paso decisivo lo ha dado un partido independentista ―ERC― que como puede suponerse utiliza los recursos legales y económicos que le facilita el sistema, para atacarlo y derruirlo. Ya lo han dicho: en corto plazo tendremos Concierto Económico, como los vascos y los navarros, y después la independencia.

Es la mayor desvergüenza que se ha oído en lo que va de legislatura, ante la impasibilidad y cara de palo de los más dignos representantes del Gobierno central y del partido que lo sostiene: Unos trescientos mil votos de ERC, se imponen nada menos que a unos once millones que apoyaron al PSOE, a los que cabe sumar los más de diez millones del PP. Ninguno de esos votantes se manifestó como separatista. Pues pese a todo, los trescientos mil de ERC valen más, por la sencilla razón de que el Sr. Rodríguez Zapatero los necesita para no perder el mando.

Cabe concluir que el actual Presidente del Gobierno está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de mantenerse en el poder. Si hay que mentir, se miente; si hay que arruinar a los españoles, se les arruina, si hay que vender a la patria, se la vende; si hay que traicionar se traiciona…

Traigo este breve proemio a cuento, para referirme al pacto celebrado en el PSE-PSOE y el PP, en el País Vasco, que permite al primer partido gobernar en esta comunidad autónoma.

Desde el PP han de considerar la fragilidad de este pacto, dado el proceder del PSOE. Porque así como este partido ha sido capaz de formalizar un acuerdo con el PP ―su polo opuesto y al que siempre que les conviene lo aíslan, o lo mandan al páramo a ordeñar orugas― es capaz de formalizar otro con el PNV, en tanto en cuanto no pierdan poder.

¿Quiere decirse con esto que el PP ha de cambiar de postura de buenas a primeras? No es eso. El PP ha de seguir vigilando que los principios que según el pacto se han de defender, se defiendan, pero no ha de perder de vista que en cualquier momento pueda quedarse orillado a la vera del camino, por la sencilla razón de que ahora pintan copas y mañana pinten bastos.

Por eso el PP debe de intentar la ganancia de votos en el País Vasco, que son los únicos que le van a dar fuerza y apoyo leal en las próximas contingencias políticas.

Es el camino más áspero, difícil y angustioso por el que han de pasar los políticos. Y hay que emprenderlo desde ahora mismo. Toda la gran familia del centroderecha vasco, debe saber al dedillo, que el PP ha hecho un gran sacrificio para defender unos principios, que son de todos aquellos que no piensan en independizarse, prestando su apoyo para que se produzca un importante cambio socio-político en el País Vasco, de forma que la presión independentista pierda fuerza en beneficio de todos. En beneficio de los intereses generales, aunque otra cosa crean los nacionalistas vascos. Y esto hay que hacerlo manifiesto con habilidad y prudencia, para lo que hacen falta medios personales y materiales, marcarse un plan y cumplir unos propósitos.

Tal y como están las cosas, a nadie puede extrañar no sólo que el PSOE rehúya efectuar cambios en la Diputación Foral de Álava, contra todo pronóstico; es que es muy fácil que el PNV consiga que se rompa el acuerdo PSE-PP siempre que ceda en algunas de sus aspiraciones más inmediatas, lo cual no significa que olvide sus objetivos a medio o largo plazo.

Hay que estar preparados para todo. No cabe asombrarse por algo que vemos sucede todos los días.

Ya es desgracia

Por Pedro Morales Moya

Jueves, 2 de julio de 2009

Si por algo se caracteriza el partido en el poder es por sus contradicciones manifiestas. Es indudable que mantienen unos principios, pero los traicionan con la misma naturalidad con que los proclaman.

El PSOE es el partido de la igualdad, y hasta tanto llega su convicción igualitaria que ha osado –caso único en España- promoverla mediante la creación de un Ministerio al que no ha dudado en bautizarlo con ese nombre: de la Igualdad.

El PSOE proclama desde su acrónimo, que es un partido socialista y para más inri se llama obrero. Siempre habíamos creído que nada tan loable como alcanzar la igualdad social; como acortar las grandes distancias existentes, en la sociedades capitalistas, entre los favorecidos por la fortuna y el aplastado obrero, trabajador de a pie que lucha por subsistir. No es ninguna broma. Ha sido una pelea que los socialistas venían librando desde su nacimiento. Y henos ahora ante un hecho paradójico: cuando las diferencias sociales se han disparado en los últimos años, cuando asistimos al triste espectáculo de que los comedores caritativos de la Iglesia están supliendo la justicia social que corresponde al Estado, ese neonato Ministerio de la Igualdad se llama andana y nos advierte que lo suyo es equilibrar los consejos de administración de las sociedades capitalistas, procurando que haya el mismo número de mujeres que de hombres entre sus componentes. ¿Se ha visto un despropósito mayor?

Todo esto sucede ante un hecho constatable: el Presidente de este Gobierno no se cansa de repetir que no está dispuesto a pasar por reformas que supongan la pérdida de derechos que asisten a los trabajadores. O sea que, mientras a millones de personas se les priva del derecho al sustento diario ganado con su trabajo, al Presidente se le llena la boca de satisfactorias promesas a favor de todo lo contrario; algo propio de un loco o de un cínico.

En fin, es un ejemplo que no debe distraernos de otra cuestión principal. En Cataluña, sus gobernantes, han conseguido que el idioma español sea postergado en la escuela y se le de un trato inferior al que se da a un idioma extranjero. El despropósito no puede ser mayor. Cataluña es una parte de España y el español es la lengua oficial que según la Constitución “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Pero es más grave que se conculque un derecho que nos asiste como personas: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” (Artículo 27 constitucional).

Al Partido Socialista Obrero Español, ¿Qué lo define?

En el plano socialista lo define el hecho de estar más preocupado por el refuerzo del sistema financiero, cuando no duda en inyectar ayudas multimillonarias a la banca a cambio de poco o nada; o cuando favorece elevadas subidas tarifarias a las poderosas compañías de electricidad; o cuando dispensa un trato fiscal benévolo a los poseedores de grandes fortunas entre los cuales están los deportistas profesionales; o cuando se distrae en la persecución del fraude fiscal o tolera la práctica existencia de negocios protegidos en paraísos fiscales… O cuando no vigila la recta administración de los fondos públicos y se gastan en frívolas adquisiciones.

En el plano obrero lo define el hecho de consentir, para vergüenza de todo socialista, que haya reaparecido en España una casta social compuesta principalmente por la clase trabajadora, y en gran proporción por la población emigrante, cuyos componentes, desasistidos por el Estado, tienen que acudir para subsistir, a los comedores de Caritas sostenidos por la Iglesia.

En el plano español lo define el hecho de tener que pasar por la vergüenza, que a su vez avergüenza a todos los españoles, de ver cómo al idioma oficial se le orilla y se desprecia con el voto favorable de los socialistas españoles en Cataluña.

Las contradicciones de este PSOE disparatado, llegan a extremos inconcebibles: en el País Vasco se pacta un acuerdo con el PP para frenar los proyectos secesionistas de algunos partidos vascos, y en Cataluña el acuerdo se alcanza y se mantiene con los partidarios del independentismo que no dudan en proclamar, al echar al castellano de la escuela, que se ha dado un paso a favor de la creación del Estado catalán. Ya no se conforman con ser nación; ahora pretenden ser Estado.

Claro está, y alguno lo suscribirá, que lo importante para el PSOE, no es el socialismo, ni la defensa del obrero, ni el respeto por lo español; lo importante es estar en el poder a cualquier precio. Así es la cosa. ¡Ya es desgracia!

Matar es algo muy sencillo

Por Pedro Morales Moya

Lunes, 22 de junio de 2009

Tras la muerte alevosa, el asesinato de Eduardo Puelles, los políticos han vuelto a divulgar la consigna de acabar con ETA. Se atreven a fijar plazos. ETA nunca estuvo tan debilitada. Vive sus horas finales. Está acabada.

Desde el bíblico Caín hasta nuestro días, matar es una sencilla operación que se práctica a diario por miles de indocumentados. Es muy fácil matar. Y mientras haya uno solo que lo haga en nombre de ETA, y existan quienes justifiquen ese asesinato, la organización terrorista seguirá actuando.

Es absurdo pretender que ETA acabe por el simple hecho de ir deteniendo, uno a uno, a cada nuevo etarra que surja, mientras se mantenga viva, al mismo tiempo, una corriente de opinión que, además de justificar cada atentado, lo ensalza, lo eleva a la categoría de hecho heroico, lo considera un servicio a la patria.

Nada hay más absurdo que rendir un homenaje de solidaridad a la última víctima de ETA y tener que hacerlo en una plaza que lleva el nombre de un etarra asesino.

Nada tan idiota o falto de entendimiento, como pretender que ETA acabe entregando las armas y deje de matar, si además se alimenta a sus seguidores dándoles la oportunidad de que sean concejales o parlamentarios, de contar con espacios privilegiados en los medios de opinión, de recibir subvenciones para actividades paralelas, de mantener una enseñanza que idealiza el objetivo de sus actuaciones…

Cuando desde las propias organizaciones del Estado no se legisla para acabar con este cáncer, o se interpreta esa legislación en sentido laso (véase la decisión judicial, legalizando la última sigla de ETA para concurrir a las elecciones europeas) se dan facilidades para su metástasis. Esta forma de comportarse no es sino una burla dedicada a todas las victimas del terrorismo y, además, este tejer y destejer, sólo conduce a que el listado de muertos y heridos con cargo a ETA no acabe nunca.

Matar es algo muy sencillo. Sobre todo si el asesino se siente arropado, si cuenta con un núcleo de seguidores que lo aplaude y vitorea, si se le da a entender que sus actuaciones, lejos de ser vituperables, son una generosa aportación al bien de la patria.

Y como esto está ocurriendo, que nadie por favor quiera además engañarnos, quiera tapar las muertes con discursos y literatura poética. Por muy buenas que sean las intenciones, eso no deja de ser una falacia.

Que nadie crea que la tarea es sencilla. Pero entre ponerse a cumplirla, y la dejación que padecemos (y quiero pensar que el nuevo lehendakari va en serio a romper la racha), hay un abismo.

¿Cuándo ha hecho uso el Gobierno de España, en materia de enseñanza, de la alta inspección que le concede el Estatuto vigente, para vigilar los textos que se manejan en algunas escuelas vascas? Y no se trata de aplicar la ley dictatorialmente si puede hacerse por consenso; pero se trata de aplicar la ley, que es una forma de ejercer la democracia.

¿Cuándo desde el Tribunal de Cuentas han descendido a ejercer el derecho constitucional que le otorgan el artículo 153 para controlar los órganos de las Comunidades autónomas?

¿Y cuándo van a dar a leer -tan sólo dar a leer- a los legisladores el artículo 155 constitucional para fijar en su desarrollo cuáles son aquellos actos que atentan “gravemente contra el interés general de España”, es decir de los españoles, y poder aplicarlo de una vez, seriamente, en beneficio de todos los que quieren vivir en paz y en libertad?

No es cuestión de pesimismo u optimismo. Es cuestión de analizar las concausas que posibilitan la existencia de ETA y, sin marcarse plazos, ir por la vía doble de la tolerancia cuando se cumplen las leyes, y de la exigencia real de este cumplimiento cuando no, reduciendo la respuesta que tiene el terrorismo etarra.

Es una tarea lenta, pero no imposible.

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