Bitácoras de Rebelión digital

Bitácora "PMM" Por Pedro Morales Moya

A buen entendedor

Por Pedro Morales Moya

Lunes, 8 de junio de 2009

Terminado el recuento provisional de las elecciones europeas, se detecta que el PP del País Vasco ha vuelto a perder una considerable cifra de votantes respecto a las celebradas en el 2004.

Esto no tendría importancia si se tratara de un hecho aislado, pero sí la tiene al coincidir esta pérdida con la registrada en las elecciones generales, en las autonómicas y en las municipales últimamente celebradas. En esta ocasión la pérdida ronda los 33.000 votos. En resumen: el PP del País Vasco va a menos y esto es lo alarmante para quienes defienden unas ideas emparejadas con principios positivos: paz, justicia, patria, familia, trabajo…

No es mi propósito hacer un análisis de las causas que motivan esta lenta caída del PP, pero intuyo que el voto joven no se siente cautivado por este partido, y el voto de siempre, el de los mayores, decae por razones naturales: nos vamos haciendo viejos, cunde un cierto desinterés por los negocios de tejas abajo y también nos vamos muriendo poco a poco. Y digo nos vamos muriendo, consciente de que la muerte no es cosa de un día.

¿Y que puede hacer el PP del País Vasco para frenar esta caída e incluso remontarla y colocarse en vanguardia en próximas confrontaciones electorales?

Quiero ser optimista y pensar que con la política iniciada por el PP, al desalojar a los nacionalistas del Gobierno, se ha creado un clima favorable para trabajar con probabilidades de éxito.

Pero luchar por el voto, aquí en el País Vasco, es mucho más difícil que en otras zonas de España. Esto obliga a tener presentes y muy claramente expuestos, los objetivos que se desean cumplir. Y naturalmente, hace falta la formulación de un plan muy detallado para alcanzarlos.

De puertas afuera las ideas a transmitir han de ser muy simples. De puertas adentro los programas han de estar adecuados a los medios materiales y personales que se pueden movilizar para alcanzar esas metas, y luego trabajar, trabajar y trabajar.

¿Dónde están los votos que el PP puede conquistar?

Están ahí, en la calle, en las áreas del trabajo, del estudio, el deporte, incluso del reposo, del ocio… están allí donde todos llegan. Eso es lo problemático de este asunto: que hay que competir y vender ideas que cautiven.

Y, la verdad por delante, el PP en el País Vasco tiene aún mucho que aprender.

Uno no ve al PP metido en el campo de la cultura y capaz, al mismo tiempo, de satisfacer a amplias mayorías; porque no basta con defender la libertad de los padres para elegir el idioma deseado para la educación de sus hijos, que es una baza principal; hay que convencer a esas mayorías de las ventajas que proporciona esta libertad y, al mismo tiempo, que tal libertad no puede ni debe suponer ataque alguno al idioma vernáculo: por tanto, defender el euskera, y conciliar esta defensa con la libertad de elección, exige hilar muy fino y esto pide imaginación y honradez.

En el campo social, que es otro de los sectores donde ha de introducirse convincentemente el PP, si quiere ganar votos, no puede pretender competir con los sindicatos, que vienen a ser correas de transmisión de las izquierdas e incluso de los radicales nacionalistas. Tiene que ir con ideas propias; ir con otros argumentos. Su campo está entre aquellos que se animan a trabajar con cierta autonomía. El campo de los empresarios autónomos está por explorar; y aunque el PSOE se decidió no hace mucho por aprobar un Estatuto para este sector del trabajo, es tan pobre en sus objetivos que el tema bien se merece un debate. Esto se relaciona en gran manera con el mundo cooperativo o el de las empresas constituidas como sociedades anónimas laborales, fundadas por trabajadores, que no por capitalistas.

En pocas palabras: el PP tiene que dejar en el perchero la vitola señoritinga, por la que lo califican (o se califica) ante las masas, y salir a la calle para meterse hasta el corvejón en el mundo del trabajo.

Sobre estos temas todo lo que se insista es poco. Claro que, previamente haría falta que los líderes del PP lo entendieran y empezaran por dar nuevo sentido a sus congresos, en los que por cierto sobran rigidez, retórica y textos cargados de tópicos, y falta una oleada de aire democrático.

En fin, a buen entendedor…

Politización del idioma

Por Pedro Morales Moya

Martes, 2 de junio de 2008

El tema es delicado y por ende polémico. Conviene proceder con tiento para que cuanto haya de exponerse, se entienda en sus justos términos y a nadie lleve a conclusiones no deseadas.

Politizar, según el diccionario de la RAE equivale a “dar orientación o contenido político a las acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen”. O que no debieran tenerlo.

Por ejemplo, la enseñanza: puede politizarse cuando se imparte bajo criterios u orientaciones de contenido político.

¿Y qué enseñanza está libre de ese pecado?

Mi experiencia personal, como sujeto paciente, empezó en tiempos de la II República española en una escuela pública de una pequeña aldea alavesa: el libro de historia de España, muy elemental como correspondía a la edad de los escolares, editado durante la Monarquía, fue retirado; se reeditó con las modificaciones consiguientes favorables al nuevo régimen.

En plena guerra civil, zona nacional, la reforma de la enseñanza barrió toda la épica republicana y nos preparó para el nacional catolicismo.

A la llegada de la democracia a tenor de la evolución política, las sucesivas modificaciones dieron lugar, tanto en el ámbito estatal como en el de las distintas comunidades autónomas, a denuncias justificadas, ya que en algunas regiones de España enseñaban la historia (o la geografía u otras asignaturas) a propia conveniencia política de quienes las gobernaban.

El asunto se complicó aún más cuando la enseñanza se vio interferida por la difusión del idioma autóctono de algunas regiones, junto al (o con independencia del) idioma materno de una gran mayoría de españoles, que era y es el castellano.

Si siempre ha existido una politización de la enseñanza, idiomas incluidos, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Qué es mejor para las generaciones de españoles en fase de instruirse y educarse, cualquiera que sea el punto donde residan: la enseñanza politizada o la que podríamos llamar neutral o apolítica?

Parece de todo punto lógico que una enseñanza eficaz no debiera estar condicionada por adoctrinamiento alguno. En todo caso, como esto parece inevitable, es a los padres a quienes corresponde decidir sobre la escuela que desean para sus hijos. Así lo han reconocido las instituciones a quienes corresponde explicitar y defender los derechos fundamentales...

En la “Declaración universal de los derechos humanos”, Art. 26-3, se proclama: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Y en el Art. 30: “Nada de esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos o libertades proclamados en esta Declaración”.

La “Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, mantiene y refuerza la “Declaración de los derechos humanos” en el Art. 14-2: “Se garantiza, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los derechos democráticos, así como el derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

La Constitución, al proclamar los derechos fundamentales de los españoles, no contradice, sino que reconoce los ya expuestos con carácter universal o europeo.

En consecuencia, no son los Estados, ni las Comunidades Autónomas, ni los Ayuntamientos u otras corporaciones o grupos, los llamados a ejercer tales derechos. Y los ejercen, desde el momento en que limitan las opciones de elección de los modelos de enseñanza, o condicionan esta elección con leyes restrictivas. A lo que sí vienen obligadas estas instituciones es a garantizar a los padres las posibilidades electivas, en el ejercicio de su derecho a la libertad de enseñanza, dentro de unos mínimos legales que eviten que el uso de esa libertad se convierta en una anarquía.

Es decir que mientras los auténticos titulares de este derecho a la libertad de enseñanza, -los padres- no encuentren la vía ejecutiva y práctica para ejercerlo, estarán en manos de los políticos y, éstos, por inclinación natural y para defender los que llaman su ideales, seguirán imponiendo sus criterios, politizarán la enseñanza y obligarán al alumnado a estudiar en su idioma preferido, todo bajo nobles pretextos, aunque contradigan los derechos fundamentales reconocidos al ser humano.

Pues bien, hoy por hoy, en España, en todos sus ámbitos, es el Estado o son las Comunidades Autónomas los que imponen por distintas vías, también la de los hechos, el tipo de educación que los padres han de dar a sus hijos. Y claro está, tal imposición trae como consecuencia, al estar politizada la enseñanza, la supeditación formativa de todos los niños a los criterios de los gobernantes de turno.

Ahora, en el País Vasco, con arreglo al pacto suscrito entre el PSE-PSOE y el PP, si alguna modificación debiera introducirse en el sistema educativo, sería la conducente a garantizar a los padres, la libertad de elección del idioma deseado para la enseñanza de sus hijos.

Los inspiradores del sistema vigente, los nacionalistas vascos, han empezado a denigrar esta posible reforma y cualquier pretexto es bueno para difamar a los nuevos gobernantes.

Con ocasión de la fiesta que celebraron en Galdácano las ikastolas vizcaínas el pasado domingo 31 de mayo, se afeó por un líder el PNV de Vizcaya, la no presencia en este acto de la Consejera de Educación del Gobierno Vasco.

La Consejera, Isabel Celaá ha sido acusada de “desapego con el euskera”. Habría ido a esta fiesta de no coincidir este acto con otro de su partido. Pero, aunque no fuera así ¿es que las ikastolas son algo más que unos centros docentes? ¿Acaso constituyen un símbolo de un modelo de enseñanza? Y en este caso, ¿está politizada o no esa enseñanza impartida en tales ikastolas?

De no ser así, la no asistencia de la Consejera Isabel Celaá, podría juzgarse como una descortesía hacia los organizadores de una fiesta docente, pero nunca como “desapego con el euskera”. La realidad es que tales ikastolas, fundadas por iniciativa privada, son leales a los principios del nacionalismo vasco, incluidas sus tesis soberanistas, y vienen a ser el símbolo de un modelo idiomático de escuela politizado.

¡Así anda el negocio de la enseñanza en el País Vasco! Por cierto, cayendo en los mismos pecados en defensa del euskera, que ya otros cometieron con el castellano.

Puede decirse que ni antes prosperó, ni ahora prospera, el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, salvo -claro está- para los que se adscriben a los dictados políticos de los mandamases de turno.

Si la libertad preconizada en favor de los padres funcionara con las debidas garantías, muchos de los conflictos que hoy padecemos, ni siquiera serían planteados.

Pero adviertan este hecho: las preocupaciones que están en la calle, no parecen inquietar a los partidos políticos con la prioridad que se merecen. ¡Así nos va!

Violencia y diálogo

Por Pedro Morales Moya

Lunes, 25 de mayo de 2009

La banda terrorista ETA acaba de publicar sus intenciones que, tantas veces repetidas, dejarían de ser noticia si no fuera porque constituyen una amenaza y un peligro.

Una vez más, a través de una entrevista a dos de sus miembros publicada en GARA, ponen a la sociedad española y a sus instituciones ante la doble oferta del miedo y de la seducción.

“Antes del verano –informan- acabaremos un proceso reflexivo cuya finalidad consiste en fijar una estrategia político armada eficaz”. Ahí está la amenaza propulsora del miedo. Y siguen: “Las armas de ETA callarán cuando todos los proyectos políticos, incluida la independencia, sean materializables.

Más adelante, en concordancia con esta idea, responden a otra cuestión: “Si pregunta si hay algún tipo de contacto o relación con el Gobierno de España, no, no hay ninguna relación entre ETA y el Gobierno de España. En cambio, si está preguntando si mantenemos abierta la posibilidad del diálogo y la negociación, necesariamente ha de ser que sí: porque antes o después ha de llegar el diálogo y la negociación”.

Y por si hay alguna duda, también dicen que el PSOE está situado actualmente en la “apuesta represiva”, “pero llegarán las resacas, y otra vez el problema y su gravedad se situará en el centro de la agenda política. Y antes de lo que creemos, les escucharemos hablar otra vez de diálogo, paz…” Aquí esta la voz de la seducción.

Y bien, ¿hacia dónde vamos?

Seamos cautos y, al propio tiempo, serios: ETA con su implantación social en el País Vasco, con toda la trama que funciona disciplinadamente a sus órdenes, con su brazo político en activo, tiene una fuerza considerable y nadie piense en que podrá ser eliminada con facilidad. Coloquialmente, tenemos ETA para rato.

Si lo dos partidos de ámbito estatal se mantuvieran unidos en la lucha contra ETA, podría mantenerse la defensa firme de nuestra sociedad. Pero no caben fisuras. Episodios como el protagonizado por el Tribunal Constitucional, legalizando una formación política que recoge el voto batasunero, constituyen un importante paso atrás.

Ninguna democracia facilita la vida política en su seno, de aquellas organizaciones que van contra el sistema que las hace posibles. Podrán éstas pedir reformas, cambios, introducir leyes que mejoren el funcionamiento de ese sistema en bien de la sociedad, pero dinamitar el todo que las sustenta no es tolerable para la mayoría, ni siquiera por vías pacíficas; mucho menos, aún, si lo métodos de convicción se apuntan a prácticas terroristas.

Y no se trata de impedir la libertad de los nacionalismos separatistas a luchar democráticamente por la gloria, si así lo desean; se trata de defender un orden querido y alcanzado por la mayoría, también por vías pacíficas y democráticas; y que esos nacionalismos no se sirvan de las instituciones con criterios partidistas y excluyentes contra esa mayoría, como si este fuera un país tercermundista.

Esto se prometió a los españoles al aprobar la Constitución de 1978, y este es el sistema que nos hemos dado que nos permite, en bien de los ciudadanos españoles de todos los territorios, ir trabajando para mejorar nuestra situación.

Los partidos mayoritarios, con los medios que les otorga la ley tienen el deber y el derecho a defendernos sin concesiones antidemocráticas. Y tienen la obligación de mejorar esas leyes para ir cortando toda tentación de que el sistema se derrumbe o sirva para toda suerte de abusos, por la incuria de unos y los afanes de otros.

Al PP y al PSOE les han pedido mil veces que revisen sus puntos de entendimiento en temas básicos, que lleguen a un sistema de pactos. Hay que dudar hasta del acuerdo contra ETA, si es que existe. No saben, no pueden, no quieren. ¡Ya nos dirán que talla de estadistas dan los principales políticos de ambos partidos!

Si no fuera así, ya se habría reformado la ley electoral, la que regula algunos aspectos del Tribunal Constitucional, y hasta algunos artículos –sobre todo del título VIII- de nuestra Constitución.

Pero aquí, entre abortos, píldoras y condones se nos va el agua al río y la casa sin barrer. Y encima la coña marinera de la crisis irresoluta y tal vez irresoluble. ¿Cómo esperan que ETA no trabaje con gran comodidad y a gusto en estas condiciones?

A propósito de una pitada

Por Pedro Morales Moya

Jueves, 14 de mayo de 2009

Ha sido muy comentado el hecho de que TVE censurara la pitada que se dio al himno nacional español, interpretado al comienzo del partido de fútbol, en la final de la Copa del Rey, entre el Atlétic de Bilbao y el Barcelona F.C, en la ciudad de Valencia.

Los comentarios coinciden en afear la conducta de los responsables del medio comunicativo oficial, pues como muy bien se ha dicho, toman a esa mayoría de españoles que se pega al televisor para no perderse pormenor alguno del acontecimiento, por un parvulario, al que cuidar de emociones excesivas, o como si se tratara de una comunidad de tontos; y uno no sabe que es peor.

Pero el caso es que la pitada fue descomunal y para algunos ha constituido una sorpresa. Hasta este momento, por lo que se ve, no se habían percatado de cómo esta el patio de revuelto. Ignoraban que lo que algunos llaman la unidad de España y otros la cohesión territorial, está deteriorada o en riesgo de caída libre.

Esto no quita para que se den interpretaciones benévolas a lo sucedido, tal y como lo ha hecho la Vicepresidenta primera del Gobierno, que ha dicho que es cosa de unos pocos, o el representante en el Parlamento de IU que, en línea con sus sonados desaciertos, nos dice que “este es un país libre” para justificar la pitada. (Le pondría a pasear con la bandera española en ciertos ambientes del País Vasco o de Cataluña para que comprobara la falsedad de su aserto).

De todas formas, para los que vivimos dentro de una de las ollas de maduración y puesta a punto de las mejores ideas disgregadoras que funcionan en España, esta pitada no constituye sorpresa alguna. Es un síntoma más de una enfermedad larvada que poco a poco va ganando terreno y que conduce a una conclusión aberrante, como es la de considerar que la razón está de parte de una minoría que no se siente española, y la sinrazón corresponde a la gran mayoría silente que sí se tiene por española y está conforme con serlo. Esta aberración se mantiene, pese a una Constitución, aprobada en referéndum por todos los españoles.

Si se ha llegado a esta situación es porque a pesar de que esa mayoría de españoles tiene conciencia de la existencia de este mal -que nos puede conducir a situaciones no deseadas y perjudiciales para todos, incluso para los disgregadores- los Gobiernos de turno poco o nada han hecho para remediarlo.

Así que no se puede inculpar a los votantes españoles de que las cosas hayan llegado a extremos inconcebibles e insólitos en cualquiera de los países con los que mantenemos estrechas relaciones y compartimos instituciones de ámbito supranacional. La culpa es de quienes representan a esas mayorías (y me refiero a los líderes del PP en parte y del PSOE principalmente), por su demostrada incapacidad: primero, para prever y diagnosticar la importancia del mal que recae sobre todos; segundo, por no saber o no querer negarse a ciertas concesiones exigidas por los nacionalismos periféricos, que escapan a toda interpretación lógica de lo ha de ser un Estado autonómico; y tercero, por la nula disposición que muestran para esgrimir los recursos legales que otorga la Constitución a las instituciones superiores, en evitación de deslealtades, uso indebido del poder autonómico, interpretaciones torticeras de las leyes o su claro incumplimiento, a cuenta de tener contentos a los nacionalismos excluyentes.

Para más vergüenza, esos partidos mayoritarios han sido incapaces de pactar, en defensa del Estado y por razones superiores, unos acuerdos básicos de entendimiento, en evitación de que la mayoría gobernante se vea obligada a negociar apoyos de los partidos nacionalistas a cambio de concesiones humillantes; concesiones que conducen a crear desigualdades de trato entre las comunidades autonómicas, a favor de las más influyentes, frente a las que no lo son.

Un ejemplo vivo se dio en la aprobación de los últimos Presupuestos generales del Estado. El Gobierno del PSOE solicitó el apoyo del PNV. El PNV exigió, entre otras cosas, que por cuenta del Gobierno de España, se reconociera a los policías autonómicos vascos el derecho a la jubilación y abono de las pensiones correspondientes, de forma equivalente a como lo tienen reconocido las fuerzas de seguridad del Estado. Esta petición se resolvió de un día para otro. Vergüenza da decirlo, pero poco antes, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional se les negaba su reivindicación más legítima: un salario equivalente al que tienen esos policías autonómicos o, incluso, algunos policías locales; sobre todo teniendo en cuenta que un principio elemental de equidad consagra que a igual trabajo debe corresponder igual salario. Y si todos somos iguales ante la ley, se supone que esta igualdad debe estar regulada por una sola ley para todo el ámbito estatal y no por diecisiete, una por comunidad autónoma, que haga inviable tal derecho.

¡Mal asunto, señores políticos, si el que jerárquicamente está en el escalón superior, no mantiene a sus funcionarios en el nivel de exigencia y remuneración que corresponde a su categoría! Y peor todavía si el inferior en rango supera unos límites que le permiten mirar con desdén al que debería de ser, por lo menos, su igual. Esto sólo conduce al descalabro, aunque sea cosa que no la quieran ver ni oír los llamados a que estos hechos no sucedan.

Como se apunta de distintos sectores políticos, económicos y sociales, una parte de la crisis económica que viven los españoles, se debe a este desquiciamiento autonómico. Entre otras medidas, se hace ineludible un ordenamiento racional de la España de las autonomías, ya que de lo contrario podemos sumirnos en un estancamiento irremediable.

En suma, si el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en los puntos fundamentales que aseguren la pervivencia de un Estado fuerte y no deciden prestarse mutuo apoyo para reorganizar nuestro país, iremos de mal en peor. La pitada de Valencia no debe tomarse sino como uno más de los elocuentes avisos indicativos de que ya es hora de proceder en consecuencia.

No hay que dramatizar. Es hora de actuar serena y razonablemente, es decir, con la razón por delante y no dando palos de ciego.

En fin, es triste decirlo, pero visto lo que vemos y oído lo que oímos, uno tiene bien ganado el derecho a ser escéptico.

Guiño a los nacionalistas

Por Pedro Morales Moya

Lunes, 11 de mayo de 2009

Cuando se examinan las relaciones que a lo largo de años han mantenido los socialistas del PSOE (también los vascos), con los nacionalistas del PNV, se ve a los primeros como acomplejados, con ganas de agradar a los segundos, casi pidiendo perdón cuando lo que se pone en juego son los valores o principios que se aceptan como buenos por una mayoría abrumadora de españoles; podríamos decir que por un ochenta por ciento de los que votan, al hacerlo a favor del constitucionalismo vigente, votos que van, a partes casi iguales, al PP y al PSOE.

Pocos son los que analizan los primeros encuentros pactistas entre ambas fuerzas, PNV y PSOE. Hay que retrotraerse al verano-otoño de 1936, cuando Prieto logra la colaboración decidida de los nacionalistas vascos para luchar contra los facciosos y, en esa línea de entendimiento, se da curso a los debates parlamentarios y se aprueba, a uña de caballo, el primer Estatuto de autonomía de los vascos.

Todo eran mieles, pero cuando José Antonio Aguirre, primer lehendakari decidió que sí, que ayudaría en la lucha contra los sublevados, ya advirtió que el ejército vasco tendría su propio estado mayor y actuaría con total independencia. Entonces, el Gobierno central -aun sabiendo que se trataba de una ilegalidad- se achantó acomplejado y, de hecho, se puso a las órdenes del consejero de defensa vasco que no era otro, sino el propio lehendakari. Luego hubieron de tragarse la pócima del pacto de Santoña, que era tanto como reconocer que Euskadi funcionaba a su aire como una nación independiente.

Restablecida la democracia -que aquí, en el País Vasco, funciona condicionada a las presiones nacionalistas (las del terror y las propias de una cultura étnica excluyente)- hemos visto de todo, hasta cómo, en cierta ocasión, pese a ser el PSE el partido mayoritario con derecho a presidir el Gobierno Vasco, sus directivos se resignaron y cedieron la presidencia al PNV. Los socialistas, se verían luego burlados y arrojados miserablemente a la calle a través de un juego de alianzas frentistas anti españolas o pro-separatistas o las dos cosas.

Daría para otro artículo analizar las vicisitudes, una a una, de estas relaciones y cómo desde el PSOE han soportado estoicamente las dentelladas recibidas en el plano personal desde el nacionalismo, sin olvidar las que dieron a los presupuestos de la Nación para sacar sustanciosas tajadas.

Por fin, en una ocasión que ni pintada tras las últimas elecciones, desde el PSE quieren un acuerdo con el PNV, sin renunciar a la Presidencia del Gobierno vasco. Los nacionalistas, no pasan por esa cesión y como a Patxi López jauna le camela la lehendakaritza, no hay acuerdo, algo que le importa muy poco pues ya tiene al PP dispuesto a sacarle las castañas del fuego, aunque para muchos militantes del PSE-PSOE , pasar por esta ayuda, sea como desayunarse un sapo tan grande como una vaca lechera. Pero la ocasión nunca se presenta dos veces y eso de ser lehendakari mola lo suyo. Así que aquí paz y después gloria, porque Paris bien vale una misa.

Piénsese que este proyecto, hoy hecho realidad, es el mismo que no hace mucho forjaron entre Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja, que sirvió de pretexto para mandar al ostracismo al socialista y para que se alejara de la política vasca el popular. Uno de los que más se opuso a este plan fue Patxi López que, ¡quién lo iba a decir! pocos años más tarde alzaría la bandera de la unión y entendimiento entre el PSE y el PP vasco, con la misma naturalidad y desparpajo con el que uno se toma una cerveza.

Ya tenemos a Patxi López jauna en el palacete de Ajuria Enea, y creo contar entre los que han aplaudido el entendimiento entre el PSE y el PP.

Pues bien, logrado el acuerdo, a los dos días de jurar el cargo, el nuevo lehendakari, ufano de sus logros, ahuecando el plumón y con el cuello tieso, muy visible su cresta de gallo triunfador, Don Patxi comparece ante los periodistas David Guadilla y Alberto Surio, de “El Correo” y, por lo menos en su edición digital (10-05-09), nos dan la ocasión de leer este titular: “Mi obligación es defender los intereses de Euskadi ante el Gobierno de España”. Como si Euskadi y España fueran dos naciones distintas.

En el texto de la entrevista la frase queda algo más matizada, pero al referirse a sus relaciones con el Gobierno de España, jerárquicamente superior al vasco, Patxi López, no se sabe si queriendo emular al mejor nacionalismo que sostiene el derecho a decidir de los vascos, ni siquiera lo duda y afirma: “buscaré la complicidad (con el Gobierno español), pero si hay que confrontar, lo haré”. Eso de la complicidad suena a algo delictivo y, lo de confrontar, a seguir con tensiones parecidas a las que hilvanó Ibarretxe a lo largo de sus mandatos.

Tomando ejemplo en Montilla que dicen dijo al Presidente Rodríguez Zapatero, aquello de “José Luis, nosotros los socialistas catalanes te queremos mucho, pero queremos más a Cataluña”, Patxi López no duda en mimetizarlo: “Mi obligación es defender los intereses de Euskadi y lo haré ante el resto de las instituciones, especialmente ante el Gobierno de España, pero no vamos a buscar la confrontación de una forma artificial”. Y bien, estamos ante una frase hueca o no se entiende su contenido sino siendo separatista, que al fin y al cabo es lo que parece ser Montilla el andaluz metido a catalán.

Al Sr. López habría que decirle que en ningún caso, si las cosas se hacen bien, han de existir confrontaciones entre el Gobierno de España y cualquiera de los correspondientes a las comunidades autónomas españolas; que todos estos gobiernos han de ir coordinados en busca del bien de los españoles, cualquiera que sea su punto de residencia; que los derechos no son de los pueblos o de las nacionalidades o regiones, sino de los individuos; que esto obligaría a que, tanto unos como otros, y más en período de crisis, pusieran en segundo plano las pequeñas diferencias que pudieren existir entre las autoridades centrales y las de nacionalidades o regiones, en beneficio de los españoles, entendidos como personas. Pero claro está, con ese complejazo que tienen los socialistas, émulos de quien presidió el gobierno vasco últimamente, tienen que decirlo: si hay que confrontar se confronta, porque de otra forma podría entenderse que estos socialistas son unos vascos de pacotilla vendidos al Gobierno de España. Y eso nunca.

Todo tiene su origen en que muchos vasco-españoles, cuando son socialistas, prefieren ser vascos sin más, y Patxi López parece estar entre ellos. Un buen vasco, tiene que afirmar su vasquidad tirando contra el PP o enfrentándose al Gobierno de España, o las dos cosas. Y como algo parecido pasa en Cataluña, cualquiera puede preguntarse, ¿que será de todos nosotros si en cada comunidad autónoma surgieran Montillas y Lópeces con el complejo de ser españoles? (Aún queda por ver en como terminarán las apetencias de este andaluz catalanista, converso acomplejado; no se olvide que los de su especie son los más comprometidos a borrar su marca de origen).

El guiño de López, que no es sino un mensaje cargado de miserias que se brinda a los nacionalistas, se lo pasarán éstos por el forro de sus caprichos, pero es un aviso para el PP. Para que sus directivos no se olviden de que estos socialistas -siguiendo el estilo analógico que tanto gusta a Basagoiti- han firmado un contrato matrimonial de conveniencia, en la completa seguridad y confianza de que es posible el divorcio.

Principios y simbiosis

Por Pedro Morales Moya

Jueves, 7 de mayo de 2009

Ha terminado el periplo político de Juan José Ibarretxe que, sin duda de buena fe, ha puesto de relieve su abnegada entrega en pro del engrandecimiento de Euskadi.

Ibarretxe ―se deduce de su discurso de investidura― da a este engrandecimiento un sentido patriótico, pero también, desde un pragmatismo de fácil asimilación, nos estimula a creer que sus principios soberanistas son los únicos que pueden llevar al pueblo vasco a un grado superior de bienestar, a vivir mejor de lo que ya hoy vive.

Naturalmente, Ibarretxe condena la violencia ―toda violencia― de forma que en sus aspiraciones de equidad y de justicia no establece límites, y en ese concepto incluye al terrorismo de ETA en pie de igualdad con cualquier grado de extorsión que pueda ejercerse por las instituciones del Estado.

Esto, unido a que para él, para Ibarretxe, el ejercicio de la democracia incluye el derecho a decidir del pueblo vasco sobre su futuro político, explica su mal perder al haber fracasado en sus deseos de seguir machacándonos con su mal llamado plan.

A este esquema doctrinal examinado desde la perspectiva nacionalista ―aquí resumido por razones de espacio― se puede responder de muy diversas maneras. Personalmente creo que las tensiones creadas en el seno de la sociedad vasca, a cuenta del independentismo propagado por el plan Ibarretxe, no ha favorecido la grandeza ni el bienestar que preconiza para los vascos.

Como tampoco lo ha favorecido el terrorismo de ETA, que en modo alguno puede parangonarse con la legítima violencia, competencia del Estado, que viene regulada por leyes aprobadas democráticamente.

ETA proclama “que el Pueblo Vasco tiene los mismos derechos que asisten a cualquiera otro pueblo a su autogobierno y afirma que para la consecución de éste, se deberán emplear los medios más adecuados que cada circunstancia histórica dicte”.

Y sigue: “La libertad de Euskadi (hoy Euskal Herría) no constituye para ETA el interés supremo, sino el único medio realista de desarrollo y vigorización de la Nación Vasca en todo sus ámbitos”.

La política seguida por los nacionalistas llamados democráticos y por ETA ―con excepción de las prácticas terroristas― viene a ser la misma: se sirven cómo nadie de los medios que “cada circunstancia histórica dicte” para la consecución de sus fines, que son los mismos que defiende ETA.

Por esta razón, los nacionalistas pactan con quien sea si el acuerdo es bueno para su causa, no tienen reparos en interpretar las leyes en beneficio de sus objetivos, utilizan sin complejos los medios financieros de todos, con tal de que sirvan para abrir surcos a sus principios, y hasta son capaces desde el poder que alcanzan, bien sea en los Ayuntamientos, en las Diputaciones o en la Comunidad Autónoma (que son una parte del Estado) en menoscabar al sistema que les habilita para el ejercicio de ese poder.

Estas prácticas, que llevan a muchos nacionalistas a sentir la ilusión de que el Gobierno de Euskadi está al mismo nivel que el Gobierno de España, como si no hubiera surgido de la Constitución española, les crean frustraciones cuando comprueban que no es así; y a partir de este hecho, se quiera o no, simbióticamente, el nacionalismo radical y el moderado se mutuo alimentan. Y aun cuando los últimos condenen el terrorismo, no se recatan en protestar porque al brazo político de ETA se le niegue por ley su presencia en las instituciones del Estado, como sucede en el Parlamento del País Vasco.

Esta es la realidad que estamos viviendo en este pedazo de España y, vista en su verdadera dimensión, si alguien espera ―los hay bien intencionados a la vez que almas cándidas― que por gobernar los socialistas en el País Vasco va a desaparecer ETA o el nacionalismo democrático se va a reconvertir en un partido autonomista y respetuoso con la Constitución, lo tiene crudo.

Los nacionalistas de todo cuño adecuarán sus armas a la circunstancia histórica que se avecina, siempre en favor de la misma idea: la independencia de Euskadi.

Se comprenden los reparos de Patxi López, una vez investido como Lehendakari, a ser conceptuado como líder de un contubernio españolista. Para borrar esa imagen, piensa que no hay otra solución que la de cantar la palinodia ante el nacionalismo moderado y hasta está dispuesto (así lo ha dicho) a correr riesgos ante los más sectarios. Hasta puede que no dude en sobrepasar los límites que se han marcado los socialistas en su pacto con los populares. ¡Ya veremos! Aunque se trate de algo que le condenaría a no ser lehendakari de todos los vascos, porque serían excluidos muchos de su partido y todos los del PP.

El pacto entre el PSE y el PP ha sido aplaudido desde amplios sectores de la derecha y de la izquierda española, pero ¿no acabaremos avergonzados, de ser vasco-españoles unidos ante el peligro de exclusión o de muerte, a cuenta de evitar toda sensación de frentismo?

Ya ven: Ibarretxe no duda en afirmar y lo tiene a gala, que ha trabajado abnegadamente por la grandeza de Euskadi. No se avergüenza de ello, como tampoco por defender la presencia en el Parlamento de los representantes de ETA. En suma, no se avergüenza del frentismo independentista ni a nadie pide disculpas por ello. ¡Otra muestra de esa simbiosis que permite adivinar que tendremos soberanismo (con ETA dentro) para rato!

Intereses cruzados

Por Pedro Morales Moya

Viernes, 24 de abril de 2009

Hoy, (23-04-09) leo que Urkullu, máximo líder del PNV, ha intervenido en la presentación de la candidatura de varios partidos nacionalistas coaligados para el Parlamento Europeo y, tomando el rábano por las hojas, ha dictado sentencia sobre cuál será el destino del nuevo Gobierno Vasco: “Será un Gobierno formalmente socialista, pero el que decidirá, bueno, ya está decidiendo (es) el Partido Popular”. Y remató su aseveración con esta especie de eructo: ¡Cuánta hipocresía!

Cualquiera de los que ha seguido el curso de las negociaciones de apoyo al PSE, habrá podido advertir que los planteamientos del PP, sus requerimientos, han sido netos y sencillos y, resumidos, se encierran en esta idea: el nuevo Gobierno estará dispuesto, de acuerdo con la Constitución, al respeto, y garantía de cumplimiento, de las libertades individuales de los vascos.

Dicho de otra forma, el futuro Gobierno Vasco presidido por Patxi López se reserva la aplicación de sus criterios social-demócratas, que como es sabido afectan al modelo de sociedad (por ejemplo, sus principios de igualdad o los que atañen a la defensa de los derechos sociales de los trabajadores), a cambio de defender los principios constitucionales en cuanto afectan a las libertades individuales y al modelo de estado.

Desde el PP se ha dejado claramente expuesto que en tanto las cosas sigan su curso con arreglo a lo pactado, prestará su apoyo al PSE durante toda la legislatura pensando en el beneficio de todos.

Por tanto el Sr. Urkullu no tiene razón y, además, no distingue entre la libertad de decidir del Gobierno, dentro de unas pautas pactadas con sus aliados, y las exigencias de otro tipo. Recuerdo a este propósito el precio cobrado al PSOE en el pasado ejercicio por parte del PNV, para que éste votara los Presupuestos para el 2009. Unos Presupuestos que el PNV sabía que no se tenían en pie, pero que le sirvieron de pretexto para satisfacer los intereses de algunos vascos. Los ertzainas podrían así jubilarse anticipadamente, como los policías nacionales, a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras tanto, el Gobierno de España desoía a sus policías en su aspiración de percibir los mismos haberes que los vascos, para no ser de distinta condición (al mismo trabajo el mismo salario).

Se sabe de sobra que una gran parte de los nacionalistas vascos (y catalanes y gallegos) no se sienten españoles y nadie les ataca porque se alíen, se unan y pacten con quien fuere en defensa de sus principios, siempre que no se sirvieren de la violencia y el terror en la prosecución de sus fines. Nadie les acusa de “frentismo”, ni siquiera, como acaba de ocurrir en Barcelona, cuando nutridos grupos de estos nacionalistas, se han apostado para atacar con violencia verbal al líder del PP Sr. Rajoy.

Es más, los nacionalistas se sirven de las leyes españolas, de la Constitución, de los Estatutos, para ir poco a poco afirmando sus ideas independentistas, aunque esto suponga un ataque al sistema desde sus instituciones. Para ello, estos nacionalistas no dudan en incumplir algunas leyes (la de las banderas, por ejemplo), o en interpretar otras a conveniencia (como en el caso de la imposición de un idioma, consiguiendo que donde la ley general admite el derecho, la particular lo convierta en deber); al final se crea un clima de actuación que hace creer a los más, que la autonomía así consentida y tolerada por los Gobiernos de España, es el portal de la independencia.

Y como además, ese poder central, antes y ahora, (incluidas las instituciones garantes del equilibrio de poderes) ha mirado con frecuencia para otro lado, estamos donde no debiéramos estar: estamos en el limbo, en tanto avanza el poderío de estas fuerzas secesionistas que por principio no miran solidariamente por el bien de todos los españoles; van a lo suyo.

No son hipócritas ―aunque puedan ser desleales con el sistema que los mantiene― porque ellos lo confiesan a los cuatro vientos: quieren la independencia.

¡Ah!, pero si los españoles se unen ―como por una vez y casi por milagro lo han hecho en el País Vasco― se les acusa: ¡cuánta hipocresía!

En España están en juego una serie de intereses cruzados, algunos de ellos poco o nada confesables, y estos intereses son los que impiden que arraigue un comportamiento lógico en el mundo de la política.

No se entiende que en el Parlamento español estén discutiendo a cara de perro los dos principales partidos ―ambos defensores de la Constitución, mientras no se demuestre lo contrario― sin haber resuelto antes su independencia, o su no dependencia, respecto a los partidos nacionalistas separatistas. Los más pequeños (los nacionalistas) le disputan la tajada del león, a los mayores y más fuertes (los constitucionalistas); es decir, a quienes representan a más del ochenta por ciento de los votantes, que se resignan a ver como al final muerden en esa tajada y se llevan el bocado más grande y sabroso, los que sólo tienen la representación de una parte mínima del veinte por ciento restante.

Dicho a las claras, esto es propio de los que padecen de idiocia, o sea que son cortos de entendimiento; o sea idiotas.

Cuando los problemas del país son tan graves como los que padece España, hay que tomar conciencia de esta gravedad y con arreglo al criterio democrático de la mayoría, ponerse de acuerdo para defender y mantener aquello que es fundamental para el progreso y bienestar de esa mayoría que, además, se proclama y quiere ser solidaria y no aplastar a las minorías restantes.

Pues no; aquí, a la inversa de lo que ocurre en los demás países de nuestro entorno, propiciamos que sean esas excluyentes e insolidarias fuerzas las que decidan y, luego, cuando unos pocos van con lógica a defender lo de todos, tenemos que aguantar que en público se les llame hipócritas.

La única esperanza posible está en que esa mayoría de votantes se canse y por una vez opte por elegir a los capaces de poner las cosas en su sitio; a los capaces de ponerse al servicio del País. Pero para esto hace falta un grupo de estadistas que avalen esta iniciativa: servir al País.

Fracaso nacionalista

Por Pedro Morales Moya

Viernes, 17 de abril de 2009

A mis trece años de vida, en 1936, sentí un incipiente interés por los asuntos políticos, al ver preocupados a los de casa por el avance impetuoso del Frente Popular. Entre unas cosas y otras, tras una campaña electoral apasionada y sectaria, las izquierdas se habían hecho con el poder y sus representantes más radicales pedían sin rebozos ―y entre ellos muy significadamente, el socialista Largo Caballero― la implantación de la “dictadura del proletariado”. ¡Calcule el lector cómo estaba de averiado el crédito democrático, cuando esa democracia, surgida de las elecciones de febrero del 36, iba a servir de plataforma a un proceso revolucionario que nos llevaría a consumar una dictadura!

Las derechas habían ido a estas elecciones desunidas, cargadas de suficiencia patriótica y nada preparadas para perder. Y no es que fueran barridas, que lo fueron de mala manera, sino que además quedaron burladas por aquellas izquierdas que lo primero que pedían era satisfacer sus deseos de venganza por lo ocurrido en octubre del 34.

En el Congreso, durante los meses que precedieron a la guerra, fue mucho peor: las derechas fueron aplastadas. Y se vieron empujadas a echarse al monte, proceso que culminó con la muerte de Calvo Sotelo. Hasta los más tontos entendieron que se había levantado la veda y Prieto, lo publicó el 14 de julio: “Será una batalla a muerte porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel”.

Vino el descalabro, que fue lo peor que cabe desear a un pueblo: la guerra civil o incivil. Para el caso, una lucha a muerte entre hermanos. Y por mucha memoria histórica que quiera echársele a la cosa, quienes debieran de cargar con la culpa de lo sucedido, son todos los que tuvieron cargos de responsabilidad en esa época, ya que una guerra de estas características es el fracaso de los que jugaron algún papel en la política española durante esos años.

Cuando tras el franquismo llegó la democracia (todo lo imperfecta, inmadura y tarada que se quiera, pero al fin democracia) los políticos del momento trataron, por la vía del diálogo, de rectificar muchos de los errores cometidos en etapas anteriores; incluso, teniendo por tales algunos que nunca lo fueron.

Y henos aquí, en los comienzos del siglo XXI, otra vez en trance de romper ese diálogo, de imposibilitar cualquier vía de reconciliación, principalmente por el radicalismo de algunos y por la intransigencia de los nacionalistas periféricos, dispuestos a estrujar las ubres de esta pobre vaca llamada España. Como si no tuviéramos bastante con los que, por inexplicable tolerancia de los partidos políticos ―al amparo de su respectiva bandería política― se dedican al bonito negocio de chuparle la sangre al figurado ejemplar vacuno.

Pues bien, y pese a todo, de una forma que ha dejado perplejas a derechas e izquierdas, el PP y el PSE-PSOE, en el País Vasco, han llegado a unos acuerdos básicos que demuestran la gran diferencia existente entre los políticos de la II República y los de nuestros días.

El hecho de que un partido de izquierdas y otro de derechas lleguen a entenderse democráticamente, con ánimo de corregir ciertos excesos nacionalistas, es calificado por estos últimos de “frentismo españolista”, con olvido de lo que ha sucedido en estos últimos treinta años, durante los cuales nunca estuvo fuera del poder el PNV.

Aquí todos hemos transigido con los criterios impuestos por esos nacionalistas, en franca contradicción con el sistema constitucional vigente. Por ejemplo ―por citar un caso entre otros varios― con el hecho de que la bandera nacional no ondeara en los edificios oficiales de la Comunidad Autónoma.

Por manifestación expresa del PSE, no está en el ánimo de este partido que entrará a gobernar en breve, aplicar una política de enfrentamientos. A tal fin, quiere formar un gobierno integrado, en parte, por personalidades independientes e incluso nacionalistas que acepten el régimen constitucional. Pues bien, ¿cuál ha sido la respuesta?

Primero, la de ETA con amenazas de muerte para quienes formen en este Gobierno. Segundo la de los nacionalistas llamados democráticos, con manifestación expresa de que el PNV seguirá liderando, desde donde estuviere, la política del País Vasco, ninguneando de esta forma al Gobierno en vías de constituirse en breve. Como consecuencia, muchos de los invitados a componer ese próximo Gobierno, se escaquean por miedo a unos y a otros.

La pregunta que surge es de todo punto lógica: ¿Dónde está la organización frentista? ¿Quién ataca a quién?

El que se anuncia para el País Vasco es un Gobierno que, reconociendo los logros alcanzados por sus antecesores, aspira a defender los intereses de la sociedad vasca sin combatir al sistema, es decir, sin enfrentarse al Estado español desde el reducto del poder vasco, que es el principal defecto achacable a los nacionalismos que pasaron por los Gobiernos anteriores.

El fracaso nacionalista ―aparte la permanencia de ETA que contamina a sus parientes ideológicos― lo constituye el hecho de no haber actuado con lealtad en el cumplimiento de sus obligaciones. No se puede, como se ha hecho a lo largo de estos años, ejercer el poder como si la Comunidad Autónoma Vasca no fuera una parte del Estado español; como si Euskadi fuera algo así como una colonia supeditada a las exigencias de la metrópoli.

Este fracaso viene por haberse excedido, por haber tratado de someternos a todos, a sus principios nacionalistas secesionistas.

No vamos a negar que una gran parte de la sociedad vasca es partidaria de estas iniciativas independentistas, pero esto no legitima que desde el poder se actué contra el sistema constitucional y se someta a la otra parte, a la que no es nacionalista, a los principios con los que no comulga. Y esto se ha hecho faltando además al derecho de esas minorías, sobre todo al derecho a su libertad.

El resultado final, ha sido este pacto entre el PSE y el PP al que pretenden descalificar tildándolo de “frentismo”; ha sido la consecuencia de una presión nacionalista fuera de toda razón.

Y si las cosas ahora se hicieren bien y no con intransigencias estúpidas, quedará de manifiesto que se puede vivir en paz, sin necesidad de tensar todos los días la cuerda de la intransigencia. Se puede vivir en paz y en libertad, algo que la democracia actual nunca negó a los nacionalistas, cualquiera que fuera su denominación, siempre que actuaran dentro de la legalidad que ellos mismos acataron en los albores de nuestra democracia.

¡Claro que se trata de la libertad entendida como derecho individual, que prevalece sobre cualquier otro supuesto derecho colectivo!

Si empezáramos por ahí, por reconocer y respetar la preeminencia de los derechos individuales, quedarían resueltos muchos problemas que en el fondo no lo son tanto.

Equiparación episcopal

Por Pedro Morales Moya

Jueves, 2 de abril de 2009

Monseñor Uriarte, Obispo de San Sebastián, manifestó hace unos días, en el Forum Europa celebrado en Bilbao, sus deseos de que se facilitaran medios económicos a las familias que sufren la ausencia de sus parientes próximos pertenecientes a ETA, por estar cumpliendo condenas en cárceles alejadas de sus puntos de origen.

Para dejar las cosas en su justo medio, ha de reconocerse que Monseñor Uriarte condena las acciones terroristas de ETA y se conduele con los que también sufren por contar con víctimas mortales y por otros padecimientos que tienen su origen en la acción criminal de esa banda.

Su Eminencia Reverendísima -le contestan los “sufrientes”, los otros, los que padecen a ETA- no tiene derecho a equiparar a los terroristas con sus víctimas, que bien a su gusto correrían con los gastos necesarios para visitar, si vivieran, allí donde estuvieren, a sus parientes asesinados por la banda etarra.

Lo más conmovedor de Monseñor Uriarte, es su tropología, que debe entenderse, conforme a la segunda acepción del diccionario de la RAE, como una mezcla de moralidad y doctrina en el discurso u oración, aunque sea en materia profana o indiferente. De ahí deriva esa aureola de santidad con la que al parecer nos quiere inducir a seguir sus criterios, como si fueran los únicos excelsos que se pronuncian en bien de todos.

Nos recomienda “serenar nuestros sentimientos en la política” para evitar “la demonización del adversario político, la pasión por liquidarlo y la desconfianza profunda que congela el acercamiento mutuo, que obran en muchos ciudadanos y en muchos dirigentes”.

Si analizamos la frase en su propio sentido, nadie podría negar su contenido ético. Debemos ser respetuosos con el adversario, con su persona, lo cual no impide combatir sus ideas razonadamente, es decir proponiendo otras ideas mejores o demostrando los errores del interlocutor al que nos enfrentamos.

Pero lo que Monseñor Uriarte no dice, y ahí radica su injusticia, es que de su discurso se deduce que aquí –en el País Vasco- los perseguidos, los “sufrientes”, están repartidos al azar. Es decir, están tanto en un lado como en otro de la barrera que separa a los vascos. Y no es así. Hay que constatar los hechos y reconocer que a nadie se le persigue por manifestarse e identificarse con el nacionalismo más excluyente y radical que pueda darse en Euskadi, ni por la exposición de sus símbolos hasta la saciedad, ni por la deriva presupuestaria de unos Gobiernos nacionalistas que durante treinta años se han sucedido y que han primado de manera excepcional estas doctrinas separatistas, ni por la tendencia totalitaria y excluyente con la que los políticos en el poder han primado esas manifestaciones y han orillado las que no se plegaban a sus deseos.

Esa sociedad compuesta por los vascos que no reniegan de ser españoles, desde su modestia, no ha tratado desde hace más de treinta años, de demonizar a nadie, sino de exponer sencilla y claramente los hechos que contempla y padece. Y en esta realidad vasca de nuestros días, aparte asesinatos sufridos en forma abrumadora por quienes no son nacionalistas, son centenares de miles los que ha tenido que dejar su tierra natal, este nuestro País Vasco, por sentirse, no demonizados, sino lo que es mucho peor, amenazados; es decir, a estos vascos españoles, no se les ha combatido por sus adversarios respetando sus personas, aportando ideas razonablemente expuestas, frente a las que ellos sustentan. A estos vascos españoles se les viene castigando de muchas maneras, pero sobre todo con eso que los nacionalistas buenos, los que “han sabido serenar sus sentimientos”, llaman violencia que, claro está, la condenan pero no la extirpan.

Monseñor Uriarte propicia el acercamiento de las distintas opciones políticas y el fomento de “la conciencia cálida de pertenecer al mismo pueblo”, ya que aunque unos sientan su pertenencia a Euskadi y otros a España, “no somos dos comunidades forzadas” sino “un pueblo políticamente plural, pero un pueblo, y no podemos dejar a unos hijos la imagen de un pueblo fragmentado”. ¡Cuánta razón tiene, Monseñor!

Basta solo advertir cómo se cumplen sus deseos en la Vasconia francesa, donde sus moradores viven en paz como “un pueblo políticamente plural” y no tienen ni la mínima parte del reconocimiento que se nos ha dado a los vascos en España.

La prueba del nueve está a la vista. Si un grupo de amigos se armara de “ikurriñas”, insignias y símbolos nacionalistas y las paseara por todo Euskadi, -¿qué digo? por toda España- no pasaría nada y la expedición terminaría en paz; mientras, me pregunto -y deseo Monseñor que usted lo medite- ¿que sucedería si las banderas y símbolos fueran los meramente constitucionales y se llevaran, por ese mismo grupo, por todas las tierras vascas? ¿Qué pasaría, Monseñor Uriarte?

Y conste que se trata de símbolos constitucionales, de esa Constitución española que ha hecho posible que los vascos tengamos una autonomía en grado tal, que hoy, en trance de perder el poder, valorarán como se merece los políticos cesantes. Los mismos que, valiéndose de las instituciones creadas al amparo de esa Constitución, no dudaron en combatir, desde dentro, la integridad del sistema, sin que nadie se lo haya impedido, ni muchos menos demonizado.

Por tanto no cabe hacernos creer con ese lenguaje dado a la equiparación, -aquí todos somos iguales- disfrazar la realidad, que desde la calle se contempla, sobre la forma de estar y de sufrir en este País Vasco de nuestros amores y del proceder de sus gentes.

Lo cual no impide que muchos estemos reconocidos al respeto y la serenidad que Monseñor nos ofrece y se merece, pese a lo injustamente que nos trata y considera.

No es momento para votos de censura

Por Pedro Morales Moya

Viernes, 27 de marzo de 2008

Acaba de formalizarse el pacto entre el PSE-PSOE y el PP, referido al gobierno del País Vasco, de cuya importancia no tendremos exacta noticia hasta que se vayan viendo sus efectos, en el desarrollo de esta legislatura.

El PP no va a desempeñar cargo alguno en el Gobierno Vasco de próxima constitución. Presta sus votos a cambio de aplicar criterios distintos a los impuestos por los nacionalistas, en materias que inciden muy directamente en la marcha de la sociedad vasca. Para empezar, todo intento soberanista quedará orillado y dejará de ser la constante amenaza que soliviantaba a un amplio sector de la población vasca.

Sin embargo, no es prudente echar las campanas a vuelo. Hay que tener en cuenta la fragilidad de este pacto. Peligra por dos razones que pueden llevarlo a la ineficacia.

Una de estas razones se apoya en la debilidad del PSOE para gobernar en España. Estamos viendo como se sirven de esta circunstancia, en el Congreso de los Diputados, los pequeños partidos nacionalistas. Sus votos son decisivos para la aprobación de las leyes. Saben que el PP en determinados asuntos votará siempre en contra del Gobierno. El PSOE se ve necesitado de apoyos. El PNV, uno de estos partidos que votaba con el PSOE a cambio del pago de costosas facturas, ha empezado a negarle su apoyo. Nada es gratuito en política. Y ahora, al verse desplazado del Gobierno Vasco, el PNV ya ha puesto en práctica la negación de ayudas al PSOE. Al fin y al cabo, en circunstancias como las expuestas, el objetivo de estos pequeños partidos no es otro que el de elevar su cota de exigencias, poniendo a su voto un alto precio que, si se paga, será en beneficio de unos pocos, a costa de una inmensa mayoría de españoles, como ya ha sucedido al aprobar la ley presupuestaria.

La segunda razón se concreta en la respuesta que el PNV se decida por dar al nuevo Gobierno Vasco, desde las instituciones y entidades que controla en esta Comunidad Autónoma. Para empezar, conviene no echar en olvido que este partido ostenta el poder en las tres Diputaciones Forales; es decir tienen en sus manos un importante factor de influencia, dado que son las recaudadoras de la tributación exigible en los tres territorios históricos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Cuando el Lehendakari dijo, hace unos días, que seguirían gobernando en Euskadi, hizo patente el poder que aun conservan, del cual pueden hacer uso muy diverso.

Para muchos, ante esta debilidad manifiesta del Gobierno de España, ha llegado el momento de proceder a su acoso y derribo, incluso con un voto de censura.

El voto de censura tiene sus limitaciones y probablemente, de ganarlo, provocaría un adelanto de las elecciones. Lo cual podría dar pie a que surgiera el PP como partido ganador, pero ¿y si no alcanzara la mayoría absoluta? Volvería a estar el país a merced de estos partidos nacionalistas, y poco o nada saldrían ganando esa inmensa mayoría de votantes que son y se sienten españoles y están desazonados por los intentos excluyentes de los nacionalismos.

Tenemos que acabar por saber que el problema territorial de España sólo se resolverá cuando los dos partidos de ámbito nacional se pongan de acuerdo en establecer, con toda claridad, el repertorio de competencias del Gobierno de España o central, el de los Gobiernos Autonómicos, y las que correspondan a su vez a las Diputaciones y a los Ayuntamientos.

Todo dentro del mayor consenso, pero sin salirse del acuerdo de los partidos que representan a más del ochenta por ciento de la población española.

Para empezar, si como ha sucedido en el País Vasco el PP y el PSOE se buscaran y llegaran a un acuerdo, ahora que tanto lo necesita el País, para estudiar las medidas convenientes con las que dar cara a la crisis económica, nos pondrían a todos en el buen camino. Y de ahí, un paso más y podríamos verlos apoyándose mutuamente para que las exigencias de los políticos nacionalistas no se desmadraran, como estamos en riesgo de que ocurra.

Es decir el PSOE y el PP están obligados a entenderse en asuntos de Estado, como la han hecho en el País Vasco, si no quieren que vayamos todos a la ruina.

¿Qué puede pasar si no se entienden y no alcanzan este pacto de mínimos en media docena de asuntos fundamentales?

Puede pasar, es lo más probable, que el PP, de ganar las elecciones, tuviera que gobernar en minoría. En ese caso se iba a encontrar con los mismos problemas y aún más de los que hoy acucian al PSOE. Problemas por cierto, tan graves, como creo que no se han dado otros desde que empezó a funcionar esta, por otro lado, frágil democracia española.

Está en peligro la unidad constitucional y basta ver para comprobarlo, la fuerza con que Cataluña reclama algunas de las concesiones estatutarias, tal y como sucede ahora con la cuota de financiación autonómica. Esto induce a las demás comunidades autónomas a reclamar un trato homogéneo. Y lo que en condiciones normales habría tenido difícil solución, porque nunca llueve a gusto de todos, ahora, en medio de una crisis desastrosa, resulta mortal de necesidad; es decir, es inviable.

Con un paro galopante, una deuda que asusta, una inmigración desplazada que puede convertirse en seria amenaza y otros problemas anejos, solo nos falta que empiecen a tirar de la saca del dinero, cada uno desde su terruño para acabar de descuajaringar el invento.

A nadie que se sienta español le conviene una trifulca a muerte entre los dos principales partidos de España. Por el contrario, de un pacto hecho con talento, pueden derivar muchas ventajas. Algo parecido ya se hizo en otros países.

No es el momento de andar a la greña con votos de censura. Es la hora de tratar de fortalecer el pacto alcanzado en el País Vasco y empezar a enderezar de raíz, algunos de los problemas que nos llevarán a la quiebra de no obrar a tiempo y con tino.

Lo más juicioso es hacerlo en concordia, y no por vías traumáticas. Puede parecer que no, pero es que sí.

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