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Boicot a Pekín 2008, una decisión personal
Reacciones institucionales al "caso Nevot"
Consecuencias del uso indebido de la palabra "boicot"
Rajoy y el arte de la subvención
Cataluña 2030, todo en catalán
Nueva indignación para un hecho que no es nuevo
El director de TV3 y las obligaciones
Bitácora "Comentarios" Por Marc Egea
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"La única cosa necesaria para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada." Edmund Burke |
Boicot a Pekín 2008, una decisión personal
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
¿Llevarían ustedes a sus niños a jugar a casa de un vecino que maltrata a su mujer e hijos? Pueden pensar en ello, si quieren.
En estos días, está de actualidad el llamamiento a boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. La mayoría de las declaraciones contrarias al boicot que hemos oído pronunciar a responsables políticos, dirigentes deportivos y exatletas tienen un curioso rasgo en común: que están expresadas en términos de utilidad. "Los boicots nunca han funcionado" (Patrick Hickey, presidente del Comité Olímpico Europeo). Les formulo a ustedes una pregunta en términos de utilidad: Suponiendo que hayan contestado negativamente a la cuestión del vecino maltratador, ¿levantarían su negativa sólo porque manteniendo alejados a sus niños no consiguen que el vecino deje de pegar a su mujer e hijos?
Otro rasgo que comparten la mayoría de declaraciones que han realizado algunos responsables políticos, dirigentes deportivos y exatletas es el criterio que utilizan para identificar a las víctimas del asunto. "Son los deportistas los que sufren más" (Togay Bayatli, presidente del Comité Olímpico de Turquía). Para tratar de entender este criterio, planteo una situación, siguiendo con el ejemplo de antes: Ustedes han optado por no llevar a sus niños a jugar a casa del vecino. Esa noche, sus niños, como siempre, cenarán, verán la tele y se acostarán. Los niños del vecino, como casi siempre, recibirán una paliza y se irán a la cama. ¿Quienes son los que más sufren?
La mayoría de los responsables políticos, dirigentes deportivos y exatletas que se han manifestado en contra de la propuesta de boicot a los juegos de Pekín 2008 parecen coincidir en otro aspecto: en pedir que no se mezcle política y deporte. "El deporte debería separarse de la política" (Ulrike Nasse-Meyfarth, bicampeona olímpica de salto de altura). En tal caso, y suponiendo que pudiéramos volver atrás en nuestra ficción doméstica, pregunto: ¿Negociarían con el vecino maltratador prestarle sus niños para la fiesta a cambio de que les deje jugar tranquilamente? ¿Separarían el maltrato del juego infantil?
Hay incluso quien exhibe una revolucionaria manera de entender la justicia al insinuar que es bueno que el Comité Olímpico Internacional conceda la organización de juegos olímpicos a ciudades como Pekín porque eso provoca cambios positivos en el país (Simon Clegg, director general del Comité Olímpico Británico). Curiosa manera de repartir castigos y recompensas: A la mañana siguiente de un maltrato, ¿ayudarían al vecino maltratador a organizar una fiesta para conseguir con ello que maltrate un poco menos a su esposa e hijos?
Hay algo que es unánime en las declaraciones efectuadas estos días por responsables políticos, dirigentes deportivos y exatletas: su oportunidad. Éstas se han producido para combatir un llamamiento al boicot que ha cobrado fuerza a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el Tíbet. Teniendo en cuenta que el Tíbet es una pequeña parte del enorme territorio que está bajo sometimiento del gobierno totalitario chino, ¿justificarían ustedes la negativa a llevar a sus niños a la fiesta del vecino por las palizas que éste le propina a uno de sus hijos pero no por las que le propina al resto?
Éste es el tipo de manifestaciones que han hecho algunos de los responsables políticos, dirigentes deportivos y exatletas contrarios al boicot de Pekín 2008. Desgraciadamente, los comunicados oficiales indican que ningún país importante va a dar la espalda a los próximos Juegos Olímpicos del régimen chino de Hu Jintao. Y, sin embargo, ésta no es la última palabra. De hecho, lo único relevante que han conseguido los organismos oficiales al posicionarse de esta manera, a parte de retratar a sus dirigentes, es transferir la elección final. Ahora la decisión última ya no está en sus manos. Ahora está en manos de cada delegado, de cada reportero, de cada entrenador, de cada deportista, de cada aficionado. Vuelvo a la pregunta del inicio: ¿Llevarían ustedes a sus niños a jugar a casa de un vecino que maltrata a su mujer e hijos? Y la reformulo: ¿Irían ustedes mismos a una fiesta organizada por un mafioso?
Que cada cual decida.
Reacciones institucionales al 'caso Nevot'
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Lo más interesante del “caso Nevot” no es propiamente el atropello denunciado por Mariano Rajoy (algunos ya sabíamos sobradamente que en Cataluña se multa por rotular solamente en castellano), sino la reacción que esa denuncia ha provocado.
Empecemos por situar el hecho, por si alguien no lo conoce. El pasado lunes, el candidato Mariano Rajoy denunció, en el transcurso del segundo debate electoral, que un comerciante catalán había sido multado con 400€ porque el rótulo de su negocio (rótulo cuyo contenido leyó Rajoy en voz alta) estaba escrito en castellano. Pues bien, conozcamos dos reacciones oficiales que describen con claridad la manera en que se tratan estos asuntos en Cataluña:
Al día siguiente del debate, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Manuel Tresserras, declaró, a la salida de la reunión de gobierno, que "en Catalunya no se imponen sanciones a nadie por utilizar ninguna lengua, sino por incumplir las obligaciones establecidas para utilizar el catalán en determinados usos". Fíjense en la manera en que está expresado el argumento porque constituye uno de los mecanismos más utilizados por los políticos nacionalistas a la hora de afrontar las realidades incómodas: el sr. conseller dice que en Cataluña no se multa a nadie por usar una lengua sino que se multa a quien incumple determinados preceptos. O sea, se multa a quien incumple la ley. ¿Y qué dice la ley? El conseller calla. La ley afirma que todo rótulo tiene que estar redactado al menos en catalán. Lo que equivale a decir que se multará a quien rotule en castellano y sólo en castellano. El mecanismo dialéctico utilizado por el conseller es el siguiente: desmentir una afirmación (la de Rajoy, en este caso) sin llegar a desmentir los hechos (la multa al sr. Nevot). No pueden desmentirse los hechos porque los hechos ocurrieron, los hechos son los que son. Pero, en su lugar, el conseller desmiente la afirmación de Rajoy aprovechando un infantil juego semántico del estilo “nosotros no te prohibimos ir a tal sitio, sólo te prohibimos irte de aquí” de modo que se obtiene, con el truco, la sensación de que los hechos quedan también desmentidos. Aunque parezca mentira, este mecanismo es muy utilizado por los nacionalistas. Se ve con más claridad en la segunda de las reacciones:
La segunda reacción ha aparecido en forma de comunicado de prensa, efectuado por el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat. La Generalitat ha lanzado este comunicado, dicen, para informar sobre el expediente sancionador a Fincas Nevot y despejar todas las dudas creadas. Afirma el gobierno catalán en su nota de prensa: “La sanción no es por rotular en castellano, sino por no rotular en catalán.” El mismo mecanismo. Corrigen a Mariano Rajoy sin poder corregirlo. Pero lo corrigen. Y eso es lo que queda. Hay que recordar que el objetivo de este tipo de declaraciones no es iluminar los hechos de la realidad sino reconducir la información tramposamente con el fin de tranquilizar al público. Pero ¿tranquilizarlo de qué? Leamos algunas de las aclaraciones del comunicado y viendo dónde echan el agua quizá adivinemos cuál es el fuego que tratan de apagar. Hagamos al mismo tiempo un ejercicio de interpretación libre. Dice el comunicado:
- “Después de que una inspección constate infracciones en materia de derechos lingüísticos, se da un plazo de 2 meses al denunciado para que corrija los errores. En el caso de Fincas Nevot, se le dio un plazo de 4 meses.” (A Fincas Nevot se le dio el doble de tiempo, somos gente condescendiente, parece sugerir esta puntualización.)
- “La política del govern para ayudar a la normalización del catalán se basa antes en la motivación y el convencimiento que en las sanciones. La sanción se contempla siempre como un hecho excepcional y se utiliza como última instancia. Y, en todo caso, se aplican siempre las sanciones leves.” (Nosotros no queríamos llegar al extremo al que se ha llegado, lo quiso el sr. Nevot.)
- “El caso de Fincas Nevot aún no está cerrado, ya que se encuentra en vía administrativa, pendiente de resolución de un recurso.” (Aun así, el sr. Nevot aún no ha sido sancionado; puede que todo acabe en nada.)
- “El pasado 13 de febrero, y después de casi un año de trabajos previos, se firmó con las principales organizaciones empresariales y asociaciones de comerciantes de Cataluña, un convenio para trabajar conjuntamente en políticas de consumo. Uno de los ejes básicos es el fomento de la normalización lingüística.” (En cualquier caso, debe quedar una cosa clara: el sr. Nevot, con su actitud, demuestra ser un outsider. La gran mayoría de la gente está con nosotros).
Déjenme que ligue mis comentarios impertinentes en un solo párrafo: “A Fincas Nevot se le dio el doble de tiempo, somos gente condescendiente. Nosotros no queríamos llegar al extremo al que se ha llegado, lo quiso el sr. Nevot. Aun así, el sr. Nevot aún no ha sido sancionado; puede que todo acabe en nada. En cualquier caso, debe quedar una cosa clara: el sr. Nevot, con su actitud, demuestra ser un outsider. La gran mayoría de la gente está con nosotros.”
A mí lo que me sugiere este comunicado es que la Generalitat se esfuerza en dulcificar unas actuaciones sobre las que tiene mala conciencia. Si la Generalitat considerara al sr. Nevot un criminal, actuaría con notoria contundencia y ejemplaridad. ¿A qué viene suavizar la aplicación de la ley? ¿A qué viene presentar la ley como suave?
Viene a que ellos son lo primeros que saben que esa ley es un atropello a los derechos de los ciudadanos y, lo más importante, a que saben que la opinión pública aún no está preparada para que la administración pública atropelle indisimuladamente a los sres. Nevot de Cataluña. Porque, a día de hoy, la mayoría de los catalanes aún no han asimilado que un comerciante que rotula en castellano vulnera los derechos de quienes andan por la calle sin prestarle atención. Hará falta más pedagogía para que esto ocurra. Esa pedagogía que, mediante declaraciones institucionales, notas de prensa, políticas promocionales, subvenciones, campañas, educación y desinformación habla de "derechos lingüísticos" del consumidor y no de libertades del comerciante, habla de "derecho del catalán a ser utilizado" y no de derecho de las personas a utilizar el idioma que elijan. Creo que eso aún está lejos. Pero se está trabajando para conseguirlo. Conviene que sepamos que si eso llega a alcanzarse algún día, si llega el día en que los dirigentes nacionalistas se sientan suficientemente respaldados por una opinión pública comprensiva y complacida, este tipo de leyes se aplicarán masivamente y sin disimulo.
Para eso fueron creadas. Y mucha gente mirará a otro lado. Es el fruto de la pedagogía nacionalista. Es el objetivo de la pedagogía nacionalista.
Consecuencias del uso indebido de la palabra 'boicot'
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Comenté en un artículo anterior que muchos medios de comunicación suelen emplear equivocadamente la palabra 'boicot' para referirse a 'sabotajes'. Veamos ahora qué clase de consecuencias puede tener ese mal uso. Para ello tomaremos como ejemplo las declaraciones que realizó la subdirectora del diario ADN, Cristina Fallarás, a propósito de la agresión sufrida por la candidata del PP, Dolors Nadal, en la Universidad Pompeu Fabra.
En esas declaraciones, efectuadas hace un par de días a Onda Cero Radio, la subdirectora de ADN afirmó que el 'acto' sufrido por Dolors Nadal (al que llamó 'boicot') le parecía "estupendo" porque a ella le gusta que las campañas electorales sean "moviditas". Y recordó que "un boicot es un ejercicio de protesta popular" en el que no cabe la "agresión física".
La lógica del argumento de la señora Fallarás es impecable. Funciona de la siguiente manera: Un boicot es algo legítimo. Dolors Nadals sufrió un boicot. Por tanto, lo que sufrió Dolors Nadal es legítimo. Y puesto que a la directora de ADN parece gustarle que se boicotee a los grandes partidos políticos en campaña electoral (cosa que, en principio, no es reprochable), se permite declarar con total tranquilidad que aprueba lo ocurrido en la Universidad Pompeu Fabra.
Pues, bien. El razonamiento de esta señora es correcto. Y la conclusión que saca, aparentemente, es legítima. Pero en realidad no lo es. Porque el razonamiento está envenenado. Y está envenenado porque una de las premisas es falsa. ¿Cual?
Dolors Nadal no sufrió un boicot. Lo que sufrió Dolors Nadal fue un sabotaje. Y a propósito de la intensidad del sabotaje cabe decirle algo a la subdirectora de ADN: No es necesario que al perjudicado le agredan físicamente para que la agresión constituya un sabotaje. Basta con que se le impida mediante la fuerza ejercitar su libertad de expresión. Y eso es exactamente lo que ocurrió en la Universidad Pompeu Fabra. Dolors Nadal no pudo celebrar su conferencia porque se le impidió coactivamente. Podían haber contraprogramado el acto o recomendado que no se asistiera (mediante argumentos ciertos y no coactivos) si hubieran querido boicotearla.
Cuando la influencia de los medios de comunicación generaliza el empleo equivocado de un término como en este caso el de 'boicot', pueden ocurrir dos cosas: Una. Que una persona honrada, por desconocimiento, acabe defendiendo una acción que jamás defendería. O sea, que se equivoque. Y dos. Que una persona indecente pueda promover acciones indecentes sibilinamente presentadas con ropajes de decencia. O sea, que engañe.
¿En qué posición está la señora Fallarás? Puedo imaginar su posición después de oírle declarar que los derechos individuales no pueden ser violados más allá del límite de la agresión física, pero sí más acá, y según criterios estéticos (porque "una agresión física es una cosa fea"). Pero, francamente, no me interesa. Lo que me parece más importante es denunciar con la seriedad que merece que el empleo inadecuado de la palabra 'boicot' por parte de los medios de comunicación puede tener gravísimas consecuencias. Tan graves como que se legitime la idea de que iniciar el uso de la fuerza contra otros es aceptable.
Rajoy y el arte de la subvención
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Hace unos días, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, cargó contra los artistas e intelectuales amigos de Zapatero, respondiendo así a los insultos que éstos habían proferido contra la derecha española. Estuvo acertado, Mariano Rajoy. Sin embargo, algunos esperábamos que, a continuación, profundizara en el caso y denunciara el injustificable trato de favor que ese colectivo recibe por parte del Estado. Y que lo hiciera de forma clara y pedagógica, para que toda la ciudadanía, incluida la que vota izquierda, conociera cuál es el auténtico modo de vida de los artistas de la subvención. Porque, dejando las descalificaciones atrás, ése es el verdadero asunto a analizar: la injusta política de subvenciones públicas que se practica en España. Al fin y al cabo, esos artistas e intelectuales, aunque de forma indecente, hacen lo que deben: perseguir su propio interés. Quien, en mi opinión, equivoca aquí su cometido es el Estado.
Por lo visto, el momento elegido por Rajoy para lanzar a los ciudadanos un rotundo mensaje pedagógico sobre el asunto de las subvenciones ha sido hoy, aprovechando un acto de campaña dedicado al deporte. En ese mitin electoral, Mariano Rajoy ha presentado cinco grandes propuestas en materia de política deportiva y ha anunciado solemnemente la decisión de apoyar a los deportistas de alta competición porque “son sinónimo de valores y principios” y "se lo merecen más que otros."
Si entendemos que 'apoyar' significa subvencionar, el mensaje no podía ser más pedagógico: Efectivamente, se nos confirma que, en España, algunos ciudadanos tienen derecho a que el resto de ciudadanos les paguen los hobbies. Zapatero y Rajoy elegirán qué hobbies y qué ciudadanos. No hay más diferencia.
Tras esta declaración, el balón continúa en la cancha de juego y Zapatero y Rajoy se lo disputan deportivamente. Lo que algunos cuestionábamos no era la actividad a subvencionar sino si el Estado debe subvencionar actividades particulares. En mi opinión, hay que sacar el balón de esa cancha porque, en materia de privilegios, no debe permitirse ningún juego. Para algunos, hay unas pocas cosas que aún siguen estando claras:
Entendemos que, una sociedad democrática, todos somos libres de elegir la actividad que queremos desempeñar en la vida, si bien nos convendrá una actividad con la que obtengamos dinero a cambio. ¿Quién determina si merecemos obtener dinero a cambio de una actividad? El público. Si al público le interesa nuestro trabajo, pagará por él. Si al público no le interesa nuestro trabajo, nos convendrá buscar una actividad que sí le interese. Sólo cuando tengamos las necesidades cubiertas por el dinero que otros nos pagan podemos dedicar el tiempo libre a una actividad por la que nadie quiera pagarnos. Ese mecanismo es igual para todos. Debe ser igual para todos. Es el mercado. Pues, bien. Lo que sostienen Zapatero y Rajoy es que algunos ciudadanos tienen derecho a dedicarse directamente a actividades por las que nadie quiere pagar, actividades que deben ser financiadas… con el dinero de la gente que no quiere pagar.
¿Qué mandato han recibido Zapatero o Rajoy para crear esas distorsiones y desigualdades? ¿Qué autoridad tienen Zapatero o Rajoy para determinar qué ciudadanos y qué actividades son beneficiarios de esa redistribución de voluntades? Por mucho que algunos traten de disimularlo, en una sociedad libre, la soberanía de los ciudadanos acaba estando en el mercado. Más incluso que en las urnas.
Boicotear y sabotear
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Desgraciadamente, los medios de comunicación emplean con frecuencia los términos ‘boicot’ y ‘sabotaje’ como si fueran sinónimos. Y eso no es correcto. Las acciones de 'boicotear' y 'sabotear' no sólo no son parecidas sino que tienen naturalezas completamente opuestas. Creo importante, pues, clarificar el significado de ambas palabras para no interpretar equivocadamente algunas informaciones que nos llegan.
Vamos a situar ambas acciones, 'boicot' y 'sabotaje', en el ámbito del comercio, que es donde, en mayor medida, se comete la confusión. Conviene recordar que el fundamento principal del comercio es la libertad. Sin libertad no hay comercio (hay otra cosa, pero no es comercio). Eso significa que compradores y vendedores tienen libertad para establecer relaciones comerciales entre ellos sin que ninguna parte pueda obligar a la otra. Dicho esto, ¿en qué consisten el boicot y el sabotaje?
El boicot consiste en negarse a comprar, vender o practicar cualquier forma de relación comercial con un individuo o con una empresa considerada autora de algo reprobable. Para el comprador, por tanto, boicotear significa simple y llanamente no comprar. Algo a lo que, por supuesto, tiene derecho dentro del ejercicio de su libertad. Igual que tiene derecho a lanzar un llamamiento al boicot, que no es otra cosa que proponer a otros que sigan su ejemplo. Si la llamada al boicot se realiza sin coacción y emplea argumentos ciertos (puede decirse: “Animo a no comprar esa marca de leche porque es catalana” pero no puede decirse que la leche está envenenada si no está envenenada), el llamamiento al boicot es tan lícito como el boicot mismo, pues ambas acciones recaen en la libre decisión del comprador individual. Nada puede hacer el vendedor si la gente elige no comprarle.
El sabotaje, por su parte, es una acción dirigida a debilitar a un agente mediante la subversión, la obstrucción, la interrupción o la destrucción de material. Sabotear, pues, en el terreno de lo comercial, consiste en impedir mediante la fuerza que un vendedor pueda vender. Eso -no hace falta decirlo- es un atentado contra la libertad del vendedor y contra la libertad del resto de compradores.
Las diferencias son claras, pues. El boicot se desarrolla en el terreno de la libertad, el sabotaje en el de la violencia; el llamamiento al boicot emplea la persuasión con el fin de ganar adhesiones, el sabotaje utiliza la fuerza para eliminar toda acción. El boicot es, por tanto, una acción estrictamente comercial y lícita. El sabotaje, una acción radicalmente anti-comercial.
¿Por qué se confunden 'boicot' y 'sabotaje' si son acciones tan distintas? Puede que en parte se deba a que, conjugadas, las dos palabras se parecen bastante, y si a esto le añadimos que ambas acciones persiguen el mismo fin: perjudicar las ventas de una empresa, no es disparatado suponer que los dos términos se han mezclado en nuestra habla sin pretenderlo. También es posible que, dado que 'boicotear' y 'sabotear' se confunden fácilmente, los saboteadores y los beneficiarios de sabotajes han llevado cuidado en que sus acciones vandálicas fueran conocidas erróneamente como 'boicots', para tomar del 'boicot' la legitimidad que de la que el 'sabotaje' carece y blanquear así sus atropellos en la conciencia de los ciudadanos. Y sin duda ha ido calando. No es extraño encontrar titulares como el siguiente sin que las autoridades efectúen inmediatas detenciones: “Empleados de la empresa ferroviaria X han boicoteado el servicio regular de tren obstruyendo el acceso de los pasajeros a los andenes.”
Ahora que va estando un poco más clara la diferencia, conviene que empecemos a emplear los términos con mayor propiedad (y, en la medida de lo posible, también conviene que denunciemos y corrijamos los usos impropios que detectemos a nuestro alrededor). Porque si permitimos pasivamente que un concepto como el de 'sabotaje' se acabe confundiendo con otro concepto como el de 'boicot', no estaremos aceptando únicamente que se legitime, en este caso, la violación de todo empresario por un liberticida -y la nuestra misma en tanto que potenciales clientes de toda empresa-, sino que estaremos sentando las bases para que en el futuro se violen más libertades mediante sucesivos atropellos debidamente rebautizados.
¿El racismo es delito?
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Estos días, la agresión de un tal Sergi Xavier a una joven ecuatoriana en un tren de la periferia de Barcelona ha reavivado el interesante -y para muchos incómodo- asunto del racismo. A propósito del caso, me ha llamado la atención una idea que Isabel-Clara Simó ha expresado en su columna del diario Avui. Afirma la escritora catalana con rotundidad: "el racismo es un delito".
¿Seguro?, pregunto yo.
Veamos un ejemplo. Pensemos en otro tren. Es hora punta y el tren va lleno. En una parada, sube un nuevo viajero al tren. Quiere sentarse. En su vagón han quedado libres dos asientos. Junto a uno de los asiento libres hay sentado un ciudadano ecuatoriano y junto al otro de los asientos libres hay sentado un ciudadano español. El viajero elige el asiento que tiene por vecino al ciudadano español. Podría mentir pero, si un encuestador le preguntara, confesaría que he elegido ese asiento por racismo. No soporta a los ecuatorianos. Otra versión del ejemplo. Una persona ha sido más rápida que nuestro viajero y ha ocupado el asiento en el que éste iba a sentarse. Ahora sólo queda libre el asiento del ciudadano ecuatoriano. El viajero elije quedarse pie. "No soporto a los ecuatorianos", piensa en silencio mientras se agarra a un asidero del vagón. Media hora después, este viajero llega a su destino. ¿Deberá esperarle la policía en el andén para detenerle?
Sirva este ejemplo para demostrar la
inconsistencia de la afirmación de la señora Simó. El racismo es un
criterio y los criterios no son punibles. Los criterios pueden ser
acertados, desacertados, prácticos, inútiles, indecentes, inmorales, o
de cualquier forma, pero no punibles. Sólo son punibles las
acciones, y
sólo aquellas que atentan contra los derechos de otras personas. Es
punible insultar a una persona. Es punible tocarle el pecho a una
persona. Es punible patearle la cara a una persona. Estas tres cosas las
hizo el tal Sergi Xavier en el tren de Barcelona. En cambio, y volviendo
al ejemplo, ¿contra quién atenta la acción de sentarse en un asiento o
de permanecer de pie?
Afirmar que el racismo es un delito implica, en el fondo, sostener que pueda encarcelarse a alguien por tener determinada opinión. Y eso no es propio de democracias.
* * *
Coda: ¿Qué quiere decir la señora Simó en su artículo cuando afirma que el agresor de la muchacha es "catalán-catalán" porque se llama Sergi Xavier? ¿Es simple gusto por la repetición repetición y la redundancia redundancia o acaso insinúa que en Cataluña hay distintos grados de catalanidad?
El teatro de Álex Rigola
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Hoy, El Periódico de Cataluña
entrevista en sus páginas al director del Teatre Lliure, Àlex Rigola. En
la entrevista, el controvertido director teatral, famoso por sus
provocadoras puestas en escena, deja bien claro, por si alguien no se
había hecho una idea, cuál es su forma de entender el teatro. Declara
Rigola respecto a su gestión en el teatro público de Montjuic: "El
teatro público ha de asegurar una democracia cultural: para hacer obras
que ya funcionan en las salas privadas, no tiene sentido."
Lo que traducido significa que el teatro público debe ocuparse de obras que no funcionan en las salas privadas. Es decir, que las obras que los ciudadanos eligen no pagar por ver, la administración pública las financia con impuestos que los ciudadanos no puede elegir no pagar. Para ello, el Teatre Lliure recibe por parte de la Generalitat una asignación pública anual que supera los dos millones de euros (2.016.613,31 € el pasado ejercicio 2006). A esto le llama 'democracia cultural' Àlex Rigola.
Un salario mínimo de facto
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Nuestro salario mínimo
interprofesional (SMI) es actualmente de 570'60
€
al mes. Para muchos es una cifra baja. Para mí, elevadísima, puesto que,
en mi opinión, no debería existir. El salario es un precio: el precio
del trabajo. Y los precios, en la actividad comercial privada, si se
quiere que sean justos, deben ser fijados por el mercado, libremente,
mediante contratos efectuados por personas que buscan su beneficio
personal. Nadie mejor que uno mismo para velar por sus intereses. Toda
intervención del Estado en materia de salarios es además una violación
de los derechos del trabajador (del trabajador-empresario) que suele
tener el funesto resultado de causar desempleo para los trabajadores
(trabajadores-empleados). Aun así, hay quien honradamente defiende el
SMI porque cree que es justo y crea prosperidad. Y propone que se eleve
y se equipare a niveles europeos. Teniendo en cuenta esto, lanzo una
pregunta a los que, como yo, son contrarios al intervencionismo. ¿Cómo
es que nuestros oponentes, los partidario del SMI, se conforman con una
cifra tan baja?
Hoy ha caído a mis manos un ejemplar de una publicación informativa llamada Avalot, que corre a cargo de la gente joven de UGT en Cataluña. Este colectivo de jóvenes sindicalistas está llevando a cabo una campaña denominada "Posa't a 1.000 €, cap conveni per sota" ("Ponte a 1.000 €, ningún convenio por debajo"), según la cual, ha obtenido de UGT el compromiso de que no se firme ningún convenio colectivo que incluya 'categorías laborales' por debajo de los 1.000 €. Es sabido que los jóvenes son uno de los sectores de la sociedad que registra niveles de salarios más bajos. Por tanto, es comprensible que los sindicatos se preocupen de ello. Sin embargo, veamos cuál es el margen de actuación que, en principio, tienen.
En un Estado de Derecho donde se respeten y protejan los derechos individuales, cualquiera es libre de pedir 1000 € a cambio de trabajar. Y 2000 €. Y 3000 €. Puede pedir lo que crea que vale su capacidad productiva. Pero también el empresario es libre de no ofrecer más de 400 €, o 300 €, o 200 €, por su puesto de trabajo. El contrato se realizará si ambas partes llegan a un acuerdo de forma voluntaria. Y el mismo mecanismo funciona para cuarenta personas. 40 personas son libres de pedir 1000 € a cambio de trabajar cada una de ellas. Y 2000 €. Y 3000 €. Y el empresario es libre de seguir no ofreciendo más de 400 € por empleo, o 300 €, o 200 €, sin que el hecho de tratar con 40 personas, en vez de con una, suponga la menor diferencia.
Pero la supone. Y esto es debido al convenio colectivo. Lo que hoy se entiende como 'convenio colectivo' se apoya en una tergiversación malvada del derecho de asociación. Según la Constitución Española, la ley ampara la libertad de asociación de los ciudadanos. De este modo, un grupo de trabajadores, si quiere, puede unirse para negociar su contrato con un empresario. Puesto que toda asociación se legitima en el consentimiento voluntario de sus participantes, el derecho de asociación contempla también el derecho a no asociarse si no se quiere, de modo que un trabajador puede no adherirse a un 'convenio colectivo' si prefiere negociar un contrato por su cuenta. Y esto es algo que los sindicatos no permiten. Los dirigentes sindicales, menospreciando el fundamento básico del derecho de asociación, se erigen en representantes de todos los trabajadores y negocian 'convenios colectivos' para todos los trabajadores, cuyas condiciones delimitan todos los contratos, presentes y futuros. Así pues, según esta forma de proceder, allí donde los sindicatos, siguiendo campañas como el "Ponte a 1.000 €, ningún convenio por debajo", establecen un convenio colectivo, están determinando, de facto, un salario mínimo.
Conviene señalar cuál es la clave del éxito. El mecanismo que utilizan los sindicatos para lograr su poder es la coacción. Algo inaceptable. La labor principal de un Estado de Derecho es la protección de los derechos individuales de los ciudadanos. O sea, proteger a los ciudadanos de la violencia y la coacción de otros ciudadanos. Sin embargo, desgraciadamente, ¿qué protección cabe esperar de un Estado que, en última instancia, utiliza el mismo mecanismo que los sindicatos para la fijación del salario mínimo interprofesional? Creo que esto responde la pregunta inicial. ¿Cómo es que nuestros oponentes, los partidarios del SMI, se conforman con que el Estado obligue a no contratar por menos 570'60 € al mes? Es una cuestión de fuerza: Por que ellos obligan a contratar por más. (29/8/2007)
Cataluña 2030, todo en catalán
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Hagamos un viaje imaginario. Trasladémonos mentalmente a un hipotético año 2030. Centremos nuestra atención en Cataluña y observemos como, en esa época futura, la deriva nacionalista catalana ha alcanzado su cima de normalización lingüística: una sociedad en la que todo el mundo se expresa en catalán. ¿Cómo ha podido lograrse? Para conseguir esto, la imaginaria Generalitat de 2030 ha obligado a los ciudadanos, por ley, a expresarse en catalán. Los que no saben catalán son doblados mediante un sencillo sistema de traducción (se les adjudica un funcionario que les acompaña todo el día para traducirles simultáneamente cuanto dicen en castellano). Esto garantiza el éxito del resultado. En Cataluña, en 2030, el catalán es la lengua vehicular de todo el mundo.
Abandonemos el futuro y
volvamos a la realidad de hoy. Pero no dejemos el esfuerzo imaginativo
porque, aunque parezca extraño, nos sirve para la situación presente.
Porque, aunque mucha gente lo ignore -y otra mucha trate de ignorarlo-,
la situación actual de Cataluña se corresponde exactamente con la
descripción efectuada para una inquietante sociedad futurista de 2030.
La Ley de Política Lingüística, actualmente en vigor, reza así en su
artículo 32.3:
"La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán."
Ese "Al menos" sienta las bases de la imposición descrita. Significa que en Cataluña, actualmente, en el ámbito de la actividad comercial privada, redactar solamente en catalán es legal y redactar solamente en castellano es ilegal. Es decir, el ciudadano empresario, cuando 'habla' a sus clientes a través de letreros, catálogos, facturas, etc., si lo hace en castellano debe adherir obligatoriamente al texto en castellano una traducción al catalán de lo que ha escrito. Si en el letrero, catálogo, factura, etc. no hay espacio suficiente para los dos textos, el empresario tiene que elegir. Y les recuerdo la norma: redactar solamente en catalán es legal y redactar solamente en castellano es ilegal.
La Cataluña de hoy no es diferente a la Cataluña futurista del ejemplo. Probablemente resulta menos grotesca que aquélla porque los ciudadanos castellanohablantes no andan por la calle con un funcionario traductor pegado a la espalda. Pero pensemos coherentemente. Quien acepta hoy como normal que un castellanohablante tenga que traducir, por ley, aquello que expresa por escrito, aceptará mañana como normal que un ciudadano castellanohablante deba ser traducido, por ley, cuando se exprese oralmente. El hecho es el mismo: no la promoción de un idioma minoritario sino un atropello a las libertades fundamentales. ¿Resulta más llamativa una descripción kafkiana? Describámoslo kafkianamente, pues.
Las incoherencias no existen
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Estos días, frente al
goteo -chorreo, ya- de víctimas militares españolas en países
musulmanes, hemos podido ver como la ciudadanía española contraria a la
guerra no ha salido a manifestarse a la calle para protestar por la
presencia española en esos países. Algunos han calificado de incoherente
la postura de quienes anteriormente se mostraron contrarios el envío de
soldados españoles al extranjero y ahora guardan silencio. Sin embargo,
calificar de incoherentes a los líderes del No a la guerra es, en mi
opinión, equivocar el diagnóstico.
Del mismo modo que en la realidad objetiva "no existen las contradicciones" (Ayn Rand), en el ámbito del comportamiento humano no existen las incoherencias. Dejando de lado el caso particular de la locura (pues la incoherencia es justamente el mal que inhabilita al loco), el hombre racional es, por definición, un ser coherente. Se trata de una cuestión de supervivencia: La coherencia proporciona al hombre el criterio con que elige los medios que utiliza para perseguir sus fines. El hombre que carece de coherencia no puede -salvo azarosamente- procurarse los medios correctos para conseguir sus fines. El incoherente es, de este modo, un ser ingobernado que deambula por el mundo hasta despeñarse por el primer acantilado. Lo más probable, cuando creemos observar en una persona cuerda un comportamiento incoherente, es que quizá no estemos sabiendo reconocer el criterio mayor que la gobierna.
Cuando, en 2003, muchos ciudadanos españoles decían manifestarse "contra la guerra y por la paz" a propósito de la Guerra de Irak, el criterio verdadero no podía ser aquel que esgrimían. Basta saber, para comprobarlo, que España está implicada, cuatro años después, en conflictos armados en Afganistán y el Líbano y que ahora no expresan protestas. El criterio de aquellos manifestantes (el slogan, recordemos, era genérico: "No a la guerra"), tiene que ser otro distinto. ¿Cómo saber cuál? Para ello conviene abandonar el plano corto, abrir el zoom y lanzar interrogantes con mayor perspectiva:
¿Qué criterio se mantiene coherente en quienes se manifestaban contra la guerra en 2003 y en 2007 no? ¿Qué criterio se mantiene coherente en quienes, en 2004, exigían saber la verdad sobre un decisivo atentado terrorista y en 2007 no quieren saberla?
Dijo Ayn Rand sobre las contradicciones: "Las contradicciones no existen. Cuando pienses que te encuentras frente a una contradicción, revisa tus premisas. Siempre encontrarás alguna equivocada." Del mismo modo, cabe parafrasearla: Las incoherencias no existen. Cuando creamos estar frente a una incoherencia, revisemos el criterio. Lamentablemente, la mayoría de la gente no está loca.
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Es la subvención, Coscubiela
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
"CCOO pide que las empresas en venta devuelvan la ayuda pública" (El Periódico de Cataluña). No se trata de una medida encaminada a reducir la subvención pública en las empresas privadas. Es la receta que el líder de CC.OO., Joan Coscubiela, propone para evitar que pymes catalanas realicen pelotazos. Hay que acabar, según él, con esa rebaja del 95% en el impuesto de sucesiones que pone en situación de privilegio a esas familias catalanas faltas "de compromiso social" que eligen vender empresas -ventajosamente- heredadas para ganar dinero. Tres cosas:
Primera. La propiedad es el derecho a disponer y gozar de una cosa, lo cual incluye el derecho a regalarla. Si uno no puede regalar una cosa, o puede hacerlo so pena de impuesto, no es realmente propietario de la cosa. No hay que rebajar el impuesto de sucesiones en un 95%. Si el Estado no quiere violar el derecho de propiedad de sus ciudadanos, tiene que rebajar el impuesto al 100%. Y a todos.
Segunda. El empresario persigue su interés personal. En una economía de mercado, al no poder coaccionar al público, el empresario, por su interés, tiene que actuar en beneficio y satisfacción de los miembros de la sociedad. El "bien social" es una consecuencia de la actividad del empresario, no la causa. ("No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés", Adam Smith).
Y tercera. Si tenemos que el empresario es un ser que persigue su interés personal, y que además tiene derecho a regalar su empresa sin que el Estado le castigue, ¿no fue un ingenuo el Estado regalándole una subvención?
¡Es la subvención, Coscubiela!
La coca está en el aire
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Hoy llega a los periódicos la noticia de que España es el país donde se consume más cocaína. Normalmente esta información no me preocuparía lo más mínimo. Dejando de lado que tengo que pagar los costes médicos de los consumidores que se desintoxican a través de la seguridad social y dejando de lado que un mayor consumo de droga aumenta mi probabilidad de toparme por la calle con un consumidor persuasivo que, navaja en mano, me convenza de costearle también la compra de su cocaína, ésta, como digo, es de esa clase de cosas que normalmente no me preocupan lo más mínimo. Allá cada cual con lo que elija introducirse en su cuerpo.
Pero esta vez es distinto. Hay algo en la noticia que debe disparar las alarmas y sumir España en un estado de emergencia nacional. Anuncia El Periódico de Cataluña: "Sanidad responde a la 'epidemia de la coca' con un plan de choque." ¡Epidemia de la coca! ¿Sabían ustedes que nos enfrentamos a una epidemia? Es algo nuevo. Gravísimo. "España se enfrenta a la mayor epidemia de cocaína -dice El Periódico-. El Ministerio de Sanidad anunció ayer un plan de choque hasta el 2010 con un presupuesto de 20 millones de euros para abandonar el liderazgo mundial en el consumo de esta sustancia". ¡Adelante con un multimillonario presupuesto público si es para atajar una epidemia! ¡Detengamos la enfermedad! Neutralicemos las causas ("gran permisividad, bajo precio y gran accesibilidad") ¡Abajo la libertad! ¡Abajo la responsabilidad! ¡Erradiquemos el consumo! Gracias, ministra. La coca está en el aire.
Nueva indignación para un hecho que no es nuevo
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
Estos días hemos podido asistir al espectáculo gratificante de ver como la mayoría de los agentes sociales y políticos de nuestro país condenaban con rotundidad la decisión arbitraria del presidente Hugo Chávez de cerrar Radio Caracas Televisión (RCTV). Reconforta comprobar que nuestro músculo democrático está en tan buena forma cuando se trata de denunciar atropellos a la libertad de expresión.
Ocho años atrás, sin embargo, ante un episodio similar, nuestro músculo manifestó una preocupante atrofia. Los protagonistas del hecho, en ese caso, fueron muy cercanos: Jordi Pujol y la Cadena COPE. ¿Lo desconocían? ¿Creen que exagero? Enumero los datos en paralelo y ustedes valoran:
Los hechos: el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), en Venezuela; el cierre de tres emisoras de la Cadena COPE, en Cataluña (en Barcelona, Tarragona y Manresa). Los promotores de la maniobra: el Presidente de la República, Hugo Chávez, en Venezuela; el Presidente del Gobierno Autonómico, Jordi Pujol, en Cataluña. El mecanismo: la no renovación del permiso de uso del espacio radioeléctrico, en Venezuela; la no renovación de la licencia de emisión, en Cataluña. El argumento esgrimido: por Hugo Chávez en Venezuela: que la cadena privada pretendía establecer una dictadura mediática; por Jordi Pujol en Cataluña: que la emisora privada no usaba bien la libertad de expresión y contaba mentiras.
Al cierre de Radio Caracas Televisión le ha sucedido una ola de protestas callejeras sin precedente, en Venezuela, y de rotunda condena pública en el mundo entero. En Cataluña, por el contrario, apenas pudo oírse entonces alguna queja de los interesados y un ligero reproche de los partidos políticos en la oposición. Afortunadamente, el Tribunal Supremo acabó revocando la decisión político-administrativa de Jordi Pujol y la Cadena COPE continuó emitiendo.
Aunque aquel atropello a la libertad de expresión tuviera un final feliz, conviene recordarlo. Porque del mismo modo que al que miente le falta autoridad para denunciar mentiras, la legitimidad para reprochar el anormal comportamiento democrático de un país extranjero se fundamenta en el -cuando menos- mismo escrúpulo por vigilar los comportamientos democráticos en el propio. No vaya a ser que en lugar de tener un músculo fortalecido después de ocho años de gimnasia constitucional, hayamos tenido todo este tiempo, sin saberlo, unas fibras democráticas con atrofia selectiva.
El director de TV3 y las obligaciones
Por Marc Egea desde http://marcegea.blogspot.com/
El actual director de TV3, Francesc Escribano, publica hoy en El Periódico de Cataluña un artículo en el que justifica la existencia de la Televisión Pública Catalana por la tarea de servicio público que ésta desempeña. Se puede no estar de acuerdo con el argumento del sr. Escribano pero parece indiscutible -por normal- que lo esgrima: Todo empleado tiende siempre a defender la pervivencia de su puesto de trabajo. Lo que resulta menos normal es que el máximo dirigente de una empresa pública arremeta contra las empresas competidoras (privadas) de su sector por no sumarse a la misión de servicio público, léase en este caso -en palabras del director de TV3-: a la tarea de "mejorar nuestro nivel cultural, orientar nuestro sistema de valores y cimentar el espíritu democrático."
No discuto la bondad de estos objetivos. Pero mi pregunta es: ¿Por qué iban a tener que desempeñar semejante tarea las televisiones privadas? El sr. Escribano tiene la respuesta: Porque a ello les obliga el origen público de su financiación, igual que a la televisión pública. "¿Quién dijo que las televisiones privadas no nos cuestan nada?", proclama el director de TV3, "Si se sufragan con la publicidad, lo hacen, indirectamente, con nuestro dinero. Por esa razón, y por la importancia de la función social que cumplen, deberían asumir muchas más responsabilidades públicas de las que actualmente tienen." Brillante razonamiento. ¿O acaso usted no sabía -proclamo yo- que El Corte Inglés nos obliga a comprar las camisas con cuyos ingresos luego inserta anuncios en las televisiones privadas?
¿Y qué tipo de nobles responsabilidades son esas que, en opinión de Francesc Escribano, deberían asumir las televisiones privadas para fomentar la mejora de nuestro nivel cultural, la orientación de nuestro sistema de valores y la consolidación del espíritu democrático? La primera de todas -y supongo que por ello la más importante-, según el director de TV3: tener alguna "obligación para con las lenguas oficiales que no sean el castellano." ¡Está claro! Si a usted le parece que esta "responsabilidad" no conduce necesariamente a la mejora de nuestro nivel cultural, orientación de nuestro sistema de valores y consolidación del espíritu democrático es que usted probablemente es de esa clase de personas que aún cree que puede comprar las camisas donde quiera. Irresponsable.
